CASOSAISLADOS

Caso Harrag es 23 personas arrestadas finalmente en un caso que también ha salpicado a Navarra y La Rioja. Se les acusa de expedir falsos certificados del padrón para venderlos luego a inmigrantes irregulares a entre 12.000 y 15.000 euros.

Ana, la funcionaria moratallera, presuntamente la encargada de emitir estas falsas documentaciones. Todos la conocían por 'La Señora'.

La Guardia Civil ya ha dado carpetazo a la 'Operación Harrag' que hace cerca de dos semanas revolucionó Moratalla con la detención de un ex edil socialista y una funcionaria de la localidad. La 'Operación Harrag' se inició en el 2012 a raíz de la identificación de varios inmigrantes en la zona de La Ribera de Navarra con documentación 'sospechosa'. La investigación arrojó enseguida la existencia de un grupo delictivo «perfectamente organizado y jerarquizado» que se dedicaba a facilitar documentación para la regularización de ciudadanos del Magreb que se encontraban en la Región irregularmente.

Esta documentación, sin embargo, era falsa. La banda se encargaba de la falsificación de certificados de empadronamiento, contratos de trabajo y nóminas de ciudadanos magrebíes que, con esa documentación, solicitaban el permiso de residencia en España. La red se encargaba, a menudo, de captar a los inmigrantes indocumentados.

En otras ocasiones, lo lograba a través de otros inmigrantes que los ponía en contacto a cambio de alguna comisión. Una vez establecido el contacto, el inmigrante hacía entrega de una fotocopia de su pasaporte y de un certificado de empadronamiento que, en algunas ocasiones, había sido conseguido por un miembro de una asociación de inmigrantes con sede en la localidad navarra de Tudela. Esta documentación era entregada a una funcionaria del Ayuntamiento de Moratalla, conocida entre los investigados como 'La Señora', que se encargaba de expedir un certificado en el que constaba que el inmigrante había estado empadronado en distintos domicilios de la localidad durante el tiempo suficiente exigido para poder solicitar el permiso de residencia por arraigo social.

Una vez realizado el pago total del dinero exigido, entre 12.000 y 15.000 euros, esta documentación era entregada a los inmigrantes. Más tarde y también a cambio de otra gran cantidad de dinero, los miembros de la red les conseguían contratos de trabajo o nóminas, valiéndose para ello de empresarios del sector agrícola, que también formaban parte de la red y que recibían importantes cantidades de dinero a cambio de proporcionar estos contratos de trabajo.

Para no levantar sospechas de la Administración los inmigrantes procedían de distintas comunidades autónomas y provincias, entre las que se encuentran Navarra, La Rioja, Zaragoza, Huesca, Lérida, Barcelona, Huelva, Cáceres y Soria, de forma que cada uno tramitaba su documentación por sus correspondientes oficinas. Igualmente, se ha descubierto que la red facilitaba contratos de trabajo o nóminas a extranjeros que ya se encontraban en situación regular en España, pero que necesitaban esos documentos, bien para renovar sus permisos de residencia o bien para realizar reagrupaciones familiares. Se han efectuado un total de 20 registros en domicilios y empresas incautando numerosa documentación.

Se habla de un coste de 40.000 euros a las arcas públicas, aunque también se cifra en 120 millones de euros recaudados por la trama más 48.100.000 blanqueados, un posible total de 168,1 millones de euros.