Poco se sabe de las diligencias, declaradas secretas por el Juzgado de Instrucción número 3 de Puertollano, salvo que se ha detenido a 9 personas, incluido el exalcalde de Puertollano Joaquín Hermoso, y que los hechos investigados está relacionados con los expedientes administrativos y las contrataciones vinculadas a la construcción del estadio de fútbol del Cerrú (un sueño perseguido por la afición calvosotelista durante años), y una operación vinculada a este proyecto: la permuta de terrenos en la barriada de El Abulagar planeada entre el consistorio y la empresa que inicialmente iba a construir el campo.
Sin embargo, un repaso a la tempestuosa historia de la construcción del nuevo Cerrú puede arrojar algunas claves que ayuden a contextualizar las premisas básicas de la operación.
UN NUEVO CAMPO DE FÚTBOL "SIN PONER UN DURO"
La construcción del Nuevo Cerrú, muy demandada por la afición de la entonces UD Puertollano, fue anunciada por el equipo de Gobierno en octubre de 2007, y en un primer momento corrió a cargo de las empresas Teconsa y Proinsa, pertenecientes al grupo castellano-leonés Martínez Núñez. Según el convenio firmado entonces con el Ayuntamiento, ambas constructoras se encargarían de la resucitación de un nuevo y espectacular Cerrú para 7.000 espectadores a cambio de la cesión para aprovechamiento urbanístico del Sector IV, zona en la que estaba prevista la creación de una gran urbanización. El coste de la instalación deportiva se cuantificó en siete millones de euros.
Los responsables municipales se mostraban en aquel entonces eufóricos por el acuerdo alcanzado, y el alcalde Joaquín Hermoso Murillo se felicitaba por que la empresa constructora hubiera aceptado el precio de los terrenos propuesto por el Ayuntamiento, unos 8,6 millones de euros. De este modo, según el primer edil, si la construcción del estadio suponía un total de 7 millones de euros, al Ayuntamiento le quedaba un remanente de 1,6 millones. En definitiva, Puertollano, según palabras del alcalde y de los concejales socialistas, “no tenía que soltar ni un euro” para hacer realidad el sueño de los futboleros locales.
EL FIASCO DE LA QUIEBRA
Poco tardó la cosa en torcerse. En 2009 comenzaron a ser vox populi los graves problemas financieros que asolaban a Teconsa, salpicada también por las informaciones que le vinculaban al primer auto del juez Garzón sobre el caso Gürtel. A persar de que la constructora había incumplido en Puertollano los plazos de finalización del proyecto del campo de fútbol, el Ayuntamiento decidió en abril de 2009 no resolver el convenio vigente. Muy al contrario: ofreció a Teconsa un nuevo margen de confianza, ampliando en cinco meses el plazo concedido a la empresa para la entrega de la obra.
La declaración en concurso de acreedores de Teconsa consumó el fiasco. Aquella quiebra, con impagos por valor de 30 millones de euros, y la posterior de Proinsa, que debía más de 300 millones de euros, arrojaba serias dudas sobre la construcción del nuevo campo, que se paralizó, y sobre los terrenos anejos que la constructora recibió de manos del Ayuntamiento, en el marco de la operación que permitió iniciar las obras del nuevo Cerrú.
De hecho, la urbanización de esta zona, el PAU IV, a cargo de la desaparecida Promotora Almodoveña, se encuentra aún paralizada, pese al infructuoso intento de creación de una Empresa Municipal del Suelo para reactivar el proyecto. El resultado de las elecciones municipales y autonómicas de 2015 dio al traste con el desarrollo de un “protocolo” acordado entre Ayuntamiento y Junta de Comunidades, por el cual, en principio, el Gobierno regional compraría terrenos por valor de cinco millones de euros a la Empresa Municipal del Suelo, expresamente creada al efecto, que se encargaría de desarrollarlos. La empresa municipal tuvo que disolverse.
Tras la paralización de las obras del campo de fútbol, y en medio de continuos rumores sobre la posible quiebra de las empresas de Martínez Núñez, el equipo de Gobierno siempre aseguró que los terrenos seguirían siendo municipales, y que tanto el Campo de Fútbol como la urbanización de viviendas serán una realidad, “con Teconsa o sin ella”.
