Corrupción en España: Caso SCS de Empresas Públicas en Cantabria

Sobre el Caso SCS

Se trata del exdirector del SCS, Julián Pérez Gil; el exdirector de Gestión Económica, Francisco Javier Gónzález Gómez; y el exgerente de Atención Primaria, Alejandro Rojo Gutiérrez. También ha declarado el asesor externo Alvaro Sáenz de Viteri Bello, contratado por los anteriores.

Los cuatro fueron citados a declarar como investigados a finales de diciembre por la titular del Juzgado de Instrucción nº 5 de Santander, después de que la Fiscalía apreciara posibles delitos de prevaricación administrativa, de fraude y/o de malversación de caudales públicos, en la investigación que abrió tras recibir sendas denuncias de IU y el PP.

Fiscalía vio indicios de delito por fraccionamiento indebido en la adjudicación de los contratos menores para el pintado de centros de salud y las obras de ampliación del hospital virtual de Valdecilla; así como en la compra de 22 ecógrafos; y las asistencias técnicas del consultor externo Alvaro Sáez de Viteri.

Julián Pérez Gil y Francisco Javier Gónzález Gómez dimitieron en mayo, mientras que Rojo lo hizo el pasado mes de diciembre. En los cuatro hechos en los que ve indicios de delito, la Fiscalía señala como presunto autor al exdirector de Gestión Económica.

Señala también al exgerente del SCS, junto a González, en el caso de los contratos menores adjudicados a las empresas Serincopsa, Gardenor e Iralia para las obras de ampliación del Hospital Virtual Valdecilla, en el que el Ministerio Público ve "una clara finalidad de eludir el sistema de contratación y el acceso en condiciones de igualdad".

Por otro lado, la Fiscalía señala al exdirector de Gestión Económica y al exgerente de Atención Primaria como presuntos responsables de la adjudicación a estas tres mismas empresas del pintado de tres centros de salud, pese a que esta función estaba incluida en el contrato integral de mantenimiento de centros, "generando un gasto innecesario al erario público".

En el caso de la compra de 22 ecógrafos a las empresas Sakura y Esaote, la Fiscalía ve como único responsable a González, no sólo por el fraccionamiento de la compra en 22 contratos menores de aparatos "idénticos, sin urgencia e impidiendo el libre concurso de terceros en la contratación". Además, el fiscal señala que el exdirector de Gestión Económica era "manifiestamente incompetente" para realizar esta adquisición.

Y en cuarto lugar, denuncia a González y a Alvaro Saénz de Viteri por los contratos menores de asistencia técnica adjudicados a este consultor externo para redacción de pliegos y valoración de ofertas técnicas, "sin motivar mínimamente la necesidad de las citadas asesorías" y no constando que se "hubieran realizado los trabajos".

Además, la Fiscalía señala que en dos contratos de asesoramiento a nombre de Amaia Saénz de Viteri, "la firma corresponde, presuntamente, a Alvaro Saenz de Viteri, lo que sugiere la existencia de una falsedad y opacidad que debe ser investigada por cuanto que la citada Amaya parece no tener participación ni en la firma ni en la realización de los hipotéticos trabajos posteriores".

Fuente

Resumen

Partido/Org: Empresas Públicas
Lugar: Cantabria
Coste aprox.: 291422 €
Total implicados: 0
Año de los hechos:
Estado judicial: Abierto

Actualizado el: 18 de Julio del 2019

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Los exaltos cargos del Servicio Cántabro de Salud investigados por irregularidades en contrataciones de obras y servicios han declarado este jueves en el Juzgado de Instrucción nº 5 de Santander, donde únicamente han respondido a las preguntas de sus abogados y del fiscal, y se han acogido a su derecho a no responder a las preguntas de la acusación particular, ejercida por el PP.
   Se trata del exdirector del SCS, Julián Pérez Gil; el exdirector de Gestión Económica, Francisco Javier Gónzález Gómez; y el exