CASOSAISLADOS

Las diligencias previas 493/2016 que inició el Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona a instancias de la Fiscalía Anticorrupción alcanzaron en la madrugada del pasado 3 de julio de 2018 su punto culminante con una de las mayores maniobras policiales contra la corrupción que se recuerdan en España: más de 550 agentes policiales repartidos por ayuntamientos, despachos y domicilios de casi toda España con órdenes bajo secreto de sumario de actuar al unísono desde las 6.00 horas de la madrugada. Lo pilotaba la Unidad de Delincuencia Económica (UDEF) de la Policía Nacional. Nacía la 'Operación Enredadera'.

Un entramado que busca desentrañar y castigar penalmente "la trama corrupta y grupo criminal", según reza textual y muy elocuentemente el auto del juez Pablo Jesús Alonso García, que pivota en torno a la figura del empresario leonés José Luis Ulibarri Comerzana y su 'satélite' empresarial, el astorgano Ángel Luis García Martín, apodado 'El Patatero'. Tres juzgados, Badalona, Astorga y León, investigan presunta corrupción relacionada con contratación en materia de seguridad vial, gestión policial, parques infantiles, zonas verdes e instalaciones deportivas.

La operación, según el auto al que ha tenido acceso ILEÓN, ha salpicado de momento a la friolera de 43 ayuntamientos de toda España, cinco de ellos de la provincia de León, y una diputación provincial. Tanto la Policía como la oficina de información del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña han señalado que en la operación 'Enredadera' se han producido una cincuentena de "detenciones", fundamentalmente las de los investigados en alguna de las piezas que componen este puzzle de presunta corrupción municipal.

El macroproceso policial y judicial mantiene como investigadas en la pieza principal –la figura procesal antes conocida como imputadas- a 31 personas. De los 20 detenidos puestos a disposición judicial entre Badalona y Astorga, cuatro han ingresado en prisión sin fianza. Dos de ellos son los empresarios José Luis Ulibarri y Ángel Luis García Martín. Los otros 11 detenidos llevados a Badalona fueron puestos en libertad con cargos y con medidas cautelares como retirada del pasaporte y personación periódica en los juzgados. Los cinco de Astorga fueron puestos en libertad con cargos pero sin medidas cautelares.

En la lista total de investigados figuran 22 leoneses entre las tres piezas, entre los que se cuentan 12 políticos (de los partidos Partido Popular, Partido Socialista, Ciudadanos y la formación leonesista PAL-UL); 4 altos técnicos de ayuntamientos leoneses; un trabajador eventual en la Diputación vinculado a Ciudadanos, Sadat Maraña; y 4 personas tenidas por 'conseguidoras' y supuestas beneficiarias de los cuantiosos ingresos presuntamente ilegales conseguidos con contratos amañados. Éstos últimos se trata de los mencionados Ulibarri y García Martín, así como Miguel Hernán Manovel García y el empleado de 'El Patatero' Juan José Simón Callejo, exteniente de alcalde socialista de Astorga y conocido deportista y comentarista deportivo.

Los demás no leoneses de la lista de los más relevantes del caso, que han ido desfilando ante el Juzgado de Badalona, son los siguientes: Celestino Martín Alonso, jefe del Servicio de Tecnologías y Comunicación del Ayuntamiento de Sant Mollet del Vallés; Tomás Cabrejas Romera, exconcejal del Ayuntamiento de Montgat (Barcelona) policía local desde 2000 y cabo desde 2008, delegado del personal funcionario y responsable de las policías locales de Cataluña de UGT; Gerardo Feijóo Feijóo, domiciliado de La Coruña; José Francisco Cano de la Vega, jefe de Policía Local de Fuenlabrada; Óscar Elvira Gabriel, director de Unidad de Negocio en la empresa de Ulibarri Valoriza Servicios Medioambientales; Roberto Legazpi Gálvez, delegado en Aplicaciones Gespol Valoriza Servicios Medioambientales; José Alberto Bueno Regodón, apoderado en las empresas Bilbomática y Gespol, y su hermano Carlos Bueno Regodón, delegado de zona de Aplicaciones Gespol Grupo Sacyr, y Pablo de Ingunza Castellanos, apoderado de Icamotor Venta de Automóviles SL.

El operativo no es fruto de ninguna improvisación, al contrario: su origen data de hace ya dos años. El auto deja claro que las sospechas sobre Ulibarri y su entramado provocaron la decisión de establecer numerosas escuchas telefónicas debidamente autorizadas, 'pinchazos' que han permitido a la investigación medir el enorme alcance de los manejos de la trama. Gracias a ellos se elaboró la amplia lista de posibles municipios afectados, los nombres de los principales implicados y de quienes, en los ayuntamientos, sucumbieron presuntamente a los chanchullos a través de doce empresas diferentes, vinculadas a Ulibarri o García Martín.

Lo que buscaba la Policía en sus registros, entre otras cosas, son pruebas sobre la contratación municipal relacionada con los 'conseguidores'. Las empresas son Aplicaciones Gespol, Bilbomática, Valoriza Servicios Medioambientales, vinculadas al Grupo Sacyr; Grupo Agema Ingeniería y Servicios, Utebo Servicios de Gestión, Arco Capital Fund, Integración de Servicios Administrativos y Anento Servicios de Gestión, como parte de las de Ángel Luis García 'El Patatero'; Enaltar, Arcor y Aralia Servicios Sociosanitarios, por parte de José Luis Ulibarri; por último hay otra sociedad más investigada, Vehículos Equipamientos y Carrocerías Prieto Puga.