CADÁVERES EN EL ARMARIO: LAS EXPROPIACIONES
Al menos así fue con el campo de fútbol. El plan E de Zapatero supuso una segunda oportunidad para el proyecto, que pudo así verse culminado e inaugurado en 2010 tras la adjudicación de las obras a la empresa Navarro Piquer, aunque no sin cadáveres en el armario.
En efecto, el fiasco de la urbanización de los terrenos del Abulagar seguía dando quebraderos de cabeza al Ayuntamiento en 2015, cuando se supo que diversas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha obligaban al Ayuntamiento de la ciudad minera a pagar 1.364.562 euros, más intereses, a los propietarios de los terrenos expropiados que denunciaron el justiprecio.
¿EL EMBRIÓN DE LA OPERACIÓN CERRÚ?
También la quiebra de Teconsa tuvo sus flecos judiciales en Puertollano. Uno de los ellos fue la denuncia de la empresa Norten Prefabricados de Hormigón. Esta empresa, subcontratista de Teconsa, pedía al Ayuntamiento de Puertollano el importe adeudado por los trabajos elaborados en la estructura del campo de fútbol del Cerrú, unos 700.000 euros. La demandante reclamó previamente al Ayuntamiento el pago de la cantidad debida por Teconsa sin recibir una respuesta satisfactoria, por lo que presentó demanda el 12 de marzo de 2010.
En este caso la Audiencia Provincial de Ciudad Real estimó parcialmente el recurso de apelación interpuesto por el Ayuntamiento de Puertollano y revocado una sentencia de 28 de enero de 2016, dictada por el Juzgado número 1 de Puertollano, que obligaba al consistorio puertollanense a pagar 721.539 euros más intereses a la empresa Norten Prefabricados de Hormigón por los trabajos elaborados en la estructura del campo de fútbol del Cerrú.
En la toma de su decisión, los magistrados consideraban la inviabilidad de la acción entablada por Norten en los casos de situación concursal, amparándose en una prolija doctrina jurisprudencial.
Según la sentencia de la Audiencia, dictada el 26 de junio de 2017, los magistrados revocaron íntegramente la resolución del juzgado y acordaron el archivo de las actuaciones, condenando a Norten al pago de las costas, si bien desestimaron la pretensión del Ayuntamiento de que se dejara sin efecto la decisión del juez de primera instancia de deducir testimonio por si los actos realizados por el Ayuntamiento en relación a la construcción del campo de fútbol pudieran ser constitutivos de delito. Aquella decisión del juez, que se remonta a enero de 2016, quizá fuera el embrión de la operación Cerrú iniciada a instancias de la Fiscalía.
Respecto a la petición de revocar la decisión del juzgado de Puertollano de deducir testimonio por presunto delito en las obras, los magistrados de la Audiencia esgrimían que tal pronunciamiento “no forma parte de la respuesta que el juez debe dar a las pretensiones de las partes, y que constituye la necesaria congruencia judicial que todo proceso exige; por ello no puede constituir objeto de este recurso”.
“La deducción de testimonio no constituye sino una modalidad de denuncia de aquél que entiende que determinados hechos pueden constituir un ilícito penal, por lo que no corresponde a este tribunal decidir sobre tal cuestión, sino que la competencia le corresponde a la jurisdicción penal y dentro del proceso que pueda iniciarse”, concluía la Audiencia.
EL CRUCIAL INFORME DEL SÍNDICO
Otras claves para aproximarse al Caso Cerrú las da el informe de 2013 de la desaparecida Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha, que detectó irregularidades e incumplimientos normativos en las grandes obras ejecutadas por el Ayuntamiento de Puertollano durante su particular boom del ladrillo, el periodo 2008-2010.
Según se desprende del informe de fiscalización, el Consistorio puertollanense no se ajustó a la ley en muchas de las grandes obras de la época, incluidos los proyectos del Centro de Especialidades Deportivas, el campo de fútbol del Cerrú, la glorieta Virgen de Gracia o la Plaza de Toros. Todos bajo un patrón continuo de incumplimientos y deficiencias con un mismo denominador: la empresa Navarro Piquer, que constaba como contratista o adjudicataria, en solitario o asociada en UTE (Unión Temporal de Empresas) en la mayoría de los proyectos fiscalizados.
- Partido/Org: PSOE
- Lugar: Castilla La Mancha
- Coste aprox.: 2279071 €
- Total implicados: 0
- Año de los hechos: 2009
- Estado judicial: Abierto
