CASOSAISLADOS

Aunque eclipsado por la mastodóntica causa del procés, el juicio oral que concluyó el martes en la Audiencia Nacional contra Sandro Rosell y otros cinco acusados se ha llevado una considerable cuota mediática. En primer lugar porque quien se ha sentado durante un mes en el banquillo de los acusados ostentó el cargo de presidente del FC Barcelona durante cuatro años (2010-14); en segundo lugar, por la, tratándose de un delito económico, insólita aplicación de la prisión preventiva con la que se llegó al juicio: 22 meses entre rejas con menoscabo para una preparación convencional por parte de las defensas.

Durante el juicio se han tomado dos decisiones relevantes previas a la sentencia final, que se estima será anunciada en el plazo aproximado de un mes: la puesta en libertad condicional sin fianza tanto de Rosell como de su socio Joan Besolí en el tercer día de juicio y la reducción de la petición de penas para todos los acusados, rebajada en el caso de Rosell de 11 a 6 años aunque aumentando la petición de multa económica en 60 millones de euros.

La Fiscalía ha acabado acusando a Rosell de “agrupación criminal y lavado de capitales ”, concretamente de 20 millones de euros, y considera acreditado a través de extractos bancarios el cobro de comisiones ilegales por los derechos televisivos de Brasil en beneficio de Ricardo Teixeira, expresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF). “¿Si tan seguro estaba Rosell de que eran lícitas sus comisiones, por qué montó una red de tapaderas para blanquearlo y destinarlo a Teixeira?”, se preguntó el fiscal José Javier Polo en una de sus últimas intervenciones el pasado lunes.

Los abogados de la defensa, con especial mención a Pau Molins y Andrés Maluenda, que son quienes más han intervenido durante las diez sesiones celebradas, han defendido desde el primer día la inocencia de sus representados, la absolución como única salida digna (no han querido ni plantearse la posibilidad de pactar) y han denunciado la ausencia de pruebas que justifiquen las acusaciones.

En sus alegatos finales, volvieron a señalar a la juez instructora del caso, Carmen Lamela, hoy en día en el Tribunal Supremo, por afirmar que Rosell “hizo del delito su forma de vida”, descripción desmentida según su opinión durante el desarrollo de la vista oral llevada a cabo en la Audiencia Nacional. Maluenda remarcó que “ni en el caso de los que están convencidos de que Rosell pagó comisiones a Ricardo Teixeira habría delito”, recordando que en Brasil no existe legislación punitiva en ese sentido. Molins ha insistido reiteradamente en pedir al tribunal, presidido por la juez Concepción Espejel, que no pesen en su deliberación los 22 meses de prisión preventiva. En uno de sus últimos alegatos pidió al tribunal que no opte por una sentencia condenatoria destinada a “salvar los muebles”, en referencia a que una absolución pondría en evidencia un caso muy controvertido en su fase de instrucción e investigación.

Fuente