CASOSAISLADOS

Una "administración paralela" que favoreció una "red clientelar" que se habría creado en el Patronato de la Alhambra y en la que figuraba "personal externo" que contaría con "ciertas personas" que habrían ostentado "un puesto de suma responsabilidad", según el escenario que dibuja la investigación de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía en torno a presuntas irregularidades en el sistema de contrataciones que seguía el organismo gestor del monumento más visitado de España. Un "sistema circular" en el que se adjudicaban servicios mediante concursos en los que "se simulaba la concurrencia", según las conclusiones de la Auditoría elaborada por la Intervención General de la Junta de Andalucía.

Veintiséis personas, entre ellas la anterior directora del Patronato, María del Mar Villafranca, y dos de sus directos colaboradores, Victoria Chamorro y Manuel Visedo, junto a empleados y empresarios, han pasado en dos días por dependencias policiales, de donde han salido en libertad con cargos y serán llamados en próximas semanas por el juez que investiga el caso, una vez analizada la documentación intervenida en la 'operación Colina Roja II', la segunda tanda de detenciones relacionadas con presuntas irregularidades en el sistema de contratación que ejecutaba el Patronato.

La investigación policial, a tenor de lo apuntado por fuentes de la investigación, avanza sobre los ejes de irregularidad que apuntaba la auditoría, cuyo contenido fue conocido a mediados de abril del pasado 2017, casi dos años después de la denuncia de Fiscalía por la comisión de delitos en la adjudicación del servicio de audiogías. De aquí, cuando las primeras detenciones forzaron la renuncia de Villafranca, a la apertura de una pieza desgajada cuando el volumen de los investigado desbordó el ámbito de las audioguías hasta extender su sospecha a unos doscientos contratos en los que se repetía un corto número de empresas que habrían causado un quebranto "superior a 6 millones de euros", según la auditoría, que ahora la UDEF eleva levemente a "casi 7 millones de euros".

La Policía apunta a una "estructura" que habría elaborado memorias justificativas de trabajos que los investigadores estiman que no fueron realizados pues no existe "documento, acta o informe que avale" su ejecución "real, correcta y efectiva" y que, sin embargo, eran abonados por el Patronato.

La auditoría de la Intervención de la Junta detalla un reducido número de protagonistas que se hacían con los servicios sin publicidad ni concurrencia o, todo lo más, a través de un simulacro con empresas presuntamente aspirantes a la puja donde coincidían nombres y apellidos de los que finalmente se adjudicaban el concurso. Y en el centro del escenario, el jefe de Contabilidad, José María Visedo, y la secretaria general, Victoria Chamorro, además de Villafranca. Una resolución de la ex directora en 2014 "sin base legal", según el informe, promovió a Chamorro como segunda del Patronato, pasando por encima de lo dispuesto en los estatutos, lo que le permitió suplirla "sin tener título habilitante" en una práctica que "más parece habitual que general", encontrándose expedientes de contratación donde todas las firmas del documento son de la secretaria general.

Lateralmente, la auditoría detectó un sistema de arqueos adjudicado a una empresa para los procesos de venta, reserva y expedición de entradas "sin comprobación por parte del personal del Patronato de la exactitud de los mismos". Y, también, un área de gestión de ingresos que "ni siquiera tenía conocimiento" de la existencia de un protocolo, que aplica "unos procedimientos muy básicos para la envergadura del trabajo que se realiza, sin apenas controles y con base en partes y justificantes confeccionados a mano, sin sellos oficiales y en algunos casos sin firma". De ahí al panorama de contratos a dedo en el que reiteradamente aparecen nombres de familiares o conocidos por vínculos con personal directivo del Patronato.

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