CASOSAISLADOS

La trama de asesorías que cobraba a mil euros el folio una serie de informes «inútiles o inexistentes», según la Fiscalía Provincial de Valencia, también extendió sus tentáculos al Consorci de Museus para, supuestamente, «saquearlo». El Consorci es un ente creado en 1996 en el que están representadas la Generalitat, las tres diputaciones provinciales y los ayuntamientos de las tres capitales valencianas. Y en el corazón del Consorci trabajó durante trece años como interventor, uno de los presuntos cerebros de la trama de asesorías, Rafael Parra Mateu, como responsable del «control financiero y económico de la entidad» pública. Una posición privilegiada que le permitió «idear un plan», según la Fiscalía, para supuestamente desangrar económicamente a la entidad y beneficiarse del uso de fondos públicos.

Una misión en la que se alió con el exsecretario de Canet d'En Berenguer, José Antonio Sancho Sempere, condenado a dos años de cárcel por cohecho junto a la exalcaldesa de la Pobla de Farnals, que la sección tercera de la Audiencia de Valencia ya ha ordenado ejecutar, aunque ambos solicitaron el indulto para esquivar el ingreso en prisión.

En el caso del Consorci de Museus ambos investigados -Parra Mateu y Sancho Sempere- «con la intención de obtener un lucro económico y de común acuerdo, idearon un sistema para saquear de forma sistemática el dinero público procedente del Consorci», según el escrito de acusación de la sección de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de Valencia, al que ha tenido acceso Levante-EMV.

Por estos hechos, ambos acusados se enfrentan a una petición de seis años de cárcel y otros tantos de «inhabilitación absoluta para desarrollar cualquier cargo o función pública». El Fiscal también solicita que ninguno de los dos acusados pueda ejercer como abogado durante este mismo tiempo ni ejercer «cualquier tipo de asesoramiento económico y jurídico».

Y éste último no es el único problema judicial al que se enfrentan Sancho Sempere y Parra Mateu. Ambos comparten o se alternan en las imputaciones de las quince piezas separadas en las que se troceó la «trama de asesorías». La presunta red corrupta ha sido investigada desde 2013 por la Fiscalía Provincial de Valencia y estaba formada por un entramado de sociedades creadas por Sancho Sempere y Parra Mateu para «asesorar» a pequeños ayuntamientos de la Comunitat Valenciana, el Consorci de Museus o la Conselleria de Medio Ambiente a los que cobraban informes a mil euros el folio, «inexistentes o inservibles», siempre según el relato de la Fiscalía Provincial de Valencia.

Este entremado de sociedades es el que actuó en los hechos investigados relativos al Consorcio de Museos y que se remontan a los años 2007, 2008 y 2009, según la investigación judicial realizada por el Juzgado de Instrucción 12 de València.

Durante 2007, «el Consorci de Museus abonó a la entidad Asesores Profesionales 31.900 euros por trabajos que no ha efectuado» en un goteo de facturación que sólo respondía, según la Fiscalía, «al plan ideado por los acusados para incorporar el dinero público a su patrimonio». La contratación de estos informes se hizo, según el Ministerio Público, sin respetar «de forma interesada, el procedimiento administrativo de contratación» a pesar de que ambos acusados eran funcionarios públicos.

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