La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería ha condenado a cinco años y tres meses de prisión al empresario Antonio Pérez Torres por dos delitos contra la hacienda pública, un delito de insolvencia punible y un delito de blanqueo de capitales. El tribunal considera probada la existencia de una deuda de Obrascampo con la Hacienda Pública de 14,8 millones de euros (año 2015) y un plan para eludir los pagos mediante la venta de patrimonio y apropiación del IVA.
La sentencia, coloca en el epicentro de la trama a Pérez Torres y a su socio Israel Martínez, condenado a tres años y diez meses de prisión por tres delitos. La entidad de la condena trascendió la pasada primavera tras el acuerdo alcanzado entre las defensas y las acusaciones. Las penas individuales (por cada delito) abren la puerta a que ninguno de los acusados ingrese en prisión.
Ahora bien, la sentencia aporta nuevos datos sobre las responsabilidades económicas. La Sección Segunda condena a Pérez Torres y Martínez a pagar 818.000 euros por apropiarse del IVA por operaciones realizadas entre 2011 y 2012.
En 2011 se vendieron dos fincas de Obrascampo y en 2012 cuatro fincas de la sociedad Impronixar, cuyo administrador era también el propio Antonio Pérez Torres. El IVA se repercutió a los compradores, pero no se ocultó a Hacienda. “No lo ingresa en la Hacienda Pública con claro ánimo de ilícito enriquecimiento y en detrimento de la Hacienda pública”, dice la sentencia.
Para ocultar estas cantidades, los acusados usaron una cadena de transferencias de unas cuentas a otras, con sociedades interpuestas. La Audiencia Provincial explica el procedimiento mediante una operación con la sociedad Acosper. “Ese mismo día se transfiere todo el dinero a la sociedad a la sociedad Acosper, administrada a su vez por el acusado Antonio José Pérez Torres, mediante seis transferencias, quedando entonces el saldo de la cuenta en cero (..) táctica de simulación de préstamos empleada entre sociedades del grupo para, con dichos movimientos bancarios, posibilitar la ocultación del dinero”.
El sistema requería de un paquete de empresas y testaferros. De ahí sale el grueso de los diez acusados restantes, condenados a penas inferiores a los dos años.
“Las referidas sociedades Obrascampo e Impronixar, a través de sus administradores de hecho y de derecho Antonio Pérez e Israel Martínez (...) concibieron un plan consistente en una maniobra de despatrimonialización de las sociedades del Grupo Obrascampo con la finalidad de sustracción de los bienes a sus legítimos acreedores, fundamentalmente la Hacienda Pública, y ello a través de la ocultación de forma continuada de dichos bienes a través de un entramado societario a través de numerosas sociedades interpuestas”, añade el tribunal.
Además, el fundador de Obrascampo es condenado a pagar una multa de 1,8 millones de euros por un delito de blanqueo de capitales. Los acusados se han beneficiado de una considerable reducción de la condena solicitada por la Fiscalía y la Abogacía del Estado porque asumieron los hechos y efectuaron ingresos “en proporción a sus circunstancias económicas”.
- Partido/Org: Empresas
- Lugar: Andalucía
- Coste aprox.: 14800000 €
- Total implicados: 0
- Año de los hechos: 2011
- Estado judicial: Cerrado con condenas
