Un juzgado de San Sebastián ha citado a declarar como investigados por un presunto delito de prevaricación al exdiputado de Hacienda de Gipuzkoa Pello González y al exdirector de Hacienda Pedro María Ruíz de Azua por la condonación a la Real Sociedad de una sanción tributaria de 6,4 millones de euros.
La titular del Juzgado de Instrucción número 5 de San Sebastián investiga la querella interpuesta en 2015 por el expresidente de la Real Sociedad Iñaki Badiola, quien denunció a estos dos cargos y al diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, al exdiputado de Deportes Iñaki Galdos y a otro antiguo alto cargo del Departamento de Hacienda, Coro Pereiro Zabala.
La querella se refería a la condonación a la Real Sociedad de una sanción tributaria de 6,4 millones de euros en 2009, durante la primera legislatura en la que Markel Olano (PNV) presidió la Diputación de Gipuzkoa, en coalición con Hamaikabat, la escisión de EA que por aquel entonces dirigía el departamento de Hacienda.En marzo de 2016 la juez admitió a trámite la querella e impuso a Badiola una fianza de 80.000 euros para continuar con el procedimiento, aunque el expresidente de la Real la recurrió y finalmente esta cantidad se rebajó a 20.000 euros. Badiola ha satisfecho esta fianza a través de un aval bancario, tras lo que, el pasado 8 de agosto, la juez emitió un auto en el que cita a declarar para el próximo 3 de octubre a los dos máximos responsables de Hacienda cuando ocurrieron los hechos, Pello González y Pedro María Ruiz de Azua.
La juez les tomará declaración "en calidad de investigados por un presunto delito de prevaricación", según detalla en el auto, al que ha tenido acceso EFE.
El juzgado ha requerido además a la Diputación de Gipuzkoa el expediente tributario completo sobre la inspección a la que sometió a la Real Sociedad, toda la documentación sobre la regularización de su situación fiscal y también sobre la condonación de las deudas al club, entre otros documentos.
En su auto, la juez explica que "una vez recibida la documental", tomará una decisión sobre "la posible responsabilidad de los otros querellados", entre los que se encuentra el actual máximo mandatario de Gipuzkoa, Markel Olano.
Fuentes de la Diputación de Gipuzkoa consultadas por EFE han explicado que, "ante las graves acusaciones vertidas contra su personal técnico y responsables", la institución foral ha decidido personarse en la causa para "asumir la defensa de las decisiones adoptadas en su día por la propia Diputación".