La Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado los recursos presentados por gran parte de la actual corporación municipal del PP de Colmenar Viejo (localidad de 47.000 habitantes de la sierra madrileña) y ha dado por finalizada la instrucción que sienta en el banquillo al alcalde Miguel Ángel Santamaría Novoa y a cinco de sus concejales. En un auto fechado el 12 de septiembre, la sección cuarta de la Audiencia Provincial da la razón al juzgado de instrucción número 3 de Colmenar Viejo y a la Fiscalía y procesará a doce cargos públicos de este municipio por prevaricación urbanística continuada. Santamaría se convierte así en el primer alcalde madrileño del PP que será juzgado desde que Cristina Cifuentes dirige la gestora del PP de Madrid, que ha impuesto un código ético para sus miembros. La Fiscalía pide para él 3,6 años de prisión.
También solicita entre dos y 3,6 años de prisión para cinco de los ocho actuales concejales del municipio: Ana Belén Colmenarejo Collado (edil de Deportes, Sanidad y Medio Ambiente), César de la Serna Moscol (edil de Turismo), Carlos Blázquez Rodríguez (edil de Obras, Contratación y Transparencia), Jorge García Díaz (primer teniente de alcalde) y Juan José Serrano Cadahía (Seguridad y Transportes). También están procesados el ex alcalde José María de Federico Corral y los ex concejales Antonia García Santos, Inmaculada Viñoles, Justo García Froilán y Pablo Colmenarejo Cobeña, también del PP. Todos tienen además cargos orgánicos en el PP de Colmenar Viejo. Santamaría es el presidente, y el resto de ediles ocupan la secretaría general, el área financiera, las jefaturas de afiliación, formación, comunicación, tesorería y coordinador electoral. Santamaría Novoa es además vocal del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid.
16 licencias en contra de los informes jurídicos
La Fiscalía ya ha acreditado "indiciariamente los hechos objeto de instrucción, consistentes en el otorgamiento por los acusados de 16 licencias urbanísticas pese a claros informes técnicos y jurídicos desfavorables, por vulneración de la normativa urbanística aplicable". Ahora, en su auto la Audiencia destaca que "el hecho de que los informes técnicos sean preceptivos y no vinculantes no implica que éstos deban ser ignorados, sino tomados en cuenta, ya sea para actuar de conformidad o para separarse de éstos en forma razonada o justificada al margen de que se explicite o no en el acuerdo y eso es lo que en este caso se cuestiona por las acusaciones, que tal actuación pueda ser amparada por el principio de discrecionalidad, por la sistemática atribuida a los investigados en cuanto a que por unanimidad, posiblemente sin deliberación, adoptan acuerdos contrarios a las normas administrativas y criterios técnicos sin aparente justificación y sin imponer de forma efectiva las sanciones que en su caso pudieran ser imponibles, sólo en una minoría de los casos, causando un perjuicio consistente en la ignorancia de la regulación urbanística y en la falta de persecución de las infracciones".
La Fiscalía, por su parte, aseguraba que "los recurrentes tratan de mantener la peligrosísima tesis de que un Gobierno municipal puede decidir en cada caso, según su criterio objetivo, si conceder o no una licencia cuando los órganos técnicos han comprobado que la construcción sujeta a licencia se ha ejecutado contraviniendo en determinados puntos el proyecto previamente autorizado, así como el planeamiento urbanístico en vigor. Esta filosofía es una auténtica apología de la prevaricación". La Fiscalía relata además que la instrucción del caso ha demostrado que "el concejal de Urbanismo valoraba las infracciones como 'chorradas".
La Audiencia destaca que "en este caso la acción penal se basa en una actuación reiterada de concesión de licencias sin adoptar después medidas efectivas para que aquellos vicios o defectos fueran reparados, y por tanto el delito se justifica por la actuación de espaldas a la normativa urbanística, lo cual es un juicio que no corresponde realizar en este momento procesal".
La Fiscalía también ha abierto diligencias contra el ayuntamiento para investigar si el exministro de Educación José Ignacio Wert se casó con su novia, Montserrat Gomendio(exsecretaria de Estado), en una finca que presuntamente no tiene licencia en Colmenar, enlace que además ofició el propio Santamaría.
- Partido/Org: PP
- Lugar: Comunidad de Madrid
- Coste aprox.: 0 €
- Total implicados: 0
- Año de los hechos: 2006
- Estado judicial: Abierto