La lista completa de todos esos 43 ayuntamientos 'salpicados' y que ahora se investigan se divide en dos grupos. Pero en todos ellos se ha buscado, por orden judicial, documentación desde el año 2010, hasta ocho años atrás. Por un lado están aquellos municipios en los que el 3 de julio entraron la UDEF, la Sección de Delincuencia Tecnológica y la colaboración de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) y la Agencia Tributaria, según consta en el auto.

Son 25, donde los indicios eran tales que había que practicar registros muy detallados y en muchos casos con presencia obligatoria de las personas vinculadas. Fueron los casos de San Andrés del Rabanedo, Villaquilambre, León, Astorga y Villarejo de Órbigo, dentro de la provincia leonesa; así como los consistorios de Lleida, Mollet del Vallés y Tiana en Cataluña; Alcobendas, Arroyomolinos; Fuenlabrada, Guadarrama, Hoyo de Manzanares, Majadahonda, Parla, Pinto, Torrelodones y Villanueva de la Cañada en la Comunidad de Madrid; Illescas en Toledo; Palencia en Castilla y León; Huesca y Teruel en Aragón; Oviedo en Asturias; Plasencia en Cáceres; y Vélez-Málaga.

En buena parte de ellos, además de despachos municipales y cuarteles de policía local, se idenficó ya con nombres y apellidos a los considerados judicialmente como "investigados". Así es como aparecían los nombres en San Andrés del Rabanedo – el tercer mayor municipio de la provincia- de la alcaldesa, María Eugenia Gancedo, los concejales también socialistas Miguel Ángel Flórez y Santiago Blanco, el de Ciudadanos Juan Carlos Fernández y el del PAL-UL Francisco Gómez, que cogobierna con el PSOE. Aquí también se implicó al alto técnico municipal José María Pérez Martínez. Con seis "investigados", San Andrés es el municipio español con más implicados, según la orden del juez.

En León capital, como se insistía desde la Alcaldía aquel mismo día, no hubo detenciones en un registro que duró sobre 15 horas y recabó documentación de todo tipo de los despachos, teniendo precintados hasta su registro los del concejal del PP José María López Benito y los de los arquitectos municipales Miguel Martínez Puente y Javier Herrero.

En la capital leonesa se investiga otra pieza separada derivada de la principal, sobre la que pesa igualmente el secreto de sumario, en el Juzgado de Instrucción número 1 de León capital. En ésta tendrá que declarar como investigado en el mes de septiembre el concejal de Infraestructuras y Deportes, José María López Benito 'Yiyo'. Junto a él deberán dar explicaciones los otros dos altos funcionarios a los que se precintó el despacho.

El registro en el mayor ayuntamiento de León fue exhaustivo y abarcó varias dependencias municipales. Del edificio de Ordoño II la Policía salió 15 horas después de su entrada con 9 cajas y abundante material digital intervenido.

En el Ayuntamiento de Villaquilambre estaban "investigados", y por lo tanto estuvieron bajo custodia policial durante los registros en todos sus ámbitos de trabajo, el alcalde del PP y parlamentario autonómico en las Cortes de Castilla y León, Manuel García Martínez, la concejala Mónica Varón Valle, y el responsable del área de Informática Jesús de Celis de Celis. El primero es el más protegido jurídicamente, ya que al ser procurador autonómico está aforado y eso supone que sólo un tribunal del nivel del Superior de Justicia (TSJ), y no uno ordinario como el de Badalona, podría actuar contra él. De hecho en un comunicado el regidor ha tildado de 'ilegal' su detención por ser precisamente aforado.

Mientras, de manos no del Juzgado 2 de Badalona que centraliza el caso sino ya en una pieza separada, del Ayuntamiento de Astorga se consideraron "investigados" otros cuatro políticos: el alcalde del PP, Arsenio García; los concejales Manuel Ortiz y Javier Guzmán; y el socio de gobierno Pablo Peyuca González, del Partido Autonomista Leonés PAL-UL. Los cuatro, dentro de esta pieza, ya comparecieron ante la jueza del Número 2 de Astorga al día siguiente, quien decretó su libertad incondicionada pero con cargos penales. Una situación idéntica al alcalde del municipio de Villarejo de Órbigo, Joaquín Llamas, del PSOE.

Del resto de España, y siempre según el auto mencionado, en Mollet del Valles (Barcelona) se considera investigado al jefe de Tecnología Celestino Martín Alonso; en el Consistorio de Tiana (Barcelona) al político Tomás Cabrejas Romera; en Alcobendas (Madrid) al jefe de Policía Local Julio Villegas Rueda; en Arroyomolinos (Madrid) al alcalde de Ciudadanos Carlos Ruipérez Alonso, el teniente de alcalde Juan José González Arroyo y la técnico María José Ruiz; en Fuenlabrada (Madrid) a José Francisco Cano de la Vega, también jefe de la Policía Local; en Majadahonda (Madrid) a Jaime José López Ruiz, responsable de Nuevas Tecnologías; en Parla (Madrid) a Longinos Cortijo Pulido; en Pinto (Madrid) a Miguel Ángel Asensio Martín, policía local; en Villanueva de la Cañada (Madrid) a María Julia Tortosa de la Iglesia, concejala del PP; en Illescas (Toledo) a Elvira Manzaneque Fraile –teniente de alcalde y diputada provincial por el PSOE- y Salvador Abengozar Ramiro, policía local; en el Ayuntamiento de Huesca al intendente de la Policía local Alberto Aniceto Edroso Martínez; en Oviedo también al jefe de la Policía Local José Manuel López García; en Plasencia (Cáceres) al policía local Pedro Maroto Paillole; y en Vélez-Málaga a José Andrés Montilla de Hombre, también máximo responsable de la Policía Local.

Fuente