CASOSAISLADOS

Ocho grandes constructoras, entre ellas algunos mastodontes del calibre de Sacyr, Acciona, Dragados y San José, acaban de ser procesadas por un juzgado de Murcia que, desde el año 2015, viene investigando un presunto fraude multimillonario cometido sobre los fondos públicos librados para construir la línea del AVE entre Crevillente y Murcia. En concreto, esas cuatro compañías, junto a Villegas, Tecsa, Neopul y Hormigones Martínez, han sido formalmente acusadas por la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Murcia, Olga Reverte, de presuntos delitos de estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales, insolvencia punible y pertenencia a organización criminal, bien en calidad de autoras o de partícipes a título lucrativo, lo que muy previsiblemente las conducirá a juicio.

La magistrada ha adoptado esa decisión en el auto de transformación en procedimiento abreviado por el que pone fin a la investigación del denominado 'caso César', que se centra en esclarecer una presunta «desviación masiva de fondos públicos» con motivo de las obras de la línea de alta velocidad del Levante; en concreto, en cuatro tramos situados entre Crevillente y la entrada a la Región de Murcia.

Datos a tener en cuenta

Malversación multimillonaria

La juez estima que la cuantía del dinero público desviado asciende al menos a 23 millones

Obras ficticias

La malversación se hacía hinchando el precio de las reparaciones o facturando por trabajos no realizados

Colaboración imprescindible

El auto recoge que no habría sido posible la trama sin la implicación de directivos de Adif

La resolución judicial, que viene a equivaler al procesamiento en los sumarios y que prepara las diligencias para que el fiscal, las acusaciones privadas y las defensas formulen sus escritos de calificación, se dirige contra más de medio centenar de presuntos implicados y una veintena de mercantiles, a las que se atribuyen distintos grados de implicación en una descomunal trama corrupta que habría permitido desviar, para el enriquecimiento de algunos personajes de esta red, un mínimo de 23 millones de euros. Entre los encausados destacan varios antiguos altos directivos de la compañía estatal Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), como el ex director general de Grandes Proyectos, Luis María Pérez Fábregat; el antiguo director de la Línea de Alta Velocidad (LAV) del Levante, Santiago Cobo Diego; el exdirector de Infraestructuras y exsubdirector de la LAV Este, Ángel Antonio López López, y el exjefe de Infraestructuras, José Luis Martínez Pombo.

Todos los encausados y las imputaciones

Juan Ortín García

Dueño de Obras Marimar SL. Cargos: Estafa, falsedad, organización criminal, insolvencia punible y blanqueo de capitales.

Josefa M. P.

Esposa de Juan Ortín. Cargos: Fraude fiscal, blanqueo de capitales y/o insolvencia punible.

María O. M.

Hija de Juan Ortín. Cargos: Fraude fiscal, blanqueo de capitales y/o insolvencia punible.

Ángel Custodio L.H.

Encargado de Obras Marimar SL. Cargos: Estafa, falsedad, fraude, blanqueo, organización criminal.

José Francisco N.G.

Testaferro de Obras Marimar SL. Cargos: Estafa, falsedad, organización criminal y blanqueo.

Manuel G. P.

Testaferro de Obras Marimar SL. Cargos: Estafa, falsedad, organización criminal y blanqueo.

Celestino M. S.

Asesor de Obras Marimar SL. Cargos: Estafa, falsedad, organización criminal, fraude y blanqueo.

Francisco S. G.

Exdirector de Banco de Valencia. Cargos: Estafa, falsedad, organización criminal, fraude y blanqueo.

Antonio G. A.

Exinterventor del Banco de Valencia. Cargos: Estafa, falsedad, organización criminal, fraude y blanqueo.

Caixabank y seguros Zurich

Cargos: Presunta responsabilidad civil subsidiaria.

Emiliano Riquelme Pacheco

Expresidente de la Comunidad de Regantes San Felipe Neri (CRSFN). Cargos: Estafa, falsedad, organización criminal y blanqueo.

José Luis García Salcedo

Exsecretario de la CRSFN. Cargos: Estafa, falsedad, organización criminal, fraude y blanqueo.

Jesús Abadía Mira

Exjuez del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela (JPAO). Cargos: Estafa, falsedad, organización criminal, fraude y blanqueo.

Araceli A. R. y J. Manuel A. A.

Esposa e hijo de Jesús Abadía. Cargos: Estafa, falsedad, organización criminal, fraude y blanqueo.

Aníbal Bueno Esquer

Exsecretario del JPAO. Fallecido.

Aníbal B. A.

