La Fiscalía Provincial de Madrid ha remitido a los juzgados una denuncia contra 8 miembros de la anterior Corporación municipal de Colmenar Viejo y dos técnicos, acusándoles de prevaricación por «dejar de ejercer funciones públicas» para «favorecer a determinados arquitectos que han estado desarrollando encargos municipales en dicho municipio» entre 2006 y 2014, según reza el documento, al que ha accedido este periódico.
Los denunciados, para los que la Fiscalía solicitó su declaración en calidad de «investigados» (la nueva denominación para los antiguos imputados), son los dos anteriores alcaldes de la localidad, Miguel Ángel Santamaría y José María de Federico, la segunda teniente de alcalde, Antonia García, y dos concejales electos actuales: César de la Serna y Ana Belén Colmenarejo, todo ellos del Partido Popular. La declaraciones de siete de ellos se produjeron esta misma semana. Santamaría no ha sido notificado aún, según el Ayuntamiento.
Varios de ellos, singularmente los dos ex alcaldes, se hallan ya procesados por prevaricación urbanística en otro proceso que se halla actualmente a la espera de juicio. Santamaría tuvo que dimitir y dejar el cargo de alcalde y también el de asesor del Centro de Asuntos Taurinos, institución dependiente de la Comunidad de Madrid, a raíz de estos hechos. En dicho procedimiento se ha procesado por prevaricación nada menos que a las dos anteriores corporaciones municipales de Colmenar Viejo.
La denuncia actual, validada y enviada al juez por la sección de Medio Ambiente de la Fiscalía Provincial, proviene de una arquitecta municipal y se refiere a varias actuaciones del Ayuntamiento contra los informes técnicos en algunos casos, y dejando de ejercer sus potestades sancionadoras en otros, a sabiendas de la ilicitud de sus actos.
En varios casos, la denunciante hizo mención expresa de las irregularidades a la segunda teniente de alcalde, Antonia García, sin que el Consistorio operara para ejercer su potestad sancionadora. Por ejemplo, en una de las obras referidas, según consta en la denuncia de Fiscalía, se validó una obra en una vivienda que superaba las alturas permitidas por la ley, con el informe desfavorable de los técnicos. En otra se permitió que una fachada de una casa fuera reformada en ladrillo y no en piedra, desoyendo de nuevo las denuncias verbales de los técnicos. Así hasta en siete ocasiones, asegura la denunciante, y siempre para favorecer a arquitectos con trabajo habitual en la zona de Colmenar.