La Guardia Civil ha practicado nueve detenciones e diciembre del 2014 en el marco de la operación Almenas, que investiga a una empresa de contabilidad por un presunto fraude, y con la que diversos consistorios de Cuenca contrataron servicios, si bien de los nueve arrestados, 7 han quedado libres, 3 de ellos con medidas cautelares.
Entre los detenidos se encuentran el alcalde de Puebla de Almenara y el secretario del Ayuntamiento que fue registrado.
En la operación se investigan supuestos delitos contra la Administración Pública, blanqueo de capitales y falsificación de documentos que afecta al ámbito de la Administración Local, según ha informado hoy en una nota el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJ-CLM).
De los nueve arrestados, tres personas, A.C.P., G.L.M. y M.C.L.R., fueron puestos ayer a disposición judicial y han quedado en libertad con medidas cautelares. Tienen que comparecer los días 1 y 15 de cada mes y cuantas veces sean requeridos en sede judicial, según el TSJ-CLM.
A estas tres personas se les arrestó después de registrar sus domicilios y empresas. El alcalde, Luis Miguel Bustos (PSOE), gobierna en esta localidad desde el año 2007.
- Partido/Org: PSOE
- Lugar: Castilla La Mancha
- Coste aprox.: 0 €
- Total implicados: 9
- Año de los hechos: 2012
- Estado judicial: Abierto
- Situación Judicial: Imputado
- Delito: Prevaricación y malversación
- Cargo: Alcalde de Puebla de Almenara
Es el alcalde de Puebla de Almenara desde 2007 y en las elecciones del 2015 volvió a encabezar la lista municipal del PSOE. En diciembre del 2014 fue detenido en el marco de la Operación Almenas, y posteriormente puesto en libertad con cargos que mantiene. Según la Policía Judicial de la Guardia Civil estaría implicado en una supuesta trama y estaría "permitiendo y encubriendo en unos casos e impulsando en otros" irregularidades cometidas en el Ayuntamiento.
Los agentes detectaron una diferencia de más de 97.000 euros entre sus ingresos reales y los declarados en el IRPF entre 2008 y 2012. Por otro lado, apunta la comisión de un presunto de prevaricación por nombrar a un secretario-interventor que no estaría habilitado para ello. De las investigaciones también se desprende que habría encargado trabajos de manera arbitraria a un concejal de su equipo de Gobierno, que además los habría hecho con una maquinaría que no contaba con la documentación necesaria.
El informe remitido al Juzgado también presume su participación en un presunto delito de malversación por el pago de sobresueldos en dinero negro en su Ayuntamiento. La Guardia Civil también dice que "es obvio" que se han emitido facturas falsas y le reprocha un presunto delito de omisión del deber de perseguir delitos cometidos por cargos públicos.
A lo largo de la investigación también se ha constatado la existencia de pagos sin obrar facturas que los justificasen "siendo amparados posteriormente con facturas falsas por trabajos posiblemente no realizados a personas sin relación laboral con el Ayuntamiento".
- Situación Judicial: Imputado
- Delito: Prevaricación y malversación
- Cargo: Trabajador del Ayuntamiento de Puebla de Almenara
Trabajador del Ayuntamiento de Puebla de Almenara desde 1999, ejerció como secretario-interventor sin contar con las acreditaciones necesarias, según la Policía Judicial. Habría sido uno de los presuntos perceptores de los sobresueldos en negro, siempre según la investigación, que también recibió su mujer.
Se le habrían transferido, al menos, 8.842 euros desde las cuentas de su Ayuntamiento a las de su núcleo familiar. También se le atribuyen ingresos injustificados que se realizan mediante ingresos en metálico "usando técnicas de blanqueo de capitales" por un importe de 36.545 euros.
- Situación Judicial: Imputado
- Delito: Prevaricación y malversación
- Cargo: Secretaria-interventora en el Ayuntamiento
Secretaria-interventora en el Ayuntamiento, cargo en el que sustituyó a Vicente Fernández Carrasco. Fue jefa de gabinete de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente cuando José Luis Martínez Guijarro era el titular y ha desempeñado cargos como delegada provincial de Cultura, de Empelo y concejal en el Ayuntamiento de Cuenca, todos ellos con gobiernos del PSOE, partido a cuya Ejecutiva autonómica perteneció.
La Policía Judicial señala que habría mantenido el pago de sobresueldos en negro. La Guardia Civil también afirma que tenía conocimiento de ausencia de facturas justificativas de las transferencias ya realizadas, y dela posterior presentación de facturación falsa, por parte de uno de los empresarios relacionados con la trama, José Antonio Canorea.
- Situación Judicial: Imputado
- Delito: Prevaricación y malversación
- Cargo: Concejal del Ayuntamiento de Puebla de Almenara
Concejal del Ayuntamiento de Puebla de Almenara y figura como número 4 en la lista que el PSOE presenta a las municipales, justo en el puesto que marca la victoria y de la mayoría absoluta. Según la Policía Judicial, "se habría prevalecido de la relación personal o jerárquica" con Luis Miguel Bustos y de su cargo de concejal para "realizar trabajos para el Ayuntamiento o al menos percibiendo remuneración" y generándole un beneficio económico directo para sí mismo.
Además, considera la Guardia Civil en sus informes que sacó beneficio de una pala excavadora de su propiedad que carecía de requisitos como la ITV y del seguro obligatorio. La Policía Judicial considera que esta forma de actuar fue en detrimento de otras mercantiles que sí cumplían las formalidades que exige la ley en materia fiscal, laboral y de contratación pública.
- Situación Judicial: Imputado
- Delito: Prevaricación y malversación
- Cargo: Trabajadora del Ayuntamiento
Mujer de Vicente Fernández Carrasco y también trabajadora del Ayuntamiento. Habría sido otra de las presuntas destinatarias de los sobresueldos en negro.
- Situación Judicial: Imputado
- Delito: Prevaricación y malversación
- Cargo: Empresario
Es uno de los empresarios presuntamente implicados en la trama principal de la Operación Almenas, que investiga presuntas actividades ilícitas realizadas por parte de funcionarios públicos de varias administraciones en conjunción con funcionarios, los cuales pudieran haber simulado un entramado empresarial ficticio para justificar distintas transferencias con motivos de numerosas adjudicaciones de contratación administrativa procedentes de ayuntamientos de Cuenca y Albacete.
Según los informes policiales, una factura que presentó él en el Ayuntamiento de Puebla de Almenara, y que sería una falsificación, fue el origen de la investigación policial. En los hechos también estarían implicados exsecretarios y responsables empresariales como María Dolores García Yuste, Antonia Yuste García y Cristina Alcocer Jarabo.
