La investigación de la Audiencia Nacional analiza la existencia de una presunta organización que habría intentado obstaculizar investigaciones judiciales y policiales que afectaban al PSOE y al entorno del Gobierno. Según el juez instructor, la trama habría utilizado pagos, campañas de desprestigio, obtención de información reservada, presiones sobre investigadores y facturación presuntamente irregular para interferir en procedimientos penales en curso.
A diferencia de otros casos de corrupción centrados en la apropiación de dinero público, el núcleo del caso Leire es la presunta obstrucción de la justicia y el tráfico de influencias, aunque también se investigan pagos y posibles falsedades documentales.
Secretario de Organización del PSOE entre 2021 y 2025, dejó el cargo y el escaño tras publicarse su presunta vinculación con el caso Koldo. Pasó casi cinco meses en prisión y está investigado en esa causa por presuntos delitos de integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias.
En su día admitió que se había reunido dos veces en 2024 con Leire Díez y con el empresario Javier Pérez Dolset, quienes le informaron de audios del excomisario José Manuel Villarejo acerca de las saunas del suegro del presidente del Gobierno.
De acuerdo con el auto judicial, la presunta organización se reunió al menos 22 veces en la sede del PSOE de Ferraz y Cerdán y Leire Díez se vieron al menos 17 veces más en otras localizaciones.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha imputado a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González Fernández, y al director adjunto operativo (DAO), Manuel Llamas, en el caso Leire, que investiga una presunta trama para "desestabilizar" determinadas causas judiciales que afectan al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez.
Abandonó el PSOE el 3 junio de 2025 tras ser citada en la sede de Ferraz para explicar unos audios en los que se le escuchaba pedir información comprometedora sobre miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Según el auto, presuntamente formaba parte de una trama junto al entonces secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán para «obstaculizar de forma sistemática y continuada» procedimientos judiciales o actuaciones policiales que pudieran perjudicar al PSOE o al Gobierno.
Díez, que siempre ha dicho que realizaba una labor periodística de investigación, fue concejala socialista en Vega del Pas (Cantabria) entre 2011 y 2015, jefa de comunicación en la empresa pública Enusa entre 2018 y 2021 y directora de Filatelia y Relaciones Institucionales en Correos entre 2022 y 2024.
Empresario vinculado al sector tecnológico y de contenidos digitales, en 2017 fue detenido y la Audiencia Nacional le investiga por delitos como insolvencia punible, administración desleal, fraude en subvenciones y tráfico de influencias.
Ha reconocido que ha colaborado con Leire Díez en diversas investigaciones y el auto recoge varias reuniones de ambos, entre ellas la primera cita que mantuvieron en la sede del PSOE en 2024.
Según el juez, el PSOE llegó a abonarle un viaje a Zaragoza con el objetivo de mantener una reunión acompañado de Díez.
Exdirigente del PSOE andaluz, desempeñó cargos destacados en la Junta de Andalucía, fue secretario de Estado y diputado y renunció al acta en 2015, cuando el Supremo solicitó el suplicatorio para investigarlo en el caso de los ERES.
Condenado a 9 años de inhabilitación por prevaricación, el Constitucional admitió su recurso de amparo y anuló esa condena en 2024 y ordenó dictar una nueva sentencia.
En su día declaró que contrató a Leire Díez en 2024 para indagar en la posible relación del excomisario José Villarejo con el procedimiento de los ERE y sostuvo que el PSOE no tuvo relación con esa contratación; el auto de Pedraz apunta a que se utilizó una sociedad suya para canalizar cuatro pagos de 4.000 euros del PSOE a Díez.
Gerente del PSOE desde 2021, antes fue responsable de la oficina de cumplimiento normativo del partido y diputada por Málaga, entre otros cargos.
Pedraz ve indicios de su responsabilidad, al menos como cómplice, en la comisión de los delitos que investiga y, en todo caso, aprecia un posible delito de falsedad en documento mercantil por la emisión de facturas «mendaces» que permitían transferir fondos a Díez.
En junio de 2025 Pedro Sánchez la incorporó al equipo provisional que asumió la Secretaría de Organización del partido tras la salida de Santos Cerdán y este miércoles, desde Roma, el presidente del Gobierno ha asegurado que «ha llevado las cuentas de manera escrupulosa del PSOE».
Letrado de parte de los implicados, en el auto aparece como otro de los vehículos para pagar 27.225 euros a Díez, recurriendo a dos sociedades que administra, Estudio jurídico Loliver & Partners y Oliver Gruppe.
Se reseña que es también abogado del exviceministro de Energía venezolano Nervis Villalobos, investigado en España, y cómo presuntamente intentó junto a Leire Díez condicionar la actuación del fiscal Anticorrupción José Grinda.