El plan que diseñó, presuntamente, Esperanza Aguirre para desviar dinero público de la Comunidad de Madrid al PP madrileño y financiar así campañas electorales de esta formación, además de pagar deudas personales de dirigentes de su Gobierno, supuso, al menos, la salida de 24,1 millones de euros de las arcas de la Administración madrileña en un periodo de 10 años.
Así se desprende de los contratos que investiga el pieza abierta en el caso Púnica sobre el desvío de fondos públicos para el pago de gastos del PP de Madrid. El magistrado identificó salidas ilícitas de dinero procedente de, al menos, 13 contratos firmados por seis consejerías del Gobierno que presidió Aguirre entre 2003 y 2012 y por cuatro empresas públicas madrileñas.
En concreto, la investigación se centra en contratos de publicidad firmados entre 2004 y 2014 por las consejerías de Presidencia, Sanidad, Empleo y Mujer, Transportes, Economía e Innovación Tecnológica y Cultura, y por las sociedades públicas Gedesma (Gestión y Desarrollo del Medio Ambiente), Imade (Instituto Madrileño de Desarrollo), ICM (Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid) y el Canal de Isabel II.
La documentación de la que dispone el juez, cuya investigación corre a cargo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, revela que Aguirre y sus consejeros -calificados por el magistrado como «artífices y ejecutores del plan»- usaron, sobre todo, a la empresa Imade para ese desvío de fondos por ser «un potente instrumento», como señala el juez en su auto de imputación de la ex presidenta madrileña.
Esta empresa era «destinataria de importantes ayudas comunitarias» y gozaba de un «abultado presupuesto» que la que fuera también máxima responsable del PP de Madrid entre 2004 y 2016 aprovechó, presuntamente, a través del amaño de contratos de publicidad ficticia. Según los hechos investigados, la defraudación realizada a las arcas de Imade superó los 20 millones.
El «plan» de Esperanza Aguirre supuso también el desvío de parte del dinero público que estaba destinado al Plan de Infraestructuras Sanitarias 2004-2007, que contemplaba la construcción de nuevos hospitales y centros de salud, así como de las licitaciones para la construcción de carreteras. En concreto, el juez investiga el desvío de más de dos millones de euros destinados, presuntamente, a trabajos de publicidad e información relacionados con la edificación de hospitales. Esos trabajos no se realizaron o se sobrefacturaron.
Entre los contratos analizados destacan dos firmados por la empresa Gedesma y que supusieron el desvío de casi un millón de euros cada uno, siendo un 80% procedente de fondos comunitarios. Uno de ellos era para cubrir el servicio de publicidad para la campaña del Plan de Residuos de la Construcción y Demolición de la Comunidad de Madrid.
Otros contratos investigados se centran en la inauguración de la Casa de Madrid en Argentina -la cifra, presuntamente, desviada asciende a 35.525 euros- y en la promoción, coordinación, seguimiento y evaluación de la estrategia de comunicación institucional de la Consejería de Empleo, a través del cual se desviaron casi 200.000 euros.
El juez está revisando también los contratos de publicidad firmados por ICM con la empresa de tecnologíaIndra, así como las campañas de comunicación del Canal de Isabel II -su presupuesto ascendió a 4,5 millones- y los 1,2 millones de euros facturados por empresas de publicidad que realizaron parte de la campaña electoral de 2011 del PP de Madrid, ocultando así a la Cámara de Cuentas madrileña los gastos del partido.
La Fiscalía Anticorrupción considera a Ignacio González y Francisco Granados -ambos fueron consejeros del Gobierno de Aguirre y secretarios generales del PP de Madrid- «recaudadores» de la caja B del PP madrileño. Así consta en un informe de las fiscales del caso Púnica, fechado el pasado 1 de agosto, al que tuvo acceso este diario. Los hechos investigados revelan que en el «plan preconcebido» por Aguirre el PP de Madrid utilizó de manera presuntamente fraudulenta las cuentas del partido para pagar servicios electorales, además de las cuentas de su fundación Fundescam. Otra parte de sus campañas la pagó, presuntamente, con entregas de dinero en efectivo de procedencia desconocida.
SE UNE A LA PIEZA FINANCIACIÓN IRREGULAR PP DEL CASO LEZO
Dos causas distintas que convergen en los mismos hechos. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, ha llegado a esta conclusión tras examinar los procedimientos sobre la presunta financiación irregular del PP de Madrid en los casos de corrupción que instruye. Las prácticas ilícitas investigadas en Púnica y Lezo han resultado ser partes de un mismo todo y por ello, en un auto al que ha tenido acceso El Confidencial, el magistrado ha decidido agruparlas en una sola pieza bajo el sumario que investiga la trama presuntamente liderada por Francisco Granados.
En su escrito explica que el objetivo ha sido desde el inicio "analizar la forma en que se sanearon las cuentas del Partido Popular de la Comunidad de Madrid", en el caso de Lezo, tras las elecciones del año 2011, y en el de Púnica en los comicios de 2007 y 2008. Como ya ocurrió desde el primero de los años rastreado, se sobrepasó por parte del PP su techo de gasto electoral, recurriendo nuevamente a los mismos mecanismos ilícitos que ya venían utilizando en las campañas electorales anteriores, dice el magistrado.
El objetivo en todos los casos era eludir la fiscalización preceptiva de la Cámara de Cuentas de Madrid y abonar a distintas empresas proveedoras la deuda generada por su intervención en la citada campaña electoral, el dinero destinado a afrontar el pago de las deudas de sus proveedores electorales, canalizándose estos pagos a través de distintas empresas instrumentales.
En la pieza que hasta ahora se instruía en Lezo los indicios apuntaban a un uso del ente público ICM para hacer llegar a través de una de las empresas adjudicataria de sus contratos -Indra- distintas cantidades. "Se evidencia el solapamiento de ambas investigaciones", dice el juez y argumenta que debe acumularse toda la investigación en Púnica porque estas diligencias se incoaron con anterioridad y ya afectaban a la campaña electoral de 2011.
La única diferencia radica en la persona que ocupaba el cargo de secretario general del PP de la Comunidad Autónoma de Madrid en las distintas campañas. En el caso de 2007 lo ostentaba Francisco Granados mientras que, en la del 2011 era Ignacio González pero esta circunstancia "en modo alguno, puede justificar la existencia de dos investigaciones paralelas sobre los mismos hechos".
Por ello, el juez dispone el cese en Lezo de la investigación de todos los hechos relacionados con la financiación de la campaña electoral del año 2011 y su inhibición y continuación en Púnica, siguiendo el criterio de la Fiscalía Anticorrupción. Remite allí testimonio de todas las pruebas que puedan sustentar la declaración, que detalla en su auto. Envía, por ejemplo, una conversación intervenida a González en la que habla con su antecesora Esperanza Aguirre y otras charlas pinchadas en Lezo. También el material incautado en registros de domicilios y de las sedes de ICM e Indra y las declaraciones prestadas por varios testigos, entre ellas la de Silvano Corujo, y los imputados en relación con esta investigación.
- Partido/Org: PP
- Lugar: Comunidad de Madrid
- Coste aprox.: 24000000 €
- Total implicados: 0
- Año de los hechos:
- Estado judicial: Abierto
