CASOSAISLADOS

Según recoge esta semana El Confidencial.com, la Fiscalía de Madrid viene investigando desde el pasado mes de noviembre un fallido ‘pelotazo urbanístico’ que la Universidad Antonio de Nebrija proyectó hace 16 años en el campus que tiene el municipio de Hoyo de Manzanares, donde pensaba construir 118 viviendas. Tras varios meses de investigación, el pasado 24 de julio el ministerio público solicitó al juzgado decano de Colmenar Viejo que citara como investigado (nueva figura jurídica de la imputación) a 23 personas, entre ellas gran parte del actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Hoyo, del Partido Popular, con su alcalde, Ramón Regueiras, a la cabeza, y a los dos arquitectos representantes de la universidad. También esta denunciada una edil de Ciudadanos. La Fiscalía acusa a todos ellos de prevaricación. La citación se puede producir este mismo mes de septiembre.

Un portavoz de la universidad asegura, sin querer aportar más datos, según dice El Confidencial, que aún no ha recibido noticia alguna de la Fiscalía y que su actividad es la docencia, “no la construcción de viviendas”, a pesar de que el Pan Parcial S-49 ‘Campos de la Berzosa’, promovido por este centro esté aprobado en el BOCM desde marzo del año 2001 y prevé una edificabilidad de 23.000 metros cuadrados que se traducen en 33 viviendas agrupadas y 85 aisladas. En realidad, el problema no está en los pisos proyectados en suelo generado por la universidad, sino en la parcela que iba a utilizar para construir un acceso directo a la nueva zona universitaria de las viviendas y que es imprescindible para evitar que afecte al tráfico de la Urbanización La Berzosa. Este acceso uniría la A-6 con los pisos.

Al respecto, la Universidad representada por dos arquitectos que también están denunciados por la Fiscalía, presentó en noviembre de 2013 el proyecto de segregación de la parcela que tienen en el número 1 de la Avenida de Asturias (Avenida de La Berzosa), segregación que es imprescindible para ceder parte del suelo al Ayuntamiento, y que se puede construir una carretera que comunique la Vía de Servicio de la A-6 y el ámbito G-49, la vieja aspiración de la inmovilidad para levantar las 118 viviendas. Pero según la Fiscalía “los representantes denunciados eran plenamente conscientes de que la actuación urbanística era ilegal y no obstante promovieron su aprobación, atribuyendo esta decisión al Ayuntamiento”.

Entre los denunciados está el alcalde de Hoyo de Manzanares, José Ramón Reguerias (PP), la concejal de Urbanismo, Belén Gómez (que es arquitecta), la edil de Medio Ambiente, Mónica Díaz Jiménez (también arquitecta) y los ediles Juana de Lozar, Victoria Barcerasa, Ana M. Lorenzo y Elena Talavera (Ciudadanos). La Fiscalía también ha denunciado a los ex concejales Daniel Lorena y Susana Segovia. Todos ellos por estar en la Junta de Gobierno y en el Pleno, dos órganos donde se aprobó la segregación (que no cumplía con la Ley) y la posterior concesión de las licencias. El Ministerio Público quiere que también se cite como investigado a un técnico municipal, y a los dos arquitectos de La Nebrija.

El problema es que la Junta de gobierno Local y después el Pleno (aquí con los votos del PP y Ciudadanos) aprobaron la segregación presentada por la Universidad y la posterior modificación de las Normas Subsidiarias del municipio sabiendo que vulneraba varios artículos de la Ley de Suelo de 2001 y la Ley de Rehabilitación Urbana de 2015, según la propia Fiscalía. Todo se aprobó basándose en una operación ‘fraudulenta y que ni siquiera había cumplido la condición de que la cesión del suelo al Ayuntamiento para el viario fuese inscrita. “Así se le ha advertido al Partido Popular. Que la operación no era legal”, señala el portavoz de Unidos Podemos por Hoyo, partido que presentó la denuncia inicial.

Es más, la Comunidad de Madrid en mayo de 2016 devolvió al Ayuntamiento todo el expediente urbanístico debido a su inviabilidad ya que la tramitación acordada no cumplía la ley. Por eso la Fiscalía ha pedido que declare como testigo la responsable de la Dirección General de Urbanismo del Gobierno Regional que ha vetado el proyecto. Esta denuncia de la Fiscalía supone un importante obstáculo a un proyecto que lleva 16 años en dique seco. Sin carretera un puede haber viviendas. “Las cosas se han hecho mal, y el pelotazo urbanístico que se estimaba en 20 millones de euros tendrá que esperar”, dicen desde Unidor por Hoyo. La Universidad y la urbanización de La Berzosa limitan además con el Parque Regional de la Cuenca del Manzanares.

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