El Juzgado de Instrucción 2 de Vera (Almería) ha citado a declarar en calidad de investigado al exalcalde de Carboneras, Cristóbal Fernández (PSOE), tras abrir causa penal a raíz de la denuncia del Ayuntamiento carbonero en la que se indica que, bajo su mandato, se abonó presuntamente a la mercantil Cespa 175.000 euros en concepto de suministro de contenedores "cuando consta que nunca se entregaron ni se suministraron por parte de esta empresa" sino que lo hizo el Consorcio de Residuos del Sector II.
La denuncia señalaba, asimismo, que Fernández habría acordado, con los miembros de la junta de gobierno local, solicitar a la Junta andaluza una subvención que recibió por importe de 73.863 para la compra, primero de contenedores soterrados, después de carga lateral, "sin que conste expediente de contratación alguno, solo tres ofertas para suministro de contenedores con registro de entrada todas en la misma fecha, lo que infringe la Ley de Contratos del Sector Público".
La denuncia apunta que Fernández acordó solicitar una subvención "para una finalidad imposible de cumplir" ya que no tenía competencias para la compra de los 153 contenedores y que habría "ocultado" a la Junta "esta circunstancia". Así, el Consistorio ingresó en febrero de 2008 el importe de la subvención por valor de 73.863 euros destinados a sufragar parcialmente la compra de los contenedores.
Añade que la mercantil Cespa emitió dos facturas por importe total de 175.000 euros por este concepto "cuando al Ayuntamiento le consta que nunca se entregaron o suministraron por Cespa, que era consciente de quien era competente, sino por el Consorcio del Sector II". Estas habrían sido emitidas entre noviembre y diciembre de 2009 "sin que conste albarán de entrega ni suministro alguno", si bien el documento rubricado hace constar que la entrega se haría efectiva "durante el año 2010 a partir de febrero según disponibilidad de la fábrica".
La denuncia asegura que los hechos podrían ser constitutivos de un presunto delito de prevaricación por parte de Fernández ya que era "conocedor de que el Ayuntamiento no podía adquirir dicho suministro por tenerlo delegado en una entidad supramunicipal" y de otro supuesto delito de malversación de caudales públicos "por haber consentido presuntamente que se emitieran y aceptaran las facturas para fines distintos y sin el correspondiente procedimiento, causando un grave perjuicio económico a la administración municipal que tiene la obligación de hacer frente a dichos pagos".
Destaca que los hechos relatados podrían encuadrarse, asimismo, en un supuesto delito de tráfico de influencias por parte de A.L.S. "por haber ordenado y colaborado presuntamente en la emisión de las facturas sin que se hubiera producido la entrega de los contenedores".
- Partido/Org: PSOE
- Lugar: Andalucía
- Coste aprox.: 175000 €
- Total implicados: 0
- Año de los hechos: 2009
- Estado judicial: Abierto
