La titular del juzgado de instrucción número 2 de Azpeitia ha decidido prolongar durante un máximo de 5 años el plazo de investigación de las dos querellas por presuntas irregularidades en la construcción de la AP-1, conocido como caso Bidegi.
Los junteros de EH BilduIban Asenjo, Judit García y Jon Albizu, que están personados en la causa, han informado hoy en una rueda de prensa de la decisión de la jueza, que ha admitido la solicitud de la Fiscalía, a la que se han opuesto los imputados. El juzgado de Azpeitia instruye dos querellas, la primera de las cuales está relacionada con un depósito de sobrantes, excavaciones y movimientos de tierra en un tramo (Eskoriatza Norte-Arrasate Norte) de la AP-1, en el que la acusación calcula un presunto fraude de 13,6 millones de euros. Esta querella fue ampliada posteriormente al entender la Diputación, institución que inició el proceso cuando la gobernaba Bildu, que las irregularidades se extendieron también a los trabajos de los túneles de Apotzaga, Izurieta y Gurutze Txiki.
La segunda hace alusión a una presunta malversación de fondos públicos de 17,1 millones y a un presunto delito de falsificación documental en los pagos de los trabajos del túnel de Isuskitza.
Ambas querellas fueron interpuestas por la propia Diputación de Gipuzkoa cuando era gobernada por Bildu, y se refieren a la actuación del gobierno anterior, presidido por Markel Olano (PNV). En este caso hay cinco personas investigadas, tres de ellas antiguos cargos y técnicos de Bidegi y los otros dos son el gerente de una UTE adjudicataria y el responsable de la dirección técnica de las obras.
El plazo de fin de la instrucción estaba fijado para el pasado 6 de junio para las dos querellas, pero la Fiscalía solicitó que se ampliara, ya que resulta necesario "practicar una pericial imparcial que sirva para clarificar los hechos", según reza en el escrito remitido al juzgado. El Ministerio Público sostiene que "dada la complejidad y el carácter multidisciplinar" de la prueba pericial solicitada, su ejecución "puede dilatarse años", motivo por el que pidió a la jueza que fijase un plazo máximo de 5 años para finalizar la instrucción de las dos querellas.
En las pruebas periciales pendientes podría participar, a petición de EH Bildu, la UCO de la Guardia Civil, después de que la Ertzaintza manifestara que no disponía de medios técnicos para llevar a cabo algunas de las pruebas solicitadas, según indicó la coalición abertzale. Asenjo ha explicado que, frente a la actitud del actual diputado general, Markel Olano, y de otros dirigentes del PNV que han tratado de "desacreditar el proceso y pedir su cierre en falso", el fiscal y la jueza "han dado credibilidad a la denuncia y han señalado la necesidad de llevar a cabo una investigación exhaustiva".
Por su parte, la juntera Judit García ha enfatizado que los autos de la jueza evidencian que "no ha habido, en ningún momento, una acusación sin fundamento y por intereses políticos, como han intentado dar a entender representantes del PNV en más de una ocasión".
García ha reprochado a la Diputación, que aún continúa en el proceso como acusación, que "pretenda cerrar el juicio deprisa y corriendo, incumpliendo el principio de imparcialidad que se le supone".
- Partido/Org: PNV
- Lugar: País Vasco
- Coste aprox.: 30700000 €
- Total implicados: 0
- Año de los hechos: 2011
- Estado judicial: Abierto
