La corrupción no deja de ser corrupción por pequeña que sea la cantidad de dinero público defraudada. La senadora del PP y exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro declara como imputada mañana en el Tribunal Supremo por la supuesta malversación de 4.840 euros del Consistorio para mejorar su imagen pública en Internet. Su compañero de partido Pedro Antonio Sánchez renunció a la presidencia de Murcia tras descubrirse que presuntamente maniobraba para gastar 32.200 en ocultar las numerosas noticias negativas sobre él en la red.
Otros 13 cargos públicos del PP han visto como el caso Púnica truncaba sus carreras o amenaza con hacerlo por irregularidades en la financiación de trabajos de reputación online. En ningún caso, excepto el de la exconsejera madrileña de Educación Lucía Figar, el desvío de fondos públicos superaba individualmente las cinco cifras. Siete de ellos están imputados o procesados. Los ocho restantes han aparecido en informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que desentrañan los amaños para pagar por estos trabajos al experto informático Alejandro de Pedro y a su socio, el exalcalde socialista de Cartagena José Antonio Alonso.
En Madrid, son cinco los cargos públicos salpicados. Tres están ya imputados: el exvicepresidente regional Salvador Victoria, la exconsejera Lucía Figar y el alcalde de Valdemoro hasta su detención en octubre de 2014, José Carlos Boza Lechuga. Victoria está acusado de conseguir que empresas adjudicatarias de contratos públicos pagaran a De Pedro por su trabajo para minimizar los daños en la imagen del entonces presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, por las noticias sobre su ático en la Costa del Sol.
Sobre Figar, la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción han incorporado recientemente al sumario informes en los que elevan de 81.000 a 122.000 euros la cantidad supuestamente desviada por ella y su equipo. Una empleada de De Pedro aseguró al juez que ocultar en Internet las noticias sobre el cheque guardería que se autoconcedió fue “un hueso” al que dedicaron muchas horas.
En Madrid también están bajo sospecha por estas prácticas —aunque no están imputados— Ignacio González y el exconsejero de Medio Ambiente Borja Sarasola. Un reciente informe de la UCO sobre los trabajos de De Pedro con políticos madrileños revela que la trama intentó mejorar la reputación de ambos, además de las de Esperanza Aguirre y el actual diputado autonómico del PP José Manuel Berzal cuando era concejal del Ayuntamiento de Madrid. El documento implica a González y Sarasola en las supuestas irregularidades que permitieron que los servicios para mejorar la imagen en Internet de todos ellos se pagaran con fondos públicos.
En diciembre de 2014, la Fiscalía solicitó, por la condición de aforada de Figar, al Tribunal Superior de Justicia de Madrid la admisión de una querella por prevaricación. En junio de 2015, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco la llamó a declarar como imputada dentro de la investigación de la Operación Púnica. Se le acusa de contratar con el empresario Alejandro de Pedro por 80 000 euros para financiar distintas campañas de apoyo a su acción de gobierno, por ejemplo, la gestión de su blog personal.
El 4 de junio de 2015, Lucía Figar dimitió de su cargo de consejera de Educación, Juventud y Deportes de la Comunidad de Madrid, tras haber sido imputada en el caso Púnica.
Consejero delegado de la Agencia de informática y comunicación de la Comunidad de Madrid, participa en la trama de facturas falsas que se emplean para pagar los trabajos, realizados por el empresario Alejandro de Pedro, de reputación de altos cargos de la Comunidad de Madrid, y que se pagan con facturas de una empresa adjudicataria de un contrato de su Agencia, incurriendo presuntamente en los delitos de malversación, falsedad documental, cohecho y fraude.
Investigada por tramitar contratos con dinero público a través de la red Púnica para mejorar la reputación en redes de altos cargos del Gobierno regional, entre ellos, Salvador Victoria e Ignacio González.