Diecisiete años después de que el Ayuntamiento de Madrid (PP) acordara vender por 100 pesetas (0,60 euros) el 49% de la funeraria municipal a la empresa privada Funespaña, la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado al entonces primer teniente de alcalde, Luis Huete Morillo (PP) por prevaricación, es decir, por adoptar una resolución injusta lesiva para las arcas públicas a sabiendas de que lo era. La pena, de dos años y un día de inhabilitación para ejercer cargo público,se ha visto reducida para compensar al condenado por las “dilaciones indebidas” del proceso.
La pena impuesta posee escaso valor práctico: Huete, que también fue diputado autonómico en Madrid por el PP, acaba de cumplir 79 años. Otros dos ex concejales del PP, Simón Viñals y Antonio Moreno, han salido absueltos. La Fiscalía pedía para los nueve acusados 82 años de cárcel en total y el pago de 18 millones de euros.
La sentencia, difundida ayer, confirma que el presidente de Funespaña hasta abril de este año y asesor municipal en la venta de la funeraria, José Ignacio Rodrigo, incurrió en tráfico de influencias. Y en un segundo delito: contra la Hacienda pública, al igual que el actual vicepresidente ejecutivo de Funespaña y su consejero delegado, los hermanos Juan Antonio y Ángel Valdivia Gerada, respectivamente. Pero la Audiencia los absuelve a los tres porque ambos delitos ya han prescrito.
Según el Boletín Oficial del Registro Mercantil (Borme), Juan Antonio Valdivia Gerada fue ratificado en octubre de 2007 como consejero de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid SA, donde el ayuntamiento se mantiene como socio mayoritario con el 51% de las acciones. A la pregunta de qué hará el consistorio con Funespaña y Valdivia tras esta sentencia que constata gravísimas irregularidades en la privatización de la funeraria municipal, una portavoz del equipo de gobierno aseguró que todavía “es pronto” para responder.
La Audiencia considera probado que Funespaña habría tenido que pagar 1.236 millones de las antiguas pesetas (7,4 millones de euros) si el ayuntamiento, entonces gobernado por José María Álvarez del Manzano, hubiera atendido las advertencias del interventor municipal. Pese a su propio razonamiento, el tribunal sostiene que ninguno de los tres ediles acusados incurrió en malversación de caudales.
La sentencia no entra en averiguaciones sobre el porqué de aquella operación, que terminó dando lugar al denominado caso Funeraria. Es decir, no explica qué significa afirmar que el ex concejal Huete “eligió aquella [propuesta de compra, la de Funespaña] que convenía a su interés y no al interés general”.
- Partido/Org: PP
- Lugar: Comunidad de Madrid
- Coste aprox.: 7400000 €
- Total implicados: 6
- Año de los hechos: 1992
- Estado judicial: Cerrado con condenas
