CASOSAISLADOS

Han pasado 12 años desde que el entonces presidente de la Generalitat Pasqual Maragall afirmase en el Parlament dirigiendose a CiU: "Ustedes tienen un problema, ese problema se llama 3%". Esa denuncia acabó con una investigación y una querella de la Fiscalía que fue admitida por un juzgado y hace unos meses la Audiencia de Barcelona juzgó a siete personas entre ex cargos de la empresa pública Adigsa, ex trabajadores y empresarios. Seis de ellos se conformaron con penas de prisión entre dos y cuatro años de prisión, además de inhabilitación para ocupar cargo público, tras devolver los más de 120.000 euros que según la Fiscalía desviaron de esta empresa pública y admitir que habrían cometido los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad documental, entre otros.

Estos seis condenados que alcanzaron un acuerdo con las acusaciones son el ex consejero delegado de Adigsa Josep Fontevila, ex gerente, Jordi Huguet, el directivo Xavier Sala, el intermediario José María Penin, pariente lejano del entonces conseller de Política Territorial Felip Puig, que en la época dirigía el departamento del que dependía Adigsa, y los empresarios Jordi Honrubia y Ángel Egido. El único procesado que no aceptó el pacto, el empresario Juan Antonio Salguero ha sido condenado a casi dos años de prisión, inhabilitación y multa de 1.800 euros por ser cooperadores necesarios de los delitos de prevaricación, malversación de caudales y falsedad en documento oficial. En el juicio reconoció que pagó comisiones del 20% para que la empresa de vivienda pública de la Generalitat le adjudicara proyectos.

En este sentido, Salguero afirmó en su declaración que "cuando Maragall salió y dijo que era el 3% me fui a Fiscalía y dije que era el 20" y explicó que empezó a trabajar para Adigsa por medio de otro empresario y que le propusieron rehabilitar 18 pisos dentro del Pla Jove en 2003. Cuando presentó las facturas a los intermediarios que le habían propuesto los encargos ha relatado que le hicieron incrementar los pagos un 20% si quería cobrar. Ante el tribunal de la Audiencia de Barcelona ha asegurado que lo hizo para poder pagar a los proveedores y trabajadores que usó para hacer estos encargos. También aseguró que en ningún momento firmó un contrato con Adigsa y que nunca presentó un presupuesto de obra, pese que en 13 expedientes aparece su nombre o de alguna empresa vinculada a él como el beneficiario de estos proyectos

Salguero ha relatado que el intermediario José María Penín le dijo que el dinero de las comisiones iba "para arriba" lo que interpretó como una alusión a que se lo quedaba CiU. Por eso primero habló por teléfono con Felip Puig, que fue conseller de Obras Públicas cuando él trabajó para Adigsa, que "le interesaba que si se estaba pagando" y envió un mensaje de correo electrónico a Artur Mas, entonces en la oposición, para alertarle de las 'mordidas'. Según el acusado, Mas le mandó a un responsable de prensa y al ex dirigente de CiU Ferran Falcó, que llegó a estar imputado en esta causa aunque se archivó, para solicitarle que no denunciara. Salguero pagó unos 60.000 euros de comisiones.

Fuente