CASOSAISLADOS

Al margen de cómo termine el juicio, y no son minucias ni económicas ni de prisión las que se juegan en ese lance, lo cierto es que para los catorce acusados de un presunto fraude fiscal millonario, que se habría cometido con negocios inmobiliarios en los municipios de Lorca y Águilas, el asunto ya les ha salido muy caro. Tremendamente caro. Tanto como lo puedan ser los 48,5 millones de euros que, en una fianza récord de responsabilidad civil, les ha impuesto el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Lorca, Javier Quintana, en previsión del pago de las elevadísimas indemnizaciones que en su día puedan derivarse de este procedimiento.

«Ni han satisfecho la fianza ni lo van a hacer, porque ninguno de ellos dispone en principio de semejantes cantidades», explicaban esta semana fuentes del procedimiento, que admiten que el impago les va a suponer más que previsiblemente el embargo de todos los bienes que puedan tener a su nombre. Siempre según estas informaciones, el juzgado se encontraría ya realizando gestiones de averiguación del patrimonio de los catorce acusados, con el fin de ejecutar los embargos. Por otro lado, parte de esos bienes se encontrarían ya desde hace años sometidos a medidas judiciales para evitar que puedan ser enajenados.

El procedimiento judicial que ha dado origen a esta fianza multimillonaria se inició hace ya una década, en 2007, a raíz de que Jacinto Parra, un antiguo empleado de la empresa pública de limpieza de Lorca (Limusa) a quien habían represaliado, se plantara en el juzgado y empezara a relatar un cúmulo de presuntas irregularidades cometidas en el seno de la compañía.

La 'rajada' del extrabajador dio origen a la 'Operación Limusa', en la que quedó probado el uso de fondos públicos para sufragar gastos tan particulares como fiestas en prostíbulos y que acabó costándole al gerente de la firma, Francisco Gil Eguino, una condena a siete años y medio que ha tenido que purgar en prisión.

Pero, además, Jacinto Parra relató cómo las oficinas y el personal de Limusa se utilizaban para otras cuestiones no menos privadas de Gil Eguino, como eran las de contar grandes cantidades de dinero que llevaba allí de sus negocios inmobiliarios. «Era dinero negro que obtenía de operaciones realizadas con sus actividades privadas; lo llevaba en bolsas de basura y de comercio», refirió a los investigadores, para añadir seguidamente que los fajos de dinero «los extendía en una mesa y los distintos empleados los contaban y hacían cinco montones, todos ellos del mismo importe, y los metían en cinco sobres a los que les ponían nombre».

Lo más interesante para los policías nacionales que, por orden del juzgado, se encargaban de realizar las averiguaciones sobre este asunto, es que el exempleado de Limusa se acordaba perfectamente de quiénes eran esos beneficiarios. «Estas personas, a cada una de las cuales se les entregaba su parte de todo ese dinero negro, eran el propio Gil Eguino, Miguel Miras García, Urbano Alejo Vicente, Sebastián Fernández Rabal y Ángel Trinidad Martínez Tudela». ¿Montones de dinero negro? ¿Negocios inmobiliarios no declarados? ¿Contabilidad opaca? ¿Importantes hombres de negocios involucrados, identificados por sus nombres y apellidos? Demasiado sugerente para dejarlo caer en saco roto.

Poco después, el Juzgado de Instrucción número 4 de Lorca abría las diligencias previas 1.094/2007 por un supuesto delito de defraudación tributaria, que el pasado septiembre concluyeron con la redacción del auto de apertura de juicio oral. El fiscal, tal y como desveló 'La Verdad en esas fechas, solicitó penas que rozan los cien años de cárcel para los catorce acusados, multas por un total de 22,6 millones y el pago de indemnizaciones que suman 2,9 millones, que es la cifra a la que ascenderían las cantidades supuestamente defraudadas a la Hacienda Pública en varias operaciones inmobiliarias.

Los procesados por estas diligencias, que ya están solo pendientes de que se señale y celebre el juicio, son un exconcejal socialista de Lorca, Miguel Miras García; el notario Sebastián Fernández Rabal, el dentista Urbano Alejo Vicente; el agente de seguros Ángel Trinidad Martínez Tudela; los empresarios Ana María Cánovas Sánchez, Diego Cánovas Griñán y Manuel Latorre Millán; el arquitecto José Bartolomé García Martínez, y los promotores José y Antonio Baño Albacete, Juan y Felipe Reverte Segura y José Antonio González García.

Todos ellos están acusados de delitos contra la Hacienda Pública por operaciones inmobiliarias llevadas a cabo entre los años 2004 y 2006, a través de sociedades como Cabo Cope Naturaleza SL, Tana SA, ARQ 21 SL, Vía Urbe SL, Promotora del Suelo y Vivienda de Murcia SA, Inversiones Umbe SL, AJM Inversiones y Proyectos Almenara SL. Algunos de los negocios se cerraron mediante pagos de grandes cantidades de dinero negro -hasta 1,8 millones de origen desconocido-, de forma que el precio oficial se fijaba muy a la baja para sustraerse al pago de impuestos. Las cuantías presuntamente defraudadas en concepto de IVA e Impuesto de Sociedades habrían ascendido a 2,9 millones de euros.

Si en la calificación del Ministerio Fiscal es Francisco Gil Eguino, el antiguo gerente de Limusa, quien se lleva la peor parte con peticiones de penas de 12 años de prisión, 1,5 millones en multas y 206.757 euros de posibles indemnizaciones, también está a la cabeza en cuanto al volumen de las fianzas de responsabilidad civil fijadas por el juez. No en vano, le ha exigido que deposite casi 4,3 millones de euros. Aunque le superan los promotores Felipe y Juan Reverte y José Antonio González García, que rozan los 5 millones.

A partir de ahí, las fianzas decrecen desde los casi 3,9 millones fijados a Miguel Miras, Sebastián Fernández Rabal, Urbano Alejo Vicente y Ángel Trinidad Martínez Tudela, a otras que se quedan en torno a los 1,9 millones.

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