El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia que, hace ahora un año, condenó al exalcalde de Torre Pachecho, Daniel Garcia, y a los exconcejales José Saura y Santiago Meroño por la adjudicación a dedo de contratos por importe total de 776.500 euros.
La sentencia del Alto Tribunal confirma en su integridad la resolución de la Audiencia, que condenó también por los mismos hechos al arquitecto Francisco Cavas y al exinterventor municipal Miguel Pérez y rechaza los recursos de casación presentados por todos ellos.
El TS confirma que los acusados participaron en distintas operaciones tendentes a evitar la pública concurrencia en los contratos municipales con el fin de que los mismos fueran adjudicados directamente a la mercantil "P.A., S.L.", de la que Cavas era administrador único y representante legal.
La Audiencia, en la sentencia que ahora se ve ratificada por el TS, condenó, en todos los casos, como autores de un delito de prevaricación, a Daniel García, José Saura y Santiago Meroño a diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
Por su parte, Cavas fue condenado, como cómplice, a cinco años y seis meses de inhabilitación especial, y Pérez, igualmente como cómplice, a seis años y seis meses de inhabilitación para ejercer el cargo de interventor.
Condenado a diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, “con privación definitiva de los cargos de alcalde, respecto del primero, y concejal, respecto de éstos últimos, así como de los honores que les sean anejos, con la incapacidad de obtener dichos cargos o análogos durante el tiempo de la condena”.
Condenado a diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, “con privación definitiva de los cargos de alcalde, respecto del primero, y concejal, respecto de éstos últimos, así como de los honores que les sean anejos, con la incapacidad de obtener dichos cargos o análogos durante el tiempo de la condena”.
Condenado a diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, “con privación definitiva de los cargos de alcalde, respecto del primero, y concejal, respecto de éstos últimos, así como de los honores que les sean anejos, con la incapacidad de obtener dichos cargos o análogos durante el tiempo de la condena” por un delito continuado de prevaricación administrativa
Condenado a inhabilitación especial por seis años y seis meses, con privación definitiva del cargo de interventor.
Condenado a cinco años y seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público