CASOSAISLADOS

La Policía Nacional ha registrado esta mañana BCM, la discoteca más grande de Magaluf, propiedad de Tolo Cursach, el empresario conocido como rey de la noche en Mallorca, que fue detenido ayer junto a dos de sus principales colaboradores en el marco de la operación Sancus contra la corrupción de la policía local de Palma y Calvià.

Con el registro de la discoteca, que ha terminado pasadas las 13.30 horas, los agentes buscan documentos que impliquen a Cursach y a los otros dos arrestados (Tolo Sbert y Toni Bergas) en los supuestos delitos de cohecho, coacciones, estafa, falsedad documental, prevaricación y pertenencia a organización criminal.

Las detenciones de Cursach y sus dos más estrechos colaboradores llegan tras meses de una investigación dirigida por el juez Manuel Penalva y el fiscal Anticorrupción, Miguel Ángel Subirán, y después de que EL MUNDO/ El Día de Balearesrevelara que el Ayuntamiento de Calvià estaba tratando de beneficiar a Cursach al frenar la revisión de las licencias de su discoteca estrella BCM en Magaluf.

Los furgones policiales apostados en la entrada de la extensa finca que Cursach tiene cerca de Puntiró avanzaban ayer por la mañana los registros que se sucederían a lo largo de la jornada y que incluían no sólo las residencias del empresario sino también oficinas y negocios como el Megapark de S'Arenal, la discoteca Tito's o el gimnasio Megasport, situado en el polígono de Can Valero. El rey de la noche mallorquina había caído. Tras su detención, los agentes se dirigieron también al departamento de Actividades en el Ayuntamiento de Calvià dentro de una actuación coordinada entre Anticorrupción y el grupo de blanqueo de capitales de la Policía Nacional. El registro se saldó con la incautación de documentación y ordenadores orientada a determinar si el hombre que llegó a contar con una aerolínea propia obtuvo trato de favor policial gracias a sus conexiones con el cuerpo y si lo usó para extorsionar y hundir los negocios de sus competidores, tal y como han denunciado algunos empresarios durante la investigación, sobre la que pesa secreto sumarial.

Junto a Cursach, están detenidos el director general del Grupo Cursach Ocio, Tolo Sbert, y el director de relaciones institucionales, Antoni Bergas, además ex inspector de la Policía Local de Palma. Se enfrentan a delitos de cohecho, coacciones, estafa, falsedad documental, prevaricación y pertenencia a organización criminal. No han pasado a disposición judicial y tampoco está previsto que lo hagan hoy, festivo en Baleares, por lo que permanecen en los calabozos de la Policía Nacional. El juez deberá decidir entre el jueves y el viernes (dependiendo de si agota el plazo de 72 horas) las medidas pertinentes, que oscilan entre la libertad con fianza o la prisión preventiva si observa riesgo de fuga u ocultación de pruebas.

Cursach ya aparecía vinculado a la trama de corrupción policial de la Playa de Palma según el relato de un empresario, que cuando alquiló un local para abrir un negocio de ocio nocturno fue advertido por su arrendador sobre el poder del dueño de las discotecas más famosas de Mallorca: «Para que lo entiendas, aquí pasa igual que en Son Banya con La Paca, Tolo Cursach es La Paca de la noche», le dijo comparando al que fuera presidente del Mallorca con la mayor narcotraficante de Baleares. El testigo, quien según su relato se vio obligado a pagar chantajes a la Policía Local, denunció las prácticas «pseudomafiosas» de una «organización criminal» cuyos miembros son «auténticos maestros del engaño, la manipulación, la mentira, la ocultación y la alteración de pruebas».

EL MUNDO/ El Día de Baleares ha publicado durante años noticias relativas a las conexiones políticas y policiales de Cursach y sus hombres de confianza: por una parte, Sbert, que fue director general de Turismo durante la presidencia de Gabriel Cañellas; y por otra, Bergas, que ostentó un cargo dentro de la Policía Local de Palma.

Las informaciones reveladas por este periódico sobre Cursach denunciaban cómo el Ayuntamiento de Calvià se vio obligado a revisar las licencias de apertura y funcionamiento de BCM solo después de que la Guardia Civil recogiera documentación en el departamento de Actividades por la investigación de Penalva.

Una vez que los técnicos consideraron «nulos de pleno derecho» esos permisos, pese a que la discoteca llevaba 27 años operando, el propio consistorio frenó el proceso de revisión. Una funcionaria confesó que el responsable de Actividades, Jaime Nadal, lo había saboteado hasta que se extinguiera el plazo. «Me lo ha parado él. No puedo ir contra la orden de un superior. Siempre me lo para y yo soy una mandada. Ha caducado», aseguró en una grabación sobre su jefe, destituido después de conocerse su proceder.

La detención del discotequero orienta la investigación sobre la corrupción de la Policía Local hacia Calvià, después de que ya en septiembre de 2014 fuera detenido el inspector jefe en el municipio, José Antonio Navarro, que empresarios de Magaluf denunciaran extorsiones y un trato de favor al grupo de ocio de Cursach.

Siguen las novedades en el juicio del 'Caso Cursach'. La investigación, que ha llevado a prisión al magnate mallorquín y que ha salpicado a políticos y autoridades policiales, contaba hoy con la declaración de una de las testigos clave del caso.

La mujer, que ha sido agredida y amenzada por dos sicarios, ha facilitado la dirección del inmueble que ella y su socia tenían alquilado en el centro de la ciudad de Palma y que funcionaba como prostíbulo al que acudían asiduamente dos políticos del PP. La Policía ha confirmado la existencia del local, que ahora se encuentra cerrado.

La testigo asegura que el expresidente del PP de Palma, José María Rodríguez, pasaba días enteros en el burdel y que llegó a gastarse hasta 20.000 euros diarios en servicios sexuales. También ha confirmado la presencia de Álvaro Gijón, actual diputado del PP y concejal de la ciudad. La factura más alta que cobró fue de 36.000 euros, tan solo en un día. Sin embargo, los políticos nunca pagaban los servicios. Era Cursach quién se hacía cargo de las facturas a cambio, presuntamente, de "favores políticos".

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