El levantamiento del secreto de sumario del conocido como caso Erial, por el que Eduardo Zaplana fue encarcelado el pasado mayo -y puesto en libertad hace escasos días-, ha permitido conocer el detalle de varios movimientos del exministro durante la investigación que ha dirigido el Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia.
La causa indaga en un entramado creado para el presunto cobro de comisiones derivadas de la concesión de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), realizadas en 1997 durante la gestión de Zaplana al frente de la Generalitat, y del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, puesto en marcha en 2003. El dinero obtenido se habría desviado posteriormente a sociedades en el extranjero, ocultándolo en cuentas, con la intención de retornarlo a España.
Los delitos que podrían haberse cometido son los de cohecho continuado, prevaricación, blanqueo de capitales, organización o grupo criminal, asociación ilícita, tráfico de influencias y fraude en la contratación.
La magistrada, la Fiscalía Anticorrupción y la UCO colocan al exministro como el centro de todo el entramado del caso Erial. Para la juez, se prevalió del cargo que ostentó «haciendo partícipes al resto de los investigados, pues los necesitaba para que desempeñaran determinados papeles». Así, señalan a Francisco Grau y Joaquín Barceló como testaferros, y a Vicente y José Cotino como los encargados de las empresas que sirvieron para el desvío de fondos. De todos estos hechos habrían sido conocedores la mujer de Zaplana,Rosa Barceló; la secretaria, Mitsouko Henríquez; y la mujer de Joaquín Barceló, Felisa López.
Imision Internacional e Inversiones Imision fueron dos de las sociedades clave en la operativa. Constituidas en Luxemburgo en 2001 con un mes de diferencia, pasaron a ser controladas por la familia Cotino, según los investigadores. La primera estuvo gestionada por Beatriz García Paesa, la sobrina de espía Francisco Paesa, quien entregó al exdirector de la Guardia Civil, Luis Roldán. Un mes después de la constitución de ambas, en julio de 2001, la Generalitat aprobaba el Plan Eólico.
En total, la Guardia Civil cifra en 10,5 millones de euros el montante total de los presuntos sobornos y calcula que, de los hechos examinados, el grupo Sedesa habría obtenido ingresos por más de 86,5 millones de euros por la venta de activos de las ITV y el Plan Eólico tras su adjudicación. También Sedesa abonó durante los años 2005 y 2006 a Imision Internacional 6,4 millones de euros, utilizando beneficios de las ITV.
El correo dirigido a Juan Cotino
Las mayores beneficiarias de las adjudicaciones fueron las de la familia Cotino (correspondientes a Vicente y José, sobrinos del exdirector general de la Policía Juan Cotino).
La Guardia Civil hace una mención especial a este último por un correo a una cuenta del Ministerio del Interior que aparece dirigido a él en su época al frente de la Policía. Se trata de un documento a ordenador con tachaduras en el que, según la UCO, se establecen los pasos dados para conseguir la contratación de los parques eólicos «con el propósito último» de obtenerla «fraudulentamente».
Como otro de los partícipes aparece el que fuera jefe de Gabinete del expresidente de la Generalitat, Juan Francisco García. El grupo Sedesa -de la familia Cotino- le habría abonado sobornos por valor de 2,3 millones a través de dos empresas (Fenix Investiments y Dobles Figuras). Esta cantidad resulta relevante por un hecho posterior: Fenix fue liquidada en 2012, siendo García el titular de las participaciones, valoradas justamente en 2,3 millones. Ese dinero retornó a España en ese mismo año al acogerse a la amnistía fiscal del entonces ministro Cristóbal Montoro, y se ingresaron en una cuenta del investigado y su esposa.
Para pagar las mordidas, existirían dos operativas: compraventa ficticia de participaciones y facturación a empresas por prestaciones de servicio inexistentes. El dinero desviado se ocultaba en cuentas con la intención de retornarlo a España a través de empresas (Costera del Glorio, Medlevante, Geodesarrrolos Integrales y Turnis Sylvatica). La Fiscalía y la UCO apuntan a que se ha acreditado la vuelta de 2,9 millones de euros.
Para todo ello, Zaplana se habría valido de nueve sociedades: Imison International, Felix Investment, Inversiones Imison, Servicios de Excavaciones (ahora Asedes Capital), Valenciana de Revisiones, Levantina de Obras y Servicios, Proyectos Eólicos Valencianos, Inversiones Impega y Poinds Net.
Escuchas telefónicas
Durante la instrucción, la magistrada ordenó varias escuchas a Zaplana. La más destacada se produce entre él y el abogado Fernando Belhot. El origen de su relación proviene posiblemente de que participó junto al exministro y el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, en un negocio de comercialización de un producto de desinfección de aguas que intentaban efectuar.
La colaboración, al parecer, se habría extendido a los trabajos que indaga el caso Erial. Belhot, investigado en la Operación Lezo, es considerado testaferro de González, quien acabó en prisión. La juez interceptó una conversación telefónica en la que se comentaba un encuentro próximo entre el abogado y Zaplana, quien evita hablar abiertamente de sus negocios por teléfono. Con la sospecha de que esa cita podría resultar clave, autoriza una escucha ambiental. La reunión tuvo lugar el 18 de abril de 2018 en el Hotel Wellington de Madrid.
En ella, Zaplana le explica a Belhot sus problemas de liquidez y le comenta que Ignacio (González según la UCO, aunque éste lo niega en un comunicado) no le está dando «dinero de Andorra». La causa aparente es que abonaba mensualmente 3.000 euros a una empresa de comunicación. Posteriormente, Belhot le menciona algo relacionado con «billetes de 500», a lo que Zaplana le responde: «Bueno, si son de 50 los puedo...», en referencia seguramente a los billetes. Y, a continuación, hablan de plazos. Le dice Belhot que se los puede ir devolviendo «de poco a poco» y el exministro le solicita que «en un mes mejor».
El papel del abogado no pasa desapercibido para los investigadores. La juez, en uno de sus autos, lo señala como administrador de una de las sociedades extranjeras a las que podría haberse llevado parte de los fondos no localizados relativos a toda la mecánica de presuntos sobornos y blanqueo.
- Partido/Org: PP
- Lugar: Comunidad Valenciana
- Coste aprox.: 10500000 €
- Total implicados: 0
- Año de los hechos: 2005
- Estado judicial: Abierto
