La Fiscalía Anticorrupción ha archivado la denuncia contra la presidenta del PP de Santa Cruz de Tenerife, Cristina Tavío, por la presunta financiación ilegal de esa formación y que presentó, hace un año, el colectivo de abogados Justicia y Sociedad. La fiscal no ve indicios de delito en un caso conocido como el Bragasgate, llamado así porque entre las facturas que el PP presentó para justificar sus gastos en el Ayuntamiento de los años 2003 a 2007 se incluían compras de lencería.
El Bragasgate se destapó en el verano de 2010 por un informe del interventor del Ayuntamiento, en el que se evaluaba la aportación municipal al PP y la justificación de gastos durante la legislatura 2003-2007, cuando gobernó con Coalición Canaria. El documento detallaba facturas que no tenían que ver con la actividad del Grupo Popular. Sumaban casi 160.000 euros e incluían circuitos termales, joyas o cientos de euros en bebidas alcohólicas.
El portavoz de Justicia y Sociedad, José Pérez Ventura, recuerda que Tavío y el secretario regional del PP, Manuel Fernández, "reconocieron" que el Grupo Popular usó el dinero que recibía de las arcas locales para financiar el partido y que, como esto no estaba permitido por la legislación vigente en aquellos años, "metían las manos en el bolsillo y aportaban facturas personales para justificar la asignación al grupo".
Estos hechos ya habían superado una auditoría del Tribunal de Cuentas, que no detectó irregularidades. No obstante, el colectivo de abogados estudia presentar una nueva denuncia, ahora en el Juzgado de Instrucción, por un presunto delito de malversación de caudales públicos.
Cristina Tavío, diputada canaria del PP, publicaba el martes un tweet en relación a las últimas cifras de la afiliación a la Seguridad Social: “Seguimos creando #EmPPleo. Detrás de éstas cifras claro que hay personas”. Su tuit recibió la respuesta de otro usuario, que aludía al sueldo precario de los trabajadores a media jornada: “Sí, cobrando 340? al mes con media jornada. ¿Se mantiene así a una familia?”. Este tweet fue respondido por la diputada diciendo: “Por ahí se empieza”.
Pues bien, según se encarga de recordar Elplural, Tavío estuvo en el centro de una investigación de la Fiscalía Anticorrupción que se dio en llamar Bragasgate, allá por el verano de 2010: el PP presentó facturas por valor de casi 160.000 euros en las que se incluyeron muchas que nada tenían que ver con actividades del grupo municipal: bebidas alcohólicas, circuitos termales, joyas y ropa interior.
Según los denunciantes, Tavío y su secretario regional en el partido habían reconocido públicamente “que el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Santa Cruz utilizó el dinero que recibía de las arcas municipales para financiar el partido y que, como esto no estaba permitido por la legislación vigente en aquellos años, ‘metían las manos en el bolsillo y aportaban facturas personales para justificar la asignación al grupo’”.
La diputada, que se define como liberal en Twitter, hizo frente a la polémica asegurando que la factura que dio nombre al caso “no era de bragas, sino de ropa interior masculina”. Según el informe del interventor municipal los cinco concejales del Partido Popular en Santa Cruz de Tenerife liderados por Tavío gastaron hasta 640.000 euros del Ayuntamiento, pero cuando tuvieron que justificar esa cantidad solo lo hicieron por valor de 153.138,17 euros.