CASOSAISLADOS

01/03/2019: La Fiscalía pide penas de entre 2 y 50 años de cárcel para 27 acusados por venta irregular de armas de Defex a Angola

La Fiscalía Anticorrupción pide penas de entre 2 años y 50 años y siete meses de prisión para un total de 27 acusados por la operación de presunta venta irregular de armas de la empresa semipública Defex a Angola por importe superior a 152 millones de euros. También acusa a tres sociedades -Defex, Comercial Cueto y Global Reach-, para las que reclama más de 390 millones de euros en multas, según informa Europa Press.

En su escrito de conclusiones provisionales, Anticorrupción acusa por delitos contra la Hacienda Pública, malversación, apropiación indebida, blanqueo de capitales, falsedad documental, corrupción en las transacciones comerciales internacionales y organización criminal.

El expresidente de Defex José Ignacio Encinas y su ex director comercial Manuel Iglesias-Sarriá se enfrentan a la pena más alta, 50 años y siete meses de cárcel, seguidos del CEO de Comercial Cueto, Juan Carlos Cueto, para quien la Fiscalía pide 50 años. Misma pena solicita para la sobrina del célebre espía Francisco Paesa, Beatriz García Paesa, la consultora que firmó aquellos contratos.

El Ministerio Público solicita 44 años y 7 meses para el exdirector Financiero de Defex Enrique Gómez Cuesta y otros 44 años para su homóloga en Comercial Cueto, Icíar de Yraola, mientras que reclama 35 años para el coronel retirado Ángel María Larumbe, que en aquella época era el director de Operaciones de la empresa semipública.

En cuanto a las sanciones económicas, la Fiscalía Anticorrupción pide que se condene a Defex a multas por encima de los 315 millones de euros, mientras que para Comercial Cueto solicita una responsabilidad que en total supera los 382,1 millones. Pide asimismo una sanción para Global Reach de 9,1 millones de euros.

La de Angola es una de las numerosas piezas que ha investigado la Audiencia Nacional sobre contratos de venta de armas a cargo de Defex en diferentes países. En concreto, se trata de contratos firmados en 2008 por la Unión Temporal de Empresas (UTE) Cueto-Defex y el comando general de Policía Nacional de Angola de suministro de equipamientos y material policial por importe superior a los 152 millones de euros, cuyo coste de ejecución fue de algo más de 59 millones (el 38,6%) y el beneficio obtenido de casi 94 millones (61,3%).

Los investigados habrían destinado a las empresas sólo una parte del beneficio y el resto se dedicó tanto a pagar comisiones a autoridades y funcionarios públicos angoleños, como al beneficio propio mediante una "estructura compleja" de empresas pantalla..

Fuente: InfoLibre

13/07/2018: El juez envía a juicio a 27 personas por corruptas en la venta irregular de armas de la empresa Defex a Angola

El juez de la Audiencia NacionalJosé de la Mata da por concluida la investigación del llamado caso Defex y envía a juicio a 27 personas y a tres sociedades por la presunta venta irregular de armas a Angola por más de 152 millones de euros.

Así consta en el auto de 275 páginas, dictado este viernes por el juez, en el que De la Mata pone fin a la instrucción de esta causa y reconoce que hay indicios suficientes para juzgar a los investigados por delitos de corrupción en las transacciones internacionales, delitos contra la Hacienda Pública, apropiación indebida, malversación, blanqueo de capitales, falsedad documental y delito de organización y grupo criminal.

Es más, el magistrado advierte de un presunto desvío y apropiación de fondos de la empresa pública Defex en los contratos de suministro de material policial para Luanda (Angola), además de resaltar cómo los implicados destinaron a sus empresas sólo una parte del beneficio obtenido de la venta, mientras el resto lo dedicaron a pagar comisiones a autoridades y funcionarios público angoleños y al beneficio propio mediante "una estructura compleja de empresas pantalla".

Tras cinco años de investigación, a partir de las diligencias abiertas por la Fiscalía Anticorrupción en 2013 y la posterior presentación de una querella por parte del Ministerio Fiscal ante la Audiencia Nacional, el juez tiene claro que deben sentarse en el banquillo de los acusados: Ángel María Larumbe y José Ignacio Encinas Charro, ex directivos de Defex, así como Juan Carlos Cueto Martín (ex directivo de la empresa Comercial Cueto 92, y Beatriz García Paesa -sobrina del espía español Francisco Paesa-, encargada de facilitar la estructura empresarial para ocultar el dinero.

A estos se suman otras 23 personas, junto con la propia empresa Defex, Comercial Cueto 92 y Global Reach. De la Mata considera que estas sociedades tienen responsabilidad penal en el caso por su "absoluto descontrol en materia de organización y control societario económico financiero y jurídico, y la inexistencia de los más elementales y básicos mecanismos de prevención del delito, cuya aplicación habría impedido estos criminales comportamientos".

La única persona que no se sentará en el banquillo será Oliveira Taveira Pinto, este es, el conseguidor de los contratos con Angola y la persona que sobornaba al Gobierno angoleño, según los hechos investigados. Taveira está huido y hay sobre él una orden de busca y captura nacional e internacional.

Los implicados diseñaron una red a través de la cual vendían armas para la Policía de Luanda, inflando el contrato y quedándose con parte del dinero. El procedimiento en cuestión investigó los contratos firmados por la unión temporal de empresas que conformaron Cueto y Defex y el Comando General de Policía Nacional de Angola, en 2008.

En concreto, se trataba de un contrato de suministro de equipamientos y material policial, por importe superior a los 152 millones de euros, cuyo coste de ejecución fue de algo más de 59 millones y el beneficio obtenido de casi 94 millones. Según los hechos investigados, el reparto de esos 152 millones se hizo de tal manera que el 33% era para la adquisición y suministro del material; otro 33% para Cueto y Defex; y otro 33% se transfería para el supuesto pago de servicios locales de Angola, que no se llevaban a cabo y cuyos fondos se desviaban en beneficio de la trama corrupta.

El juez considera a Cueto Martín, Encinas Charro, Larumbe Burgui y Manuel Iglesias Sarria como los "auténticos líderes de la organización", con el apoyo de Iciar de Yraola Lachiondo y Alejandro Moreno Robert, en el caso de las personas ligadas a Comercial Cueto 92, y de Enrique Francisco Gómez Cuesta y Ana Cerrolaza Gili, en el caso de Defex.

Atendiendo a los argumentos esgrimidos por el juez, "toda la operativa estaba organizada de acuerdo con un plan preconcebido, proyectado en el tiempo con una visión de largo plazo". Los imputados cargaban "brutales sobreprecios sobre el coste real de adquisición de las mercancías", advierte De la Mata, armando después "una estructura de sociedades ficticias y de facturación falsa, y simulando la prestación de servicios para la ejecución del contrato por parte de sociedades pantalla, por importe de decenas de millones de euros".

De la Mata señala dos piezas claves en esta trama de corrupción. Por una parte, García Paesa. Según el juez, era ella la que se ocupó de "implementar la estrategia acordada, diseñar y poner en marcha toda la estructura de sociedades, identificar y gestionar eficazmente todo un grupo de blanqueadores profesionales en Luxemburgo, supervisar la gestión de las sociedades, asumir directamente buena parte de la falsificación de facturas y documentos, y distribuir los fondos ilícitos obtenidos".

Por otra parte, el magistrado resalta el papel de Taveira Pinto en la organización, por ser el enlace con las autoridades angoleñas y gestor de todos los pagos ilícitos a las autoridades y funcionarios de este país. De la Mata le señala también como el responsable de "armar y gestionar buena parte de la estructura societaria ficticia y librar toda clase de facturas falsas para dar cobertura a los pagos". Es más, considera a Taveira como la persona que recibía las cantidades millonarias detraídas de los contratos.

Dicho esto, el juez no tiene duda de que existen indicios de que las operativas desarrolladas por la UTE Cueto-Defex en Angola "consistían en conseguir contratos públicos para la empresa pública Defex mediante el pago de comisiones ilícitas a autoridades y funcionarios públicos angoleños".

Ahora tendrán que ser las partes acusadoras -Anticorrupción, Abogacía del Estado y la propia empresa Defex- las que remitan sus respectivos escritos de acusación pidiendo la apertura del juicio oral.

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