Hijo del anterior. Cargos: Estafa, falsedad, organización criminal, fraude y blanqueo.

Eduardo D. P. y Teresa T. A.

Administradores de Material Topográfico del Levante SL. Cargos: Estafa, falsedad, organización criminal, fraude y blanqueo.

J. Manuel Fernández Pujante

Ingeniero del JPAO. Cargos: Estafa, falsedad, organización criminal, fraude y blanqueo.

Teresa B. O., V. F. B. y L. F. B.

Esposa e hijas del anterior. Cargos: Estafa, falsedad, organización criminal y blanqueo.

Antonio J. Fernández Pujante

Hermano de José Manuel. Cargos: Estafa, falsedad, organización criminal y blanqueo.

María Victoria E. G.

Esposa del anterior. Cargos: Estafa, falsedad, organización criminal y blanqueo.

José Luis Martínez Pombo

Exjefe Infraestructuras de Adif. Cargos: Estafa, malversación, falsedad, organización criminal, fraude, insolvencia punible y blanqueo.

Jorge Alfonso M. C.

Hijo del anterior. Cargos: Estafa, falsedad, blanqueo de capitales e insolvencia punible.

Santiago Cobo Diego

Exdirector LAV Levante de Adif. Cargos: Estafa, malversación, falsedad, organización criminal, fraude, insolvencia punible y blanqueo.

Ángel Antonio López López

Exdirector Infraestructuras Adif. Cargos: Estafa, malversación, falsedad, organización criminal, fraude, insolvencia punible y blanqueo.

Luis María Pérez Frábregat

Exdirector Grandes Proyectos Adif. Cargos: Estafa, falsedad, organización criminal, insolvencia y blanqueo de capitales.

Alberto José C. G., David F. G., Juan Luis R. C., Pablo Damián L. G., Alberto D.P., Francisco V. G., Francisco Javier T. C., Salvador Jorge P.V. Francisco R. M., Manuel P. H., Donato F. A., Arturo P. P. G., Juan José P. I., Carlos Eduardo M.P., Óscar Ignacio A. D., Joaquín C. A., Miguel Ángel H.P. y Andrés Celestino R. M.

Responsables y jefes de las obras de la alta velocidad en los cuatro tramos de Crevillente a Murcia. Cargos: Estafa, falsedad, organización criminal, insolvencia punible y blanqueo de capitales.

José Luis M. G. B., José Luis C. B., Luciano Emilio M.L. y Pablo V. F. A.,

Jefes de las unidades de asistencia y control de obras (ACO) en los cuatro tramos de la línea del AVE. Cargos: Estafa, falsedad, organización criminal, insolvencia punible y blanqueo de capitales.

UTE Sacyr-Neopul, UTE Dragados-Hormigones Martínez-Tecsa, San José y UTE Acciona Infraestructuras-Construcciones Villegas

Constructoras adjudicatarias de los cuatro tramos del AVE a Murcia. Cargos: Estafa, falsedad documental, pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales e insolvencia punible.

A este último se le atribuye un papel capital en la concepción de esta supuesta trama delictiva, pues sería quien se concertó con un ingeniero murciano, José Manuel Fernández Pujante, con el presunto objetivo de desviar para su lucro personal una parte del dinero que se iba a emplear para reponer las infraestructuras hidráulicas de la Vega Baja, como acequias y azarbes, que se verían dañadas por la construcción de la línea del AVE. El sistema presuntamente ideado habría consistido en sobrevalorar los precios de los proyectos para arreglar estas canalizaciones y, en otros casos, en incluir partidas ficticias por trabajos no realizados, con lo cual habrían conseguido justificar el cobro indebido de fondos públicos.

Emisión de facturas falsas

En este supuesto concierto criminal de intereses habría desempeñado igualmente un papel muy relevante una pequeña constructora murciana, Obras Marimar SL, cuyo administrador, Juan Ortín García, se habría puesto a las órdenes del ingeniero Fernández Pujante a cambio de conseguir la adjudicación de los suculentos contratos de reposición de canalizaciones en la Vega Baja. Seguidamente, y gracias al presunto incremento ficticio de los presupuestos o a la justificación mediante facturas falsas de unas obras que no se habrían llegado a realizar, parte de los fondos públicos que acababa abonando Adif habrían ido a parar a los bolsillos de algunos integrantes de esta extensa trama delictiva.

