Directivos de la empresa pública Mercasa destruyeron pruebas que pudieran incriminarles y falsificaron documentos para tratar de ocultar pistas de los presuntos desfalcos en esta compañía investigados por el juez José de la Mata, la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil. Así se desprende de los pinchazos telefónicos a Pablo González, hermano del ex presidente madrileño Ignacio González.
Desde ayer, Mercasa ha perdido a parte de su cúpula, pues este escándalo ha provocado la dimisión de su presidente, Eduardo Ameijide. Pablo González, que era director de Operaciones y Estrategia de Mercasa, fue destituido también ayer, así como la abogada del Estado María Jesús Prieto.
La Guardia Civil sospecha que Pablo González ha oficiado durante años como testaferro para los negocios ilegales de su hermano y por ese motivo coincidieron las dos operaciones policiales del Canal de Isabel II y Mercasa.
Los pinchazos telefónicos sobre él por el caso del Canal alumbraron evidencias sobre el pago de sobornos de Mercasa y terminaron con su detención. El ex presidente de la empresa, Eduardo Ameijide, aseguró según los pinchazos que el consorcio público/privado de Mercasa que supuestamente perpetró los sobornos se constituyó en realidad para el pago de comisiones ilegales a cambio de contratos en otros países.
La abogada del Estado María Jesús Prieto, que fue presidenta de ese consorcio y también era directiva de Mercasa, habría jugado un papel central, según las pesquisas, en la destrucción y falsificación de documentos.
Fuentes de la investigación confirmaron a EL MUNDO que De la Mata investiga si Mercasa encargó una auditoría forensic para identificar y después ocultar sus desfalcos. Es decir, según la investigación, dicha auditoría no fue utilizada para hacer emerger presuntas irregularidades en Mercasa, sino para eliminar evidencias que pudieran incriminar a directivos involucrados en las ilegalidades.
En concreto, los pinchazos revelan que el actual presidente del consorcio público/privado de Mercasa, Miguel Ramírez, llegó a asegurar que Prieto estaba, a partir de la auditoría, reconstruyendo documentos de la época en la que ella ocupó la presidencia del consorcio, entre julio de 2008 y febrero de 2011.
En el punto de mira están las presuntas comisiones cobradas por un contrato de 218 millones de euros para construir un mercado de abastos en Luanda (Angola). El hombre fuerte de Mercasa en Angola era Guilherme Taveira, un fugitivo de la Justicia al que la Audiencia Nacional tiene puesta una orden internacional de busca y captura desde hace más de dos años. Este periódico encontró a Taveira en Luanda, donde vive tranquilo a sabiendas de que no será deportado. Taveira es sospechoso de haber cometido sobornos para la empresa Defex -caso por el que está buscado- y para Mercasa.
- Partido/Org: PP
- Lugar: Comunidad de Madrid
- Coste aprox.: 0 €
- Total implicados: 0
- Año de los hechos:
- Estado judicial: Abierto
