CASOSAISLADOS

La Audiencia Provincial de Sevilla ha confirmado el auto de 12 de junio de 2012 en el que la juez Mercedes Alaya amplió la imputación del ex delegado provincial de Empleo en Sevilla Antonio Rivas por la inclusión de tres 'intrusos', todos ellos vecinos de Camas (Sevilla), en el expediente de regulación de empleo (ERE) de la empresa Intersur. En un auto fechado el 4 de marzo, al que ha tenido acceso Europa Press, la Sección Séptima rechaza así el recurso presentado por la defensa de Rivas contra la resolución en la que la juez Mercedes Alaya decidió ampliar la imputación del ex alto cargo por su papel en la inclusión de estos tres 'intrusos'. La defensa de Rivas interpuso un recurso de reforma y subsidiario de apelación —el de reforma ya fue rechazado por la juez María Núñez Bolaños en octubre de 2015— y solicitó el sobreseimiento libre de las actuaciones por entender que "no concurren indicios suficientes para imputar hecho delictivo alguno" a su patrocinado. La Audiencia señala que, antes de entrar a resolver sobre los motivos de impugnación del recurso, "es necesario puntualizar que para dictar la presente resolución nos hemos de fijar exclusivamente en los datos que constaban en la causa a la fecha del dictado del auto recurrido, sin prestar atención a las diligencias de prueba practicadas con posterioridad", ya que el auto recurrido "inicia la investigación de hechos nuevos presuntamente delictivos en los que presuntamente ha intervenido" Rivas. En este sentido, dice que Rivas fue delegado de Empleo en Sevilla desde el año 2000 hasta el 20 de abril de 2010, añadiendo que el auto que se recurre le imputa su presunta participación delictiva en la tramitación y en la ejecución de ERE con planes de prejubilación anticipada mediante pólizas de renta colectiva de la empresa Intersur, "imponiendo la inclusión de personas que no habían trabajado en esa empresa", como son Ricardo Medina Barrios, José Antonio García Prieto y José Acevedo López. La Audiencia explica que, de la documental existente, consta que estas tres personas "no han trabajado" en Intersur y, a pesar de ello, fueron incluidas en el ERE de 2003 de la empresa, mientras que las garantías aseguradas para todos los trabajadores afectados por ese ERE con un plan de prejubilación anticipada consistían en rentas mensuales temporales con reversión del 50 por ciento en caso de fallecimiento para los trabajadores que efectivamente trabajaban en esa empresa, mientras que para los tres 'intrusos' mencionados la reversión indicada en caso de muerte "ascendía al 100 por cien". LOS 'INTRUSOS' Al hilo de ello, considera que Rivas, en su condición de delegado provincial de Empleo, "participó en el acuerdo de aprobación" de dicho ERE en la reunión que se celebró el 24 de junio de 2003 en la Sala de Juntas de la Delegación Provincial de Sevilla. En este punto, precisa que los tres 'intrusos' "son vecinos de Camas, al igual que Rivas", de manera que José Acevedo López "es concuñado" del imputado; José Antonio García Prieto "ha sido concejal del Ayuntamiento de Camas por el PSOE en periodos en los que Rivas era alcalde de dicha localidad", y respecto a Ricardo Molina Barrios, "también militante del PSOE y vecino de Camas", añade que desde la Delegación de Empleo "se envió un fax" a un trabajador de la aseguradora Vitalia, compañía que gestionó las pólizas del ERE de Intersur, "adjuntando la documentación bancaria de este intruso". Por todo ello, la Audiencia rechaza el recurso argumentando que "de los datos objetivos indicados se infiere que es necesario depurar las posibles responsabilidades penales" de Antonio Rivas en cuanto a su posible participación en la inclusión de los tres 'intrusos' citados en el ERE de la empresa Intersur.

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