El Juzgado de Instrucción 2 de Valladolid ha cerrado la instrucción de la trama por las presuntas irregularidades en la compra del edificio de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda, conocido como la 'Perla Negra' y de los terrenos para el polígono de Portillo, ambos en Valladolid, con la imputación de doce personas, entre la que se encuentra la excúpula de la Consejería de Economía y Empleo de le Junta de Castilla y León y seis empresarios.
En un auto, el titular del Juzgado de Instrucción número 2, César Gil Margareto, mantiene la imputación sobre los exviceconsejeros de Economía y Empleo, Rafael Delgado y Begoña Hernández. Además, dentro de la excúpula de la Consejería de Economía, también mantiene las acusaciones sobre Juan Carlos Sacristán Gómez, quien fuera consejero delegado de Gesturcal-ADE Parques; Salvador Molina Martín, director gerente de Gesturcal y director general de Proyectos de Polígonos Industriales; Francisco Armero, director financiero de ADE Parques y Gesturcal, y Alberto Esgueva, director de la División de Internalización de ADE. Cabe recordar que este caso afectó al que fuera consejero de Economía y Empleo y vicepresidente de la Junta, Tomás Villanueva, fallecido repentinamente en 2017.
La decisión judicial también imputa a los empresarios responsables de Urban Proyecta Luis Antonio Recio García, Ángel Román Montes López y Germán José Martín Giraldo, empresa con la que la Junta suscribió el contrato, primero de arrendamiento y luego de compra, del edificio de Arroyo, así como a Alberto Esgueva , exsocio de Rafael Delgado, y a su hermano Francisco.
En el mismo auto, el juez dicta el sobreseimiento de la causa respecto de José Rodríguez-Sanz Pastor, Pilar Manteca Barrio, Jesús Jiménez Miguel, Luis María García Clérigo y Jesús Rodríguez Recio.
El juez argumenta que el equipo del entonces consejero Villanueva actuó en connivencia con Urban Proyecta, para la compra del edificio de Arroyo, como con Parque Empresarial de Portillo en la compra de terrenos para un polígono que nunca llegó a construirse.
La lista de delitos
El juez atribuye a los imputados los delitos de revelación de secretos, tráfico de influencias, prevaricación, fraude a la administración, malversación y cohecho. En el auto se distinguen los hechos relacionados con el edificio de Arroyo de la Encomienda y los relacionados con el parque empresarial de Portillo.
En la compra del edificio de Arroyo, asegura que Urban Proyecta contó con información "privilegiada" facilitada por los altos cargos de la Consejería de Economía y Empleo. Además, indica que, tras la firma de dos contratos de arrendamiento, finalmente se firma un contrato de compra por un precio muy superior al barajado en la opción de compra primera.
En este sentido, el juez reprocha que no consten informes de control financiero realizados por la Intervención General de la Comunidad Autónoma que analicen la gestión del Área de Contratación de la ADE como ente integrante de la administración institucional, ni informes de control de la eficacia realizados por la Consejería de Economía, ni tampoco informe favorable de la Consejería de Hacienda a la operación.
En el caso de los terrenos de Portillos, el juez asegura en el auto que la operación se realizó por decisión unilateral de Rafael Delgado y Begoña Hernández para "favorecimiento" de las empresas relacionadas directa o indirectamente con Delgado, con Urban Proyecta y con Alberto Esgueva. Además, se asegura que "fue una operación que además de tener aspectos de ilegalidad no se ajustó a los principios de responsabilidad en la gestión ni de eficiencia o eficacia suponiendo un mayor endeudamiento para Ade Parques en contra del principio de estabilidad financiera". En este sentido, también se asegura que la utilización de personas jurídicas interpuestas en las operaciones encareció las mismas sin aportar valor añadido alguno.
En el auto, se solicita al Ministerio Fiscal y, en su caso, a las acusaciones particulares personadas en la causa, para que en el plazo común de diez días, soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias.
Tomás Villanueva, exconsejero de Economía entre 2003 y 2015 y presidente del PP en Valladolid durante 15 años, tendrá que declarar ante el juzgado que instruye la causa en la que se investigan posibles sobrecostes abonados por la Junta en la adquisición del edificio de Arroyo conocido como la 'Perla Negra', los terrenos para la promoción de un polígono en Portillo y el alquiler de un edificio en Bruselas.
La Fiscalía, en un escrito remitido recientemente al juez que instruye el caso, le imputa hasta cinco delitos; prevaricación, trafico de influencias, malversación, fraude a la administración y revelación de secretos, sin que sea descartable la comisión de otros dos a juicio del ministerio público: cohecho y posible blanqueo de capitales.
De esta manera, el Ministerio Público ha solicitado al juez instructor que se prorrogue el tiempo dedicado a la investigaciones de esta causa ya que aún falta por completarse. En el escrito dirigido al juez es donde puede leerse la imputación que afectaría directamente a Tomas Villanueva. Falta ahora conocer la fecha designada por el juez para que quien fuera vicepresidente de la Junta comparezca en sede judicial.
También implicado en el Caso Eólica Valladolid.
Condenado a 12 años de prisión, multa de 39 millones de euros e indemnización de 3,2 millones por fraude a la Hacienda Pública durante los ejercicios 2005 y 2006, por el Impuesto de Sociedades y del IVA.
Actualmente director territorial de Valladolid en ADE Inversiones y Servicios
Desde el puesto que ocupó en ADE dio luz verde al pago de 4,4 millones por el amueblamiento de la 'Perla Negra', importe abonado a la empresa Unifica, la misma que había reformado la sede del PP en Génova.
Presunta intervención en el alquiler del edificio de Arroyo, su posterior compra, autorizar pagos indebidos por obras y carga financiera en el mismo, así como en las operaciones de compra de los terrenos de Portillo
También implicado en el Caso Eólica Valladolid.