La juez María Núñez Bolaños ha abierto una nueva pieza separada de los ERE fraudulentos contra el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero por la ayuda sociolaboral de 1.442.260,56 euros concedida a la empresa cordobesa Peninsular del Latón, tratándose así de la segunda pieza en que la magistrada únicamente imputa al concedente de la ayuda y no a los beneficiarios de la misma.
En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla únicamente incluye como investigado en esta pieza separada de los ERE a Guerrero, lo que ya hizo el pasado mes de junio por la ayuda de 3.386.452,22 euros concedida a la empresa de Jaén Valeo Iluminación.
La instructora abre esta pieza, en la que «no consta la existencia de intrusos», para investigar las ayudas sociolaborales a favor de trabajadores de la empresa Peninsular del Latón, la primera por importe de 168.284 euros con fecha 4 de febrero de 2004, y la segunda por importe de 1.273.976,56 euros con fecha de 15 de mayo de 2009.
Al hilo de ello, la juez expone en este auto fechado el día 25 de julio y consultado por Europa Press que la empresa llevó a cabo dos ERE en los años 2003 y 2007, procediendo a la extinción de la relación laboral de ocho trabajadores en el primero de ellos y de 17 trabajadores en el segundo ERE.
En este sentido, explica que dichos expedientes son continuación de otros dos supuestos de extinción producidos en los años 1998 y 1999, donde 16 trabajadores de la empresa resultaron afectados.
Los expedientes fueron solicitados formalmente por la firma ante la Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía en Córdoba, a través de la cual se resolvió autorizar a la empresa la extinción de la relación laboral de los trabajadores.
En relación al ERE de 2003, la juez relata que la Dirección General de Trabajo concedió a la empresa una subvención específica por una cuantía de 168.284 euros con cargo a la partida presupuestaria 31 L, que se materializó a través de un convenio de colaboración suscrito el 4 de febrero de 2004 entre dicha Dirección General y el antiguo IFA.
En virtud de este convenio, se encomendaba la gestión del otorgamiento de la ayuda a la empresa «mediante la materialización singular de parte de las ayudas sociales que corresponden a los extrabajadores afectados, previéndose un pago único» de 168.284 euros.
Respecto al ERE de 2007, la instructora dice que fue el 18 de julio de ese año cuando la empresa lo solicitó formalmente ante la Delegación Provincial en Córdoba de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico a fin de poder extinguir la relación laboral de 18 trabajadores, «resultando posteriormente 17 trabajadores los que se acogen al expediente».
El día 15 de mayo de 2009, el entonces director de Trabajo, Juan Márquez, y el que fuera director general de IDEA, Jacinto Cañete, suscribieron un convenio de colaboración por el que se encomendó a IDEA el abono de las ayudas sociolaborales individuales a los extrabajadores de Peninsular del Latón.
Con ello, según la juez, se daba cumplimiento a la materialización en su totalidad del compromiso de ayudas individuales adquirido y que, en su conjunto, asciende a la cantidad de 1.273.976,56 euros, con cargo a la partida presupuestaria 31 L.
- Partido/Org: PSOE
- Lugar: Andalucía
- Coste aprox.: 1273976 €
- Total implicados: 0
- Año de los hechos: 2009
- Estado judicial: Abierto
