Casi una década después, los tribunales dan la razón a las informaciones de EL MUNDO sobre las irregularidades en el polémico incentivo de casi 10,1 millones de euros que en 2009 el entonces presidente del Gobierno andaluz, el socialista Manuel Chaves, concedió a la empresa Minas de Aguas Teñidas, Matsa, en la que trabaja su hija Paula Chaves, ahora como directora de la Asesoría Jurídica, Relaciones Institucionales y Comunicación de esta sociedad.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) acaba de fallar contra Matsa en una sentencia en la que condena a la empresa minera a devolver a la Junta el incentivo de 10,1 millones de euros más los intereses legales acumulados (la suma total podría rondar los 16 millones) por las irregularidades descubiertas en la concesión de la ayuda, según pudo confirmar este diario.
El 20 de enero de 2009, el entonces presidente de la Junta, Chaves votó en el Consejo de Gobierno que presidía a favor de la ratificación de la ayuda para la empresa que fichó a su hija Paula en julio de 2007, antes de pedir el incentivo. A los tres meses de avalar esta subvención, Chaves dejó el Ejecutivo andaluz, tras 19 años en la Presidencia.
Precisamente ahora, el ex presidente del Ejecutivo andaluz está siendo enjuiciado, junto a otros 21 ex altos cargos, en la Audiencia de Sevilla por los ERE. La Fiscalía Anticorrupción, que eleva el botín de los ERE a 741 millones de euros, pide para él 10 años de inhabilitación por prevaricación.
La clave de la sentencia sobre Matsa de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJA es que el Gobierno andaluz subvencionó un proyecto ya iniciado, algo totalmente prohibido por la ley. De esta forma, la Justicia da la razón a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA), que el pasado 14 de enero de 2014 -durante la etapa del bipartito presidido por Susana Díaz con el apoyo de Izquierda Unida- solicitó a Matsa el reintegro de la totalidad del incentivo más los intereses acumulados. En esa fecha, la suma ascendía a 11.832.868,40 euros.
Los argumentos de la sentencia del TSJA para condenar a Matsa a devolver la ayuda -que inició el proyecto antes de pedir la ayuda, en contra de la ley- son los mismos que utilizó el PP para cuestionar la subvención de Chaves a la mina apoderada por su hija. Y son los mismos que también esgrimió el último Gobierno de Rodríguez Zapatero para denegarles la ayuda al proyecto.
Pese a que los incumplimientos eran de sobra conocidos, tal y como este diario ha venido informando durante estos años, Minas de Aguas Teñidas cobró los 10,1 millones de euros en tiempo récord, ya que el incentivo fue concedido en enero de 2009 y el 4 de junio de 2010 la Administración se lo pagó.
La Unión Europea (UE) exige, con carácter general, que las empresas no inicien los proyectos antes de la presentación de la solicitud de ayuda. Es el conocido como «efecto incentivador» que persigue el cambio de conducta del sujeto que recibe el incentivo. Esta exigencia de la UE se refleja en las órdenes reguladoras de cada una de las subvenciones, ya sean del Gobierno o de la Junta de Andalucía.
El 24 de abril de 2008, el Ministerio de Industria, entonces dirigido por Miguel Sebastián, rechazó incentivar la construcción de la planta de tratamiento mineral de Matsa porque había solicitado la subvención estando ya iniciado el proyecto. Lo ratificó el propio Sebastián en la sesión de control al Gobierno celebrada en el Congreso de los Diputados el 17 de junio de 2009.
La solicitud de Matsa al Ministerio tuvo entrada el 20 de julio de 2007, justo el mes en que Paula Chaves empezó a trabajar en la firma minera. Si el Gobierno de Zapatero confirmó que antes de esa fecha el proyecto de Matsa estaba iniciado, también tenía que estarlo tres meses más tarde, el 11 de octubre de 2007, que es cuando Matsa pidió la ayuda para el mismo proyecto a la Junta bajo la presidencia de Chaves, que finalmente va a tener que reintegrar.