Adjudicación irregular en obras de centros educativos. La investigación comenzó hace más de seis años y no fue hasta el pasado 29 de febrero cuando la Administración solicitó a la Audiencia Provincial que se le admitiera el único informe que ha realizado sobre los daños causados en la Consejería de Educación. El documento, de unos 2.000 folios, contiene declaraciones de 87 directores de colegios asegurando que el departamento abonó cuatro millones a Igrafo y APSA por bienes que nunca recibieron, y que en parte de los albaranes de entrega se les ha falsificado la firma.