CASOSAISLADOS

Un año después de que el caso de las mordidas de la Fundación Guadalquivir Futuro llegase a los juzgados de lo penal, la práctica de la entidad afín al PSOE, se encuentra más que analizada. Uno de los documentos más descriptivos, que hasta ahora no se había conocido, es el informe íntegro de la Inspección de Trabajo que realizó un duro dictamen tras conocerse el caso en una serie de informaciones publicadas por ABC a partir de abril de 2016.

El documento constata que la práctica de cobrar «donaciones» no era una cuestión que se asignaba a un grupo concreto de trabajadores sino que tenía carácter universal en la organización no gubernamental y en las dos entidades satélite, Jóvenes hacia el Futuro y la asociación de vecinos Nuevo Guadalquivir, que también fueron investigadas a fondo sobre esta materia.

Lo que pudo constatar la Inspección de Trabajo es que se justificaron pagos por supuestas donaciones por valor de unos 20.000 euros en apenas seis meses y siempre con cargo al plan Emple@, una iniciativa de la Junta de Andalucía para buscar un puesto de trabajo. Esa es la parte que aparece documentalmente justificada en el apartado de donaciones pero no es el total. La razón es que los trabajadores con más formación pudieron forzar a la organización a que realizara algún sistema de constatación documental de los pagos.

Eso no ocurrió así con el personal de limpieza o de ayuda a domicilio, fundamentalmente mujeres, a las que directamente se les descontaba una parte del salario correspondiente a las tres horas diarias que no trabajarían.

Según los testimonios recabados por la Inspección, los salarios más altos tenían una imposición fija del 25 por ciento, lo que en algunos casos superaba los 450 euros al mes. En los salarios más bajos, el porcentaje se iba al 35 por ciento al descontar una hora más.

Los testimonios recabados por los responsables de la investigación aseguran que el salario oficial, financiado por la Junta de Andalucía en su totalidad, era de 850 euros al mes aunque lo que se llegaba a percibir eran 550 euros. Estas personas, afirma el informe, no tienen documentación que acredite las mordidas al formar parte de un grupo menos reivindicativo.

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