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Actualización del: 15/01/2021 (europapress)

La Audiencia de Granada fija para junio el juicio por las 'contrataciones fantasma' en Emucesa

La Sección Primera de la Audiencia de Granada ha señalado del 22 al 25 de junio el juicio contra los siete procesados por supuestas "contrataciones fantasmas" en la Empresa Municipal del Cementerio de Granada S.A. (Emucesa), en la anterior etapa de gobierno del PP en el Ayuntamiento, entre los que se encuentran los exconcejales del esta formación Eduardo Moral y María Francés.

En una diligencia de ordenación de la letrada de la Administración de Justicia, a la que ha tenido acceso Europa Press, se señala el inicio del juicio para el 22 de junio a las 9:30 horas.

La Fiscalía solicitó penas de seis años de prisión para Eduardo Moral y cinco años para María Francés por "realizar, presuntamente, contratos irregulares cuando fueron consejeros delegados" de la empresa, en el periodo 2003-2011 y 2011-2016. Francés ha llegado a un acuerdo previo por el que acepta parte de los hechos y dos años de prisión que deberá ratificar durante la vista, según han detallado a Europa Press fuentes del caso.

Para los otros acusados, los cinco contratados, la Fiscalía ha solicitado penas que oscilan entre los cuatro y los cinco años y seis meses de prisión, además de inhabilitación especial o absoluta para cargo o empleo público, tal y como detalla este viernes el diario "Ideal".

En su escrito de acusación provisional, el Ministerio Público acusa por delitos de falsedad documental, prevaricación, fraude en la contratación y malversación de caudales públicos. Señala que, con la finalidad de dar apariencia de legalidad a la recepción de dinero público por personas afines a los acusados o al partido y "liberar a cargo de la empresa pública unas cantidades mensuales en concepto de retribución económica", suscribieron contratos de "alta dirección" simulando "una relación laboral inexistente".

No obstante, "desde el momento de la firma de los sucesivos contratos, conocían, contratante y contratado, que el trabajo no iba a prestarse".

Los contratos 'fantasma' que se realizaron en la empresa del Cementerio durante la etapa del PP en el Ayuntamiento de Granada produjeron "un perjuicio real y objetivo en el patrimonio público" cifrado en 335.695,25 euros que fueron "indebidamente abonados", así como "indebidamente percibidos" e "indebidamente salieron" de las arcas municipales, según el informe de asesoría jurídica en el que se basa la personación del Ayuntamiento en las diligencias abiertas en el Juzgado de Instrucción número 9 de Granada.

El informe, con fecha del pasado 21 de marzo, al que ha tenido acceso El Mundo, responde a la existencia de contratos de alta dirección que firmaron los concejales del PP Eduardo Moral y María Francés, sucesivamente consejeros delegados de Emucesa, gestora del cementerio, a personas afines a este partido que no comparecieron -salvo en uno de los casos- en sus puestos de trabajo entre 2003 y 2011, año en el que la empresa que hasta entonces había sido de capital íntegramente municipal pasó a ser participada por un socio privado.

Los hechos descritos en el informe "dan cuenta, presuntamente, de una conducta gravemente irregular" por parte de los dos concejales, "al concertar individualmente, al menos con cinco personas, unos contratos laborales de alta dirección, en la práctica, inexistentes para Emucesa", en la medida en que "no ha quedado acreditado en forma alguna ni reflejado en los registros oficiales" de la empresa "ni la presencia laboral" de los contratados en su puesto de trabajo "ni ninguna prestación de servicios o actividad laboral de ninguna naturaleza".

Para la asesoría jurídica, no existe "ningún signo ni elemento fáctico ni jurídico" por el que se pueda reconocer la condición de trabajador por cuenta de Emucesa en los cinco contratados, por lo que "se trataría de una pura simulación de contrato" que pretendería reflejar como "real una prestación de servicios por cuenta y bajo la dependencia de una empresa a cambio de una retribución", en resumen "una pura apariencia o ficción con fines ajenos a los intereses públicos que gestiona Emucesa".

Seguridad Social

En este escenario, el informe apunta a posibles ilícitos en materia laboral y de Seguridad Social por "la supuesta acción concertada" de los dos concejales con las cinco personas "ficticiamente" contratadas. Además, la conducta de ambos podría constituir un ílicito penal previsto en el artículo 432 del Código Penal, según la asesoría jurídica municipal.

Con estos antecedentes, la asesoría jurídica municipal recomienda la personación del Ayuntamiento en las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción número 9 de Granada, tras denuncia de Emucesa, "ejercitando la acción penal como perjudicado y la condición de acusación particular". Así se pronunció por unanimidad el Pleno del Ayuntamiento de Granada, en una votación afirmativa de todos los concejales, entre ellos María Francés, que todavía se encuadra en el grupo popular.

Cargos directivos

A los contratados se les asignaron funciones de asesoría de proyectos y relaciones institucionales y con los medios de comunicación, pero su paso por Emucesa no dejó rastro ninguno, excepto en un caso. De los demás no se conoce ningún trabajo realizado ni recibieron instrucciones del director gerente "ni han asistido a la sede de la empresa a realizar ningún trabajo".

Y ello, a pesar de que todos los contratos excepto uno contenían una cláusula de "sometimiento del directivo a las directrices y coordinación del director gerente y en todos se establecía que el lugar de desempeño del trabajo "será las oficinas de la empresa, sin perjuicio de acudir a otros lugares que se les señalen". Además, el informe precisa que las relaciones que supuestamente debían mantener los contratados, por ejemplo con la Ruta de Cementerios Históricos, los medios de comunicación y otras instituciones "fueron llevadas personal y exclusivamente por el director gerente", en el ejercicio de las funciones que le eran propias desde la creación de Emucesa.

Durante el tiempo de vigencia de cada contrato se pagaron los salarios correspondientes, así como las cargas sociales legalmente establecidas a Andrés Palacios (110.473,63 euros), Carlos López (dos contratos, 69.053,88 y 39.213,06 euros), Ana María Navarro Tamayo (110.473,63 euros), Cristina García Carmona (67.569,59 euros), Laura Luna (16.863,80 euros) y Angustias Maldonado (32.521,29 euros).

Luna, García y Maldonado han presentado escritos donde ofrecen algunas explicaciones sobre sus actividades en relación a sus contratos. "De tales actividades no se ha hallado constancia ni referencia alguna en la sede de la empresa", añade el informe, que reseña, asimismo, que Laura Luna ha presentado nuevo escrito por el que reitera el anterior y "procede al reintegro" de 16.863,80 euros.

Investigada por el juez

La concejal María Francés ha defendido ante el Juzgado la legalidad de las contrataciones de dos puestos de alta dirección que realizó durante su etapa como consejera delegada de Emucesa, al declarar como investigada el pasado miércoles. Se trataba de "cargos de confianza de libre designación" que desempeñaron su labor y sobre los que "nunca nadie" puso "reparos" a su contratación o al pago de sus nóminas, ni el Consejo de Administración, ni la Gerencia ni en las auditores externas que se realizaron en aquellos años.

Por su parte, Eduardo Moral ratificó la pasada semana ante el Juzgado la legalidad de las contrataciones durante su etapa de gestión, incidiendo en que se trataba de puestos de confianza que sí trabajaron para la empresa y que no fueron elegidos por ser "afiliados o próximos al PP".

Emucesa dispone de espacios suficientes, añade el informe, para acoger trabajadores adicionales.

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