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Sobre el Caso Metrored

Después de cinco años y otros tantos aplazamientos, el juicio por el caso Metrored tendrá que volver a esperar. El juzgado de lo Penal número 17 de Valencia, con sede en Paterna, suspendió ayer el juicio contra el exconseller de Obras Públicas, Luis Fernando Cartagena, y otras doce personas, la mayor parte empresarios, por un supuesto fraude fiscal de 7,7 millones de euros y que debía celebrase hoy.

De nuevo la enfermedad de uno de los letrados es la causa esta vez del aplazamiento, como ocurrió el pasado mes de abril. Tienen que hacerle una prueba al padecer hipertensión y requerir ocho días de reposo. En los otros tres casos anteriores estuvo la falta de representación jurídica de empresas acusadas y ya en liquidación, además de problemas de agenda de los abogados. La nueva fecha será en octubre de 2019.

Junto a Cartagena están procesados responsables de las mercantiles Voyager Tecnológica, Dania Servicios Telefónicos, Unión de Valores, y Cartera Metrored. También los empresarios Carlos Turró, José Luis Martinavarro, Francisco Fariñas, Arturo Grau, Carlos Riera, Ramón Gregori, Reyes Ballester, Rafael Benavent, Jorge José Sanz, Ana Barreda, Pedro Obrador y Pedro Estupiñán.

El juez instructor considera que hay indicios de que entre 2005 y 2008 desde la sede social de Metrored en Paterna (Valencia) se utilizó una estructura dirigida a defraudar el IVA «emitiendo facturas sin repercutir este impuesto a entidades domiciliadas en Canarias». Posteriormente facturaban los servicios propios de su objeto social (venta de minutos telefónicos) a destinatarios establecidos en el territorio de aplicación del impuesto a través de una sociedad sin estructura propia y domiciliada de forma ficticia en Canarias. A todos ellos se les reclamó en 2012 fianzas que oscilaban entre los 1,5 y 7,7 millones de euros.

Metrored, que fue patrocinador del Valencia CF, se declaró en concurso de acreedores en noviembre de 2008, y acordó la intervención de las funciones de disposición y administración de la empresa.

Por otra parte, éste no es el primer proceso al que se enfrenta Cartagena, que fue procesado y condenado en 2002 por la Audiencia Provincial de Alicante a cuatro años de prisión y seis años de inhabilitación por los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil. El tribunal consideró probado que en 1993, siendo alcalde de Orihuela, Cartagena recibió ocho millones de pesetas de las Hermanas Carmelitas y en vez de ingresarlo en las arcas municipales «lo hizo suyo».

Fuente

Resumen
  • Partido/Org: Empresas Públicas
  • Lugar: Comunidad Valenciana
  • Coste aprox.: 7700000
  • Total implicados: 13
  • Año de los hechos: 2005
  • Estado judicial: Abierto
Empresas Públicas
Actualizado el: 06 de Abril del 2019
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