CASOSAISLADOS

Operación Púnica es el nombre dado al operativo policial efectuado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a instancias del juez de la Audiencia Nacional de España, Eloy Velasco.

El 27 de octubre de 2014, fueron detenidos por la Guardia Civil 51 políticos, ediles, funcionarios y empresarios por estar supuestamente implicados en una trama de corrupción que adjudicó servicios públicos por valor de 250 millones de euros en dos años a cambio de pagos y comisiones ilegales –del 2-3% del volumen del contrato– que posteriormente eran blanqueados a través de un entramado societario.

Según la Fiscalía Anticorrupción, se trata de una «trama de corrupción municipal y regional infiltrada en diversos ayuntamientos y organismos autonómicos, principalmente de la provincia y comunidades autónomas de Madrid, Murcia, León y Valencia».

El nombre de «Operación Púnica» otorgado al operativo por parte de la Guardia Civil provino del nombre científico del granado, Punica granatum, haciendo por tanto una referencia velada a Francisco Granados.

Entre los detenidos se encuentran Francisco Granados, aparentemente el número uno de la trama y secretario general del PP de Madrid entre 2004 y 2011, exsenador, y quien ostentó los cargos de consejero de Presidencia, Justicia e Interior y Transportes de la Comunidad de Madrid, seis alcaldes de la Comunidad de Madrid (los de Parla, Valdemoro, Torrejón de Velasco, Casarrubuelos, Collado Villalba y Serranillos del Valle), el secretario del Instituto de Turismo de la Región de Murcia, el exalcalde de Cartagena, José Antonio Alonso y el presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez Barazón. Varios empresarios, que supuestamente serían los corruptores, fueron detenidos y varias sedes de empresas registradas. Entre las empresas involucradas en la red corrupta, la más destacada sería Cofely, una filial de la multinacional francesa GDF Suez, que acaparó 160 de los 250 millones de euros amañados.

Tras la detención el día 28 de octubre de José Martínez Nicolás, consejero delegado de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid, el nombre de la empresa Indra también apareció como una de las beneficiarias.

Políticos implicado

El 27 de octubre del 2014 eran 35 los detenidos, y otras 15 personas permanecen imputadas.

El 31 de octubre el juez decretó el ingreso en prisión de Francisco Granados, decisión que fue confirmada por la Audiencia Nacional mes y medio después al entender que persistía el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas, lo que en aquel mes y medio pudo perfectamente ocurrir, pues tuvieron tiempo sobrado para ello. En el auto se recordaba que a Granados se le atribuye “formar parte de una organización criminal dedicada a perpetrar delitos de blanqueo, contra la Hacienda Pública, falsedad documental, cohecho y tráfico de influencias”. La Audiencia Nacional también desestimó el recurso sobre la supuesta ilegalidad de su detención.

El 4 de noviembre, Antonio Sánchez Fernández, exalcalde de Serranillos del Valle era descubierto por la Guardia Civil llevándose cajas de documentos de la alcaldía, tras haber sido alertada por un funcionario local de la posibilidad de estar cometiendo un delito. Durante el suceso, Sánchez estaba imputado y siendo investigado por prevaricación, fraude, cohecho y malversación. Previo al suceso, había alegado mala salud como motivo para no haber ido a declarar ante el juez. En este caso hay políticos del PP, PSOE e IU.