El ex secretario general de Universidades de la Junta de Andalucía, Francisco Triguero, es ya el primer ex alto cargo de la Administración andaluza condenado por la concesión irregular de una subvención a la espera de lo que finalmente suceda con el escándalo de los cursos de formación o con el propio caso ERE, en los que se investiga y se juzga igualmente el destino supuestamente fraudulento de cientos de millones de euros en ayudas públicas.
A Triguero la juez de lo Penal 11 de Málaga le considera uno de los dos responsables de que la Junta concediera una subvención de 15,5 millones de euros a la Fundación para la Investigación del Bienestar Integral de los Ciudadanos (FIBIC), de la que el ex secretario general de Universidades fue patrono y que nació con el teórico objetivo de colocar al ciudadano en el centro de las estrategias de innovación.
Para lograr tal fin, el FIBIC -del que también formaba parte la Universidad Internacional de Andalucía junto a la Consejería de Innovación- proyectó la construcción de un modernísimo edificio al que bautizaron como Centro de Innovación para el Bienestar Ciudadano en pleno corazón del Parque Tecnológico de Andalucía. Y ahí entran en juego las ayudas públicas.
Según la sentencia del Juzgado de lo Penal 11 de Málaga, que se conoció ayer, Triguero ideó y ejecutó un «plan» para, burlando todos los controles y la normativa vigente, conseguir luz verde a una subvención de 11,5 millones de euros a FIBIC que le iban a permitir, por un lado, terminar de construir parcialmente su sede y, por otro lado, hacer frente a los expedientes de reintegro de otras subvenciones.
Junto a Francisco Triguero, la juez Serrano culpa y condena a uno de sus colaboradores más directos, el entonces coordinador de la Dirección General de Universidades y, al mismo tiempo, secretario general de la Agencia Andaluza del Conocimiento, Joaquín Torres.