Entre los encausados figuran también antiguos altos responsables del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela, como quien fue su presidente, Jesús Abadía, y quien ejerció como secretario, Aníbal Bueno -cuya presunta responsabilidad penal se extinguió con su fallecimiento-, y el expresidente y el exsecretario de la Comunidad de Regantes San Felipe Neri, Emiliano Riquelme y José Luis García Salcedo, respectivamente, a quienes la juez atribuye haberse beneficiado de los fondos desviados -en este último caso, para construir una nueva sede de la comunidad de regantes- a cambio de dejar todo el control de las obras en manos del ingeniero Fernández Pujante.

En su auto, la magistrada Reverte deja constancia expresa de que «tan masivo desvío de fondos no hubiera podido llevarse a cabo, en principio, sin el conocimiento/consentimiento de personas responsables tanto de las adjudicaciones principales (de los trabajos en la línea AVE) y de la propia Adif». De ahí que la cifra de responsables y jefes de obras de las grandes constructoras y de altos dirigentes de la sociedad pública ferroviaria que se han visto finalmente acusados supere ampliamente la veintena. También están señalados los responsables de cuatro empresas de asistencia y control de obras, que debían garantizar que los trabajos facturados en los cuatro tramos de alta velocidad entre Crevillente y la entrada a la Región de Murcia se correspondían fielmente con la realidad.

El rastro del dinero

Según el material probatorio recabado a lo largo de cuatro años de investigaciones, impulsadas por los aduaneros de la Agencia Tributaria y la Guardia Civil, la senda que seguía el dinero presuntamente malversado iba desde Obras Marimar, que era la que facturaba por esos trabajos, hasta el ingeniero Fernández Pujante. Era este presunto líder de la trama quien seguidamente emprendía el camino hacia una finca rural de Cuenca, propiedad del entonces jefe de Infraestructuras de Adif, José Luis Martínez Pombo, y en apariencia le entregaba grandes cantidades de dinero en sobres.

Este directivo de la sociedad ferroviaria, «junto con otras personas, suscribía documentos, como actas de conformidad y otros documentos contenidos en los expedientes de gasto, necesarios para que se fueran desembolsando los fondos públicos por parte de Adif».

Las gestiones realizadas sobre Martínez Pombo permitieron averiguar que había acumulado un gran patrimonio, hasta el extremo de que se había acogido en 2012 a la regularización fiscal impulsada por el Gobierno y había aflorado más de dos millones de euros. Ese mismo año realizó operaciones de salida de divisas a Luxemburgo, Austria e Irlanda por importe de 1,4 millones de euros. Finalmente se constató que disponía de un gran número de propiedades inmobiliarias, algunas de gran valor.

La instructora le atribuye presuntos delitos de falsedad documental, contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y malversación de fondos públicos y/o estafa.

Algo similar ocurría con el otro presunto cerebro de la trama, el ingeniero José Manuel Fernández Pujante, «que podría haber sido uno de los mayores beneficiados del presunto desvío de fondos públicos», en palabras de la juez. En su caso, disponía «de elevados saldos en cuentas bancarias y adquisición de valores, vehículos de alta gama e inmuebles», que en su gran mayoría transfirió a su entorno familiar al sospechar que estaba siendo objeto de una investigación.

Además de apropiarse presuntamente de parte de los fondos desviados, el ingeniero facturó cantidades millonarias a las grandes constructoras adjudicatarias de los tramos del AVE y a Obras Marimar. «José Manuel Fernández Pujante controlaba todos los aspectos del proceso (supuestamente delictivo), actuando como responsable técnico encargado de elaborar el proyecto inicial de las obras (de reposición de canalizaciones) y de dar el visto bueno a las mismas, en nombre del Juzgado Privativo de Obras de Orihuela, y actuando al mismo tiempo como responsable técnico de la realización de dichos trabajos, contratado tanto por parte de los adjudicatarios principales como por parte del subcontratista designado por el mismo: Obras Marimar», indica la magistrada.

Implicación de un banco

Un capítulo adyacente a todo este asunto se basa en el papel que habrían jugado el entonces director y el interventor del Banco de Valencia en Santomera, Francisco S.G. y Antonio G.A., respectivamente, quienes están acusados de haber permitido el cobro irregular de pagarés por grandes importes, que habrían sido librados por empresas 'fantasma' que simulaban la realización de trabajos del AVE. Esta circunstancia ha hecho que, a su vez, hayan sido encausados Caixabank (la entidad que absorbió a Banco de Valencia) y la aseguradora Zurich, como posibles responsables civiles subsidiarios.

La juez otorga ahora treinta días a las distintas partes del proceso, entre ellas el Ministerio Fiscal, para que presenten sus escritos de acusación o defensa.

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