CASOSAISLADOS

El Tribunal Supremo ratifica las penas de cárcel e inhabilitación a los miembros de una trama delictiva orquestada para malversar más de 50 millones con la compra del frente de la principal playa de la capital tinerfeña / El fallo manda a prisión al exalcalde Miguel Zerolo, al exconcejal Manuel Parejo, a los funcionarios Víctor Reyes y José Tomás Martín, así como a los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González / Los condenados tendrán que devolver el dinero de la operación más intereses

Un pulso. Eso es lo que ha sido el caso de Las Teresitas a lo largo de casi 13 años de procedimiento judicial. Un pulso entre la honestidad y la corrupción. Un pulso entre la avaricia de unos pocos y el interés general. El Tribunal Supremo ratificó este martes, en una sentencia histórica que ya es firme, las penas impuestas por la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife a los seis condenados por uno de los mayores pelotazos urbanísticos que se han consumado en Canarias. Al final, la Justicia ha ganado el pulso.

La sentencia del Supremo, una de las más extensas que se han escrito en el Alto Tribunal (558 folios), corrobora la existencia de unos hechos perversos que muestran la cara más negra de la política canaria. Ha quedado probado que se manipuló el precio para desembolsar casi tres veces lo que costaba el frente de la principal playa de la capital tinerfeña, que se cambió el uso del suelo del valle de Las Huertas para generar plusvalías millonarias a dos empresarios; que se gestó, en definitiva, una trama corrupta cuyo único objetivo era malversar más de 50 millones de euros. Y lo consiguieron.

Pese a las evidencias existentes, que poco a poco se probaron en un juicio que duró varios meses y que ahora ha ratificado el Tribunal Supremo, el camino para llegar a la sentencia firme no ha sido nada sencillo. En el ojo de la sospecha se encontraban los principales nombres del mundo empresarial canario. El presidente de la Cámara de Comercio. El presidente de la patronal de la construcción. El presidente de la principal caja de ahorros de la provincia. Pero también un destacado político de Coalición Canaria, un emblema durante años para la formación nacionalista, el partido con más años en el poder local a sus espaldas.

Medios de comunicación que se plegaron al discurso oficial y silenciaron a los denunciantes. Artículos de periodistas, abogados y arquitectos que hipotecaron su imagen para manipular a la opinión pública. Discursos políticos en defensa de una operación que se derrumbaba con el transcurrir de los días. Estrategias para aforar al principal investigado, el exalcalde Miguel Zerolo, y toda una serie de medidas encaminadas a dilatar el procedimiento por parte de los imputados. No ha sido un pulso fácil.

Dicen que el tiempo pone a cada uno en su sitio, aunque a veces la espera es larga. En el caso de Las Teresitas, han tenido que pasar casi 18 años para que la Justicia haya castigado con firmeza uno de los mayores casos de corrupción de Canarias. Lo que se vendió desde el Ayuntamiento como una operación para salvar la playa de unos empresarios avariciosos que querían llenar de cemento la costa de la capital tinerfeña, aunque allí no se podía construir ni un cuarto de apero, resultó ser "una maquinación orquestada debidamente, y con toda precisión y preparación", entre los condenados, según el Supremo.

La sentencia firme ratifica punto por punto los hechos probados del fallo de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Ya no queda ninguna duda: se manipuló el precio, para lo que se encargaron tasaciones externas que inflaron el valor de las parcelas; se presionó y dio la espalda a la funcionaria Pía Oramas, que tasó los terrenos en un precio muy inferior al que se desembolsó; se utilizó a CajaCanarias como fuente de financiación de la operación, con un crédito que permitió sanear la participación de los empresarios; se adquirió parte del suelo a pesar de que en el Ayuntamiento se conocía que ya era de titularidad pública; y todos los condenados se pusieron de acuerdo para llevar a buen puerto el plan urdido.

El fallo del Supremo llega a recordar que también se produjeron movimientos injustificados de cantidades millonarias entre algunos de los implicados, como los cuatro millones que Antonio Plasencia le ingresó a Rodolfo Núñez (expresidente de la entidad de ahorro y dueño de la aerolínea Binter, que fue investigado pero no llegó a ser acusado) o los pagos al abogado Mauricio Hayek. El presunto cohecho, que nunca cuajó y que será recordado como el único punto negro del caso Las Teresitas.

Los cinco magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo desestiman la inmensa mayoría de los argumentos esgrimidos por los condenados en sus recursos de casación. No todos, porque hay algunas cuestiones que han sido aceptadas y que modifican ligeramente la sentencia de la Audiencia Provincial. El fallo definitivo acepta limitar al ámbito del delito, en este caso el municipal, la pena de inhabilitación especial impuesta a los dos funcionarios, Víctor Reyes y José Tomás Martín. También da por buenos los argumentos de las empresas condenadas de forma solidaria al pago de la responsabilidad patrimonial, Promotora Puntalarga y Promotora Victoria, lo que conlleva empezar a contar los intereses desde el momento en que se presentó la querella, diciembre de 2006, y no cuando se cometió el delito, a mediados de 2001. Esto supondrá un ahorro para Plasencia y González, aunque la cantidad estimada que tendrán que devolver los seis procesados ronda los 80 millones.

Esta es la puerta que se abre ahora. Con la sentencia firme, el Ayuntamiento, donde Coalición Canaria continúa en el poder, ya no tiene excusas para recuperar el dinero. Hasta ahora, se había opuesto a solicitar la ejecución provisional del fallo de la Audiencia Provincial, lo que habría permitido afianzar parte de la indemnización que tiene que recibir el Consistorio. La parte más positiva del fallo del Supremo es que garantiza que las dos empresas condenadas respondan de forma solidaria, al menos, de unos 40 millones. Esto da ciertas garantías a la hora de eludir la posible insolvencia que puedan alegar los reos.

Aunque el pulso se ha llevado por delante a los corruptos, en el camino también ha dejado atrás a muchas personas que de una forma u otra colaboraron en la lucha contra el saqueo de las arcas públicas. Los denunciantes, Ínsula Viable, una asociación vinculada a un sector del PSOE, encabezado por Santiago Pérez y José Ángel Martín. La oposición que durante años mantuvieron contra la operación concejales como Guillermo Guigou o el ya fallecido Ángel Isidro Guimerá. La fiscal Anticorrupción, María Farnés Martínez. La Brigada de la Policía Nacional que investigó la trama, con Antonio Roldán a la cabeza. La acusación popular, con los abogados José Pérez Ventura y Antonio Espinosa. Los vecinos de San Andrés, y en especial los de Las Huertas y Montaña Morera, quienes sufrieron el expolio de sus propiedades. La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con Carla Bellini al frente, que instruyó gran parte de la causa por el aforamiento de Zerolo. A la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, bajo la responsabilidad de su presidente, Joaquín Astor Landete. A la arquitecta Pía Oramas, que nunca dobló la rodilla a las presiones. A los peritos judiciales, que tuvieron que soportar durante la vista las burlas de algunos de sus compañeros, utilizados por los encartados para enturbiar el juicio. Para todos ellos no ha sido fácil, pero al final el tiempo pone a cada uno en su sitio:

Miguel Zerolo: la sentencia del Tribunal Supremo condena al exalcalde de Santa Cruz de Tenerife, exsenador, exdiputado autonómico y exconsejero regional, Miguel Zerolo, a siete años de cárcel por un delito de malversación de fondos públicos. El histórico líder de Coalición Canaria también suma a una pena anterior de inhabilitación, de ocho años por el caso García Cabrera, otros 17 años por la prevaricación en la compraventa Las Teresitas. El fallo considera probada su participación en los hechos, especialmente por su decisiva aportación a la manipulación del precio, con una tasación de TINSA, vinculada a CajaCanarias, donde era consejero. El fallo también incide en que siempre estuvo al tanto de los detalles de boca de un político de su máxima confianza, el concejal de Urbanismo, Manuel Parejo.

Manuel Parejo: La misma pena ha caído sobre la espalda del silencioso escudero de Miguel Zerolo. Siete años de cárcel y 17 de inhabilitación por malversación y prevaricación, respectivamente. La única diferencia es que Parejo ya sabe lo que es dormir en prisión. El que fuera concejal de Urbanismo en los años de la operación de Las Teresitas cumple en la actualidad, ahora ya en tercer grado, una pena de tres años por la construcción del mamotreto, un edificio de aparcamientos situado en la polémica playa y cuyo derribo tendrá que pagar de su bolsillo como el resto de procesados. La sentencia destaca la relevancia de la figura del exedil. Por su conocimiento directo y las decisiones que tomó acerca de la manipulación del precio, por conocer el informe de Pía Oramas que rebajaba considerablemente el valor de las parcelas y por haber ocultado que parte del suelo que se adquirió en la operación ya era de titularidad pública. Pero Parejo no estaba solo. En la Gerencia de Urbanismo tenía varias extensiones en forma de funcionarios, especialmente uno llamado Juan Víctor Reyes Delgado.

Víctor Reyes: El secretario de la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife, brazo ejecutor de Manuel Parejo, también se ha hundido con el resto de la banda. El Tribunal Supremo considera al funcionario un cooperador necesario en el delito de malversación, por el que le impone una pena de cuatro años y medio de cárcel y 14 años de inhabilitación absoluta, además de responsable de otro delito de prevaricación, por el que es castigado con ocho años de inhabilitación especial, que los magistrados han limitado al ámbito municipal. Reyes, el encargado de presionar a la funcionaria Pía Oramas y de emitir un ridículo informe lleno de falsedades para justificar la operación, como se encarga de poner negro sobre blanco el fallo.

José Tomás Martín: El gerente de Urbanismo, siempre codo con codo con Víctor Reyes. También ha sido castigado, aunque con una pena levemente inferior a la de su compañero de gerencia: cuatro años de cárcel y 12 años de inhabilitación absoluta. Al igual que Víctor Reyes, que recientemente accedió a una jefatura de servicio en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, no ha sido apartado de la función pública que desempeña aún hoy como secretario del Consistorio de Tegueste. De su implicación en la trama destaca su participación en la manipulación de las hipótesis de partida que se daban a las tasadoras externas para inflar el precio. Llegó a ocultar una valoración de la empresa de Sociedad de Tasación que reducía más de la mitad el precio que se pagó en la compraventa.

Antonio Plasencia: El cabecilla de los empresarios delincuentes. Un cooperador necesario para el Tribunal Supremo, aunque siempre se le ha situado como la cabeza que lo orquestó todo. El rey del cemento y los áridos en Tenerife, expresidente de la patronal de la construcción, ha sido condenado a cinco años y tres meses de prisión, por malversación de fondos, y a siete años de inhabilitación especial, por prevaricación. Ya condenado también por las extracciones ilegales en el valle de Güímar, y con su entrada a prisión suspendida, el exvicepresidente de la CEOE se embolsó, junto a su socio Ignacio González, más de 120 millones de euros sin arriesgar ni un céntimo. Todo gracias a un crédito de CajaCanarias, que permitió financiar la operación. En el juicio se supo que después del préstamo ingresó cuatro millones al expresidente de la entidad de ahorro, Rodolfo Núñez. Alegó que fue un regalo porque era su amigo y quería ayudarle a comprar la aerolínea Binter Canarias.

Ignacio González: El otro empresario. Expresidente de la Cámara de Comercio y otra de las figuras más destacadas del sector privado en Canarias. También muy apegado al calor de la burbuja inmobiliaria, la sentencia considera que es tan responsable como Plasencia de los delitos de malversación y prevaricación, por lo que le ratifica la misma pena: cinco años y tres meses de cárcel, además de siete años de inhabilitación especial. A través de su hijo, Pedro González, finalmente absuelto en primera instancia, controló todos los detalles de la operación de Las Huertas y la posterior venta de los terrenos, una vez reclasificados por el Ayuntamiento, a una filial de Mapfre por 90 millones de euros.

Promotora Puntalarga y Promotora Victoria: Las dos empresas de cabecera de Plasencia y González también deberán asumir la responsabilidad patrimonial, con carácter solidario, de al menos 40 de los cerca de 80 millones que se prevé tendrán que devolver los condenados. Son los únicos que han logrado rascar algo en su beneficio en el Tribunal Supremo con sus recursos, al conseguir que los intereses del dinero se empiecen a computar desde 2006, cuando se presentó la querella de la Fiscalía Anticorrupción, y no desde 2001, cuando se cometió el delito. Su presencia en la condena es clave para garantizar que se recupere la mayor cantidad posible del dinero malversado.

La sentencia de Las Teresitas escribe el penúltimo capítulo del caso Las Teresitas, aunque este ya es definitivo. A los condenados les queda pedir el indulto y acudir en amparo al Tribunal Constitucional, cosa que seguro harán. Ello no impide las condenas adquieran firmeza, lo que a su vez supone su entrada en la cárcel y el comienzo de todos los procedimientos encaminados a consumar su responsabilidad patrimonial. Los procesados, en caso de recurrir en defensa de sus derechos fundamentales, pueden solicitar la suspensión de la privación de libertad, lo que en todo caso deberán decidir en última instancia los magistrados que ya fijaron los castigos en la Audiencia Provincial. No parece probable, salvo en los casos de los empresarios, dada su avanzada edad, que puedan librarse de la prisión de forma temporal.

Así se escribe el final de un pulso contra la corrupción; una lucha sin tregua que se ha decantado del lado de la Justicia. Siempre quedarán preguntas sin responder. Nunca una sentencia agrada a todos los actores, pero cabe pensar que el caso de Las Teresitas marcará un antes y un después en la historia política y judicial de Canarias. Una lección para recuperar una deuda pendiente con el pueblo de Santa Cruz de Tenerife. Ya lo dijo la fiscal María Farnés Martínez uno de los últimos días de la vista oral: "Los estafados y engañados con esta operación han sido los ciudadanos".

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