CASOSAISLADOS

Cuando parecía que apenas quedaba un hilo de luz en la puerta del caso Glass Costa, la Fiscalía de Gipuzkoa ha empujado la misma para abrirla de nuevo de par en par. El ministerio fiscal ha remitido al juez su escrito de acusación y petición formal de pena para los principales acusados, el exdirector de la Hacienda de Gipuzkoa entre 1992 y 2003, Víctor Bravo, y el administrador de la compañía, Fernando González, para los que solicita dos años de prisión por tres delitos contra la Hacienda pública. En el escrito remitido al Juzgado de Instrucción número 1 de Donostia, y al que ha tenido acceso DV, la Fiscalía solicita también una multa de 2,75 millones de euros, y una indemnización conjunta de casi 1,4 a la Hacienda Foral de Gipuzkoa correspondientes a la cuota defraudada.

El caso se remonta al año 2001, cuando, siempre según la denuncia presentada por la Fiscalía en 2009, la firma Glass Costa Este Salou se constituye en San Sebastián como sociedad cabecera del grupo F&G, que controla el 100% de 18 empresas dedicadas a la promoción, construcción y explotación inmobiliaria. La compañía se acogió al régimen especial guipuzcoano de Sociedades de Promoción de Empresas (SPE), que conllevaba importantes beneficios fiscales, a pesar de que Glass Costa no realizó ninguna actividad en este territorio.

El juzgado inició las diligencias previas en ese mismo 2009, pero el proceso encalló en abril de 2011 cuando el juez instó a las acusaciones a presentar cargos contra los implicados. Bravo confiaba entonces en que el procedimiento «se archive o que la fase de instrucción se prolongue durante años para acabar diluyéndose en el tiempo». No ha estado lejos de confirmarse su predicción, ya que la petición de apertura de juicio no ha llegado hasta seis años y medio después.

Ha sido la Fiscalía de Gipuzkoa la primera que ha remitido su escrito de solicitud de penas al juzgado donostiarra -a la causa pueden presentarse también como acusación la Agencia Tributaria, la Diputación y las Juntas Generales-. En el mismo explica de forma detallada los pasos dados por la compañía para establecer su sede «ficticia» en el territorio y beneficiarse así del régimen especial para SPE. El Ministerio Fiscal apunta que «ambos acusados -González, administrador con el 80,3% de las participaciones, y Bravo, con el 7,1%- planificaron la forma en la que 'Glass Costa Este Salou, S.L.' pudiera disfrutar ilícitamente del Régimen Especial de Sociedades de Promoción de Empresas, régimen que representaba considerables ventajas fiscales a los acusados».

La acusación explica que «ambos acusados pergeñaron (...) una estrategia para burlar los requisitos exigidos por la Norma Foral y simular que el domicilio fiscal -de la empresa-, y el suyo propio se hallaba en Gipuzkoa». Se apunta que la sede de la compañía («sin actividad alguna en Gipuzkoa») se fijó en una especie de «nicho de empresas», ya que el inmueble en el que quedó fijada, propiedad de las asesorías Alt Norte y Cialt Asesores, daba cobijo «a otras 81 sociedades mercantiles». Además, el propio administrador de la compañía debía domiciliarse en el territorio, de forma que tanto él como su esposa hicieron constar que se habían establecido en un inmueble propiedad de Víctor Bravo.

Después de estas dos acciones, «se solicitó y se obtuvo sin obstáculo la concesión» para que la entidad pudiese tributar en el regimen de SPE. La Fiscalía considera patente la «simulación domiciliaria» llevada a cabo por los acusados y que llevo a Glass Costa Este Salou a beneficiarse fiscalmente de distintas acciones ejecutadas entre los años 2003 y 2006 lo que provocó, según la petición de indemnización incluida, un fraude de 1.392.932 euros al fisco guipuzcoano.

Deberá ser el juez ahora el que de luz verde al inicio del juicio oral, aunque se está a la espera de que el abogado del Estado pueda presentar en los próximos días un escrito de acusación en nombre de la Agencia Tributaria, o decrete el sobreseimiento de la causa.

La reapertura del caso Glass Costa devuelve a la actualidad la figura de Víctor Bravo, que fue director de la Hacienda guipuzcoana entre 1991 y 2003, y senador del PNV por el territorio entre 2004 y 2007. Bravo dimitió de su puesto en el Senado por la apertura de un procedimiento penal por el fraude de la Hacienda de Irun y que implicó a su hermano Jose María, quien fue condenado en 2012 a 11 años de prisión (posteriormente rebajados a 10 por el Supremo). La labor de Víctor en la Hacienda foral fue reprobada por las Juntas Generales, al considerar que el regimen de las SPE fue «un coladero» para decenas de empresas y que apenas aportó nada a la economía del territorio.

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