La Fiscalía ha reclamado sin éxito este viernes que el Partido Popular no sea juzgado por la destrucción de los ordenadores de Luis Bárcenas. En la primera sesión del juicio, el Ministerio Público ha solicitado sacar del procedimiento al partido político en aplicación de la doctrina Botín, alegando que las acusaciones populares no pueden sentarle en el banquillo por el delito que le atribuyen, el de daños informáticos, desde el momento en el que el perjudicado, Bárcenas, renunció a la acusación.
En la misma sesión, el magistrado que enjuicia los hechos ha rechazado resolver ahora la petición y ha remitido a la sentencia. Eso supone que el PP no esquivará el banquillo y será juzgado como persona jurídica.
El juez de lo penal número 31 de Madris ha considerado que «es mejor que se celebre el juicio» con el PP como acusado, teniendo en cuenta que la cuestión de fondo es discutible y la Audiencia Provincial de Madrid, que se encargará de resolver los posibles recursos del fallo, podría tomar una decisión contraria a la del juez. Ante la duda, el juez prefiere mantener al PP en el banquillo.
Además del PP, los acusados son la antigua tesorera de la formación Carmen Navarro, el antiguo director del sistema informático José Manuel Romero y el que fuera responsable de los servicios jurídicos Alberto Durán. Los tres están acusados, además del delito de daños, también de encubrimiento, un delito contra la administración de justicia que no se puede atribuir por ley a una persona jurídica como es el PP.
La vista ha comenzado este viernes con las cuestiones de forma, las impugnaciones formales con las que las partes buscan anular el caso, un parte, o proponer nuevas pruebas. El juicio continuará el próximo jueves, sesión en la que serán interrogados los cuatro acusados y en la que comparecerán testigos clave como Bárcenas y María Dolores de Cospedal.
El juez ha decidido este viernes que Bárcenas comparecerá en persona en el juicio y no declarará por videoconferencia, como él mismo había solicitado. El magistrado ha explicado que, si hay alguna parte que lo pide, siempre es mejor una declaración en persona, pues refuerza la inmediación. La Fiscalía no apreció ninguna razón para que Bárcenas no declare en persona.
El testimonio del extesorero (ahora en prisión, condenado por la primera era de la trama Gürtel),se antoja decisivo, al ser el que conoce de primera mano lo que había en los ordenadores destruidos. Las acusaciones tampoco confían mucho en lo que pueda revelar, sin embargo, puesto que renunció a la acusación a pesar de iniciar el caso.
Entre las cuestiones abordadas en la primera sesión también ha estado la retransmisión del juicio, una opción que ha vuelto a rechazar el juez. El magistrado ha invocado un supuesto efecto «estigmatizador» de la televisión y ha alegado que esa decisión dañaría el derecho a la imagen de algunos acusados que no son conocidos por la ciudadanía. Ha añadido que el derecho a la información no se impide, por la presencia de los reporteros de tribunales que cubren el juicio, aunque ha reconocido que la retransmisión otorgaría un conocimiento más preciso a los ciudadanos. Las acusación solicitaron que se permitiera entrar a las cámaras y alegaron la «trascendencia social del caso».
En esta causa, el magistrado deberá resolver si los antiguos responsables del PP y el propio partido delinquieron al ordenar la destrucción de los ordenadores de Bárcenas, en plena investigación de la caja B de la formación, por el método «más drástico, el de sobreescritura de 35 pasadas y de rallado hasta su destrucción física».
También investigada en el caso Taula