CASOSAISLADOS

Las siglas se corresponden con la empresa de la Diputación Provincial de Valencia, “Impulso Económico Local Sociedad Anónima” que está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción nº 18 de Valencia cuyo titular es el juez Víctor Gómez.

Según el TSJCV hay 130 investigados (personas físicas y jurídicas) por varios delitos contra la administración pública, entre ellos, los de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho, fraude, falsedad y blanqueo de capitales en relación con una trama de corrupción infiltrada en varias administraciones públicas de la Comunidad Valenciana, cuyos integrantes se servían de sus puestos de responsabilidad para amañar contratos y cobrar comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas. Según el juez la actividad de esta presunta organización criminal vinculada al PP valenciano habría cobrado mordidas a cambio de la adjudicación de cientos de contratos públicos en la Generalitat —especialmente en su sociedad dedicada a construir colegios—, la Diputación de Valencia y Ayuntamientos, como el de Valencia. Parte del dinero así obtenido habría servido para financiar al partido.

Hasta el momento, el “Caso Imelsa” se estructura en una pieza principal, aún secreta, conocida como "Caso Taula" en la que se investiga el amaño de contratos a cambio de comisiones ilegales en varias administraciones de la Comunidad Valenciana (Diputación, Ayuntamiento y Generalitat) y en dos piezas separadas: la del blanqueo de capitales en el Consistorio valenciano, ampliada posteriormente a delito electoral, en la que se investigan las donaciones de 1.000 euros efectuadas por concejales y asesores, cantidad que presuntamente les era devuelta por el partido en dos billetes de 500 euros para blanquear efectivo de supuesta procedencia ilícita (en la que está imputado el Partido Popular) y la de las contrataciones y finiquitos irregulares en Imelsa.