CASOSAISLADOS

Es un auto de frases encadenadas a lo largo de seis páginas que sigue las huellas de la Fiscalía. La instructora del «caso ERE», María Núñez, ha ordenado en él incluir como investigados en la pieza en la que se analizan las ayudas otorgadas por la Junta a la asociación de antiguos trabajadores de la empresa González Byass a los ex directores generales de Trabajo Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, así como al ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá. Si bien, en la propia resolución, fechada el 22 de mayo y consultada por LA RAZÓN, se plantea ya la posibilidad de que el primero y el último acaben siendo expulsados de la misma, de acuerdo a la doctrina «establecida» por la Audiencia de Sevilla de que no se les puede juzgar dos veces por los mismos hechos, al estar ya siendo enjuiciados en la rama política del «macroproceso». El Ministerio Público atribuye a Márquez el encargo en 2008 a la agencia IDEA de pagar al ente de empleados una subvención de 209.450 euros que se ejecutó mediante una transferencia a una cuenta bancaria; a Barberá, en esencia, haber dado el visto bueno a aquella orden de abono; y a Rivera, el dictado de una segunda resolución en 2010 por la que se ordenó a IDEA desembolsar 500.000 euros para que se convirtieran en ayudas sociolaborales con el mismo destinatario. Junto a esos tres ex altos cargos, Núñez cita como investigados a ocho meses vista, dado que los convoca para el 7 de febrero de 2019, a cuatro ex miembros de la junta gestora de la mencionada asociación de ex trabajadores y al administrador de la mediadora Uniter, José González Mata.

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