Los doce ex altos cargos públicos y empresarios acusados en el marco del caso Mar Blau serán juzgados en los próximos meses ante la Audiencia Provincial de Palma y, junto a las empresas investigadas en la presunta trama de amaños, deberán hacer frente a una fianza civil de 50 millones de euros.
Esa es la suma en la que el juez instructor, siguiendo la tesis acusatoria que esgrimen la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones particulares, ha cuantificado el posible perjuicio económico generado a resultas del presunto «arreglo ilegal» de tres puertos deportivos en Mahón, Ibiza y Formentera, más de 700 exclusivos amarres cuya adjudicación está bajo sospecha.
El más cuantioso de los negocios náuticos investigados es el de Ibiza Nueva, una concesión pública otorgada por la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) para explotar más de 500 puestos de atraque en la rada de Ibiza cuyo beneficio ha sido valorado por las acusaciones en más de 20 millones de euros.
Entre los acusados destaca la figura del ex presidente de la APB durante el gobierno del PSOE entre los años 2007 y 2011, Francesc Triay, para quien la Fiscalía reclama 10 años de cárcel. También, por su relevancia en el sector público portuario,la del histórico ex director de la APB Ángel Matías, que afronta peticiones de hasta 18 años de prisión; o la del conocido empresario madrileño Gerardo Díaz Ferrán, antiguo presidente de la patronal CEOE a finales de la pasada década y actualmente cumpliendo condena carcelaria por el caso Marsans. Díaz Ferrán ocupaba entonces el vértice del conglomerado empresarial que a tenor de la investigación resultó favorecido de forma presuntamente ilegal por los políticos de la APB, agrupado bajo la marca Trapsa Yates.
Cabe recordar que el escándalo realmente empezó a fraguarse bajo el mandato del antecesor de Triay al frente de la APB, Joan Verger, histórico miembro de la vieja guardia del PP, quien figuraba desde el inicio como uno de los principales acusados, pero falleció en plena instrucción del caso.
El caso se originó precisamente a raíz de que EL MUNDO desvelase unas grabaciones del año 2005 en las que se podía escuchar cómo Verger sugería a los empresarios que aspiraban a explotar un puerto deportivo en Mahón un plan para alterar el sentido del concurso a cambio de dinero y amarres para grandes yates en favor para los empresarios vinculados a Trapsa. Sólo esos amarres se han valorado en 4,5 millones de euros.
En un auto recién dictado y que hace propias las conclusiones de la Fiscalía publicadas hace dos semanas por este diario, el Juzgado de Instrucción número 8 de Palma decreta ahora la apertura de juicio oral y concluye la larga investigación judicial iniciada en 2008, hace ya más de ocho años. De hecho, el fiscal aplicará por este motivo la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, que favorecerá a la defensa de los acusados, quienes han negado siempre los cargos y piden su absolución.
El juez Antoni Rotger, que en anteriores pronunciamientos señaló la presunta existencia de un estado de presunta «corrupción sistémica» larvada en el seno de la APB durante años, eleva ahora el caso a la Audiencia e impone esa abultada fianza, que da la medida de la magnitud de los negocios que se investigan.
Lo hace, como fija la ley, «para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran serles impuestas a los acusados por la Audiencia». Cabe recalcar que no se trata de una fianza para eludir prisión -salvo Díaz Ferrán, ningún acusado ha sido privado de libertad- sino para garantizar que, en caso de que finalmente hubiera condena por los delitos que se imputan, la Justicia tuviera recursos afianzados para poder resarcir el daño económico.
Las empresas que se alzaron con los negocios o estuvieron implicadas en los hechos han sido declaradas responsables subsidiarias en caso de que las personas acusadas no respondan por el dinero. Algo que presumiblemente ocurrirá.
El escrito de acusación del fiscal, suscrito por el fiscal Juan Carrau, mantiene que «los acusados se concertaron para llevar a cabo diversas actuaciones que evitaban cumplir la legalidad sobre contrataciones públicas». Y va más allá al afirmar que estas acciones «suponían un favorecimiento arbitrario a determinadas empresas y personas».
Según el Ministerio Público, Triay conocía el estado del concurso de Mahón cuando fue nombrado presidente de la APB en 2007 y «pese a tener evidencia de las graves irregularidades cometidas y de los ilegales acuerdos» no hizo nada. «No sólo no las subsanó sino que participó activamente en diversas reuniones relativas al arreglo ilegal del concurso de Mahón y de Ibiza Nueva».
El fiscal denuncia además que altos cargos de la APB aceptaron cocinas de una constructora y recalca que a cambio de información privilegiada, uno de ellos, también fallecido, obtuvo una «compraventa en términos favorables» de un apartamento en la isla de Formentera como «compensación por información privilegiada y trato de favor».
Tanto la Fiscalía Anticorrupción como las acusaciones particulares reclamarán a la Audiencia Provincial que declare nulas algunas de las concesiones portuarias que están siendo objeto de investigación en tres de las cuatro islas. Una circunstancia que, de producirse, provocaría un auténtico problema en la Autoridad Portuaria, ya que el proceso de adjudicación de un puerto es largo, complejo y aviva todo tipo de intereses enfrentados en un sector que tiene una importancia capital para el archipiélago. Es habitual que no pocas concesiones acaben centrando sonados litigios en los tribunales del ámbito contencioso-administrativo, como ha ocurrido sin ir más lejos con la concesión del puerto de Andratx sobre la que acaba de fallar el Supremo
- Partido/Org: PP-PSOE
- Lugar: Baleares
- Coste aprox.: 50000000 €
- Total implicados: 0
- Año de los hechos: 2005
- Estado judicial: Abierto
