CASOSAISLADOS

El pasado 13 de diciembre se cumplían 16 años de la detención de 25 directivos y cargos intermedios de Mina La Camocha por un supuesto fraude a Hacienda. Nada hacía presagiar que aquella investigación, iniciada en 1998 por una denuncia presentada por un empresario relacionado con el carbón, podía llegar a estos días. Ayer, casi dos décadas después del comienzo de las pesquisas y tras dos juicios -el primero fue anulado por «falta de imparcialidad de la jueza»-, se conoció la sentencia del segundo proceso, que aún puede alargarse en 2018 al haber posibilidad de recurso. El fallo condena a tres de los acusados -Manuel Martín, Ángel García Brugos y Guillermo Honrubia- por tres delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, aunque rebaja sensiblemente los castigos del primer fallo al tener en cuenta la atenuante de «dilaciones indebidas». No obstante, el principal cambio es que absuelve a la cuarta de los imputados, Margarita García, directora contable de la explotación, que en el veredicto de 2014 fue considerada culpable.

El magistrado Luis Ortiz Vigil, juez titular del Juzgado de lo Penal nº 2 de Gijón, condena al que fuera presidente de Mina La Camocha, Manuel Martín, a siete años y medio de prisión y al pago de 16 millones de euros de multa -6,1 correspondientes al primer ejercicio, 9,7 al segundo y 187.000 al tercero-, y al apoderado de Trabajos y Explotaciones (Trabex) y Hullas de Coto Quirós (HCQ), Guillermo Honrubia, y al administrador único de HCQ, Ángel García Brugos, a cinco años y tres meses de cárcel y 16 millones de euros de multa, cada uno. En el caso de impago de estas sanciones se prevé una privación de libertad de hasta nueve meses más. Además, los tres condenados deben abonar al Estado de forma conjunta y solidariamente 16 millones de euros, más los intereses legales, en concepto de responsabilidad civil, y sufragar cada uno un cuarto de las costas del juicio. El fallo también incluye la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo y la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas, así como el derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social.

La cuarta acusada, Margarita García, quedó absuelta al no apreciarse, «a diferencia de lo ocurrido con el resto de acusados», su posible responsabilidad criminal. Según el documento, «resulta asumible la tesis de descargo», consistente en que la acusada «carecía, en su posición de persona responsable de la contabilidad de la entidad Mina La Camocha, de facultad alguna decisoria». También quedaron exculpadas Trabex y HCQ.

Otros dos acusados ya fallecieron: el dueño de la mina, Fernando García Brugos, durante la instrucción de la causa, y el director de servicios y también exconsejero de Industria, Víctor Zapico, que murió el pasado mes de abril.

La sentencia considera probado que la explotación obtuvo durante los años 1998, 1999 y 2000 millonarias ayudas destinadas por el Ministerio de Industria y Energía para la reducción de la actividad -unos 93 millones de euros-, pero también que Manuel Martín, con la finalidad de obtener un beneficio económico, «modificó de forma esencial el destino» de estas ayudas. De hecho, según el fallo, queda probado que adquirió unas 98.000 toneladas de carbón importado o nacional de cielo abierto -más barato que el propio- para mezclarlo con el de Mina La Camocha y después revenderlo a la térmica de Aboño, bajo la apariencia de que todo era extraído de los yacimientos gijoneses y, por tanto, merecedor de las ayudas.

Parte de este mineral fue comprado justificándolo como destinado a vales para los trabajadores, mientras que la mayor parte se camufló a través de empresas interpuestas: HCQ, del mismo propietario que Mina La Camocha, y Trabajos y Explotaciones (Trabex). De ahí que Manuel Martín tenga una pena superior, ya que a él se le considera «autor por la ejecución directa, material y voluntaria» de los delitos, mientras que a Guillermo Honrubia y Ángel García Brugos se les considera, igualmente autores, pero por «la ejecución de actos que permitieron el desarrollo del comportamiento defraudador».

Todo hace prever que el proceso continuará ahora con nuevos recursos, después de avanzar a trompicones desde sus inicios, con un sinfín de apelaciones, obstáculos propios de sumarios complejos e, incluso, intentos de archivo. Finalmente, el juicio de 2014 concluyó con la condena a 9 años de cárcel y 16 millones de euros de multa a cada uno de los cinco acusados, incluida Margarita García y el fallecido Víctor Zapico. Sin embargo, en junio de 2016, la Audiencia Provincial anuló el proceso al considerar que la jueza, Rosario Fernández Hevia, se extralimitó en sus interrogatorios.

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