CASOSAISLADOS

usto a las puertas de la Cabalgata de los Reyes Magos, la senadora del PP Pilar Barreiro y varios de los principales concejales en su etapa de alcaldesa de Cartagena han protagonizado un auto. Y, a su pesar, no ha sido el de los Reyes Magos, sino uno donde reciben carbón judicial por una causa de presunta corrupción. La titular del Juzgado de Instrucción 1 de Lugo, Pilar de Lara, instructora del 'caso Pokemon', ha citado a declarar como investigados (antes imputados) a cuatro exediles del PP, por realizar viajes pagados por la concesionaria del servicio municipal de aguas, Hidrogea (antes Aquagest), de 2005 a 2012. Y, además, ha ofrecido a Barreiro, que está aforada ante el Supremo y por lo tanto no puede ser imputada en el juzgado gallego, que se persone en el procedimiento, dado que se investiga si la exregidora favoreció a la citada empresa.

La magistrada aprecia indicios de los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho en Agustín Guillén, exconcejal de Hacienda y exvicealcalde, imputado ya por prevaricación en el 'caso Novo Carthago'; María Ángeles Palacios, exconcejal de Hacienda y exconsejera de Sanidad; José Vicente Albaladejo, exedil de Infraestructuras, y José Cabezos, exedil de Hacienda y exvicealcalde. Todos ellos serán interrogados por videoconferencia el 7 de mayo, por los desplazamientos «de placer» a Nueva York, Atenas, Mallorca, Barcelona, Zaragoza, Málaga y Madrid. La juez también interrogará como investigado al funcionario jubilado José Padial, exjefe de Infraestructuras, y a los directivos de Hidrogea (que pertenecía al grupo Aguas de Barcelona -Agbar- y ahora a Suez) Luis Rodolfo García y José Albaladejo.

En un auto fechado el 3 de enero y comunicado ayer a las partes, la magistrada acepta la petición del servicio de Vigilancia Aduanera de Galicia que, como adelantó 'La Verdad' en noviembre, considera que políticos y responsables de la empresa encargada del suministro y la depuración de agua gozaron de «viajes de placer», a modo de «continuo pago de prestaciones de servicios».

La magistrada ha ofrecido a la exalcaldesa la posibilidad de personarse en la causa, con un abogado, para conocer todo lo relativo a la investigación sobre ella, que viajó a Nueva York en 2008 con cargo a la empresa. Además, pedirá al Senado que confirme la condición de senadora de Barreiro y ofrecerá a esta personarse en la causa, porque «podría haber tenido participación activa en la toma de decisiones que habrían beneficiado al grupo empresarial investigado».

Asimismo, según lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, dispone que si «le interesa pueda ejercitar debidamente su derecho de defensa y recabar la información procesal que resulte conveniente, sin perjuicio de que si procediera se elevará la correspondiente exposición razonada al Tribunal Supremo». El miércoles, el TS citó a Barreiro como imputada por varios delitos en el 'caso Púnica', para que sea interrogada el próximo día 15. Ciudadanos exigió al PP su dimisión para aprobar los Presupuestos Generales del Estado.

Como testigos, tendrán que declarar también por vía digital el 7 de mayo M. A. C. y M. P. L., esposas del exconcejal Guillén y del ejecutivo García; J. M. R., esposo de Palacios; y M. D. S., esposa de Antonio Jesús Navarro, exdirector de Aquagest en Cartagena. De igual forma, la instructora ha pedido al Consistorio información sobre los cargos que ocupó María Dolores Soler, exedil de Infraestructuras y exdiputada regional del PP, quien también fue de viaje.

En su resolución, la juez se hace eco de un informe de Vigilancia Aduanera (organismo de la Agencia Tributaria) del 4 de octubre. Este detalla, a partir del estudio de facturas de una agencia de viajes contratada por Aquagest y de documentación municipal y de la empresa de aguas, un presunto trato de favor a esta en la prórroga del servicio durante 25 años (desde 2017 a 2042) y la realización de obras millonarias. Aduanas explicó que los viajes a distintas ciudades de España, Europa y América que, desde 2005 a 2012, disfrutaron Barreiro y otros cinco concejales tuvieron lugar antes y después de que esos políticos tomaran «una serie de decisiones que han beneficiado a la empresa Aguagest, ahora Hidrogea».Los agentes citan los billetes de avión, alojamiento en hoteles, cuestiones «alimenticias», «excursiones, etcétera» de viajes como el de abril de 2008 a Nueva York de Barreiro, Guillén y Palacios, ya entonces consejera.

Rama del 'caso Pokemon'

Tres meses antes, Hidrogea vio cómo la Junta de Gobierno Local aprobó invertir más de 12,5 millones de euros en infraestructuras con cargo a las tarifas de 2009 y 2010. Cuatro años antes, el Pleno autorizó en noviembre de 2003 una prórroga, a pesar de que existía un informe en contra del Consejo Jurídico de la Región de Murcia. Votaron a favor el PP, el PSOE salvo dos concejales que se ausentaron e Izquierda Unida. Se abstuvo MC.

En esta rama del 'caso Pokemon', que afecta también a los municipios de Murcia y Lorca y que engloba a varias provincias, la magistrada ha autorizado a Aduanas a aportar datos económicos y fiscales desde el año 2000 de imputados, testigos y otros empleados de Hidrogea. E insta al Ayuntamiento a aportarle abundante información sobre cuestiones como las «obras e inversiones comprometidas por la concesionaria en sus contratos» y las «actas de recepción»; la auditoría de costes; la negociación de la prórroga; y la «identificación de los funcionarios que aprobaban los estudios de tarifas».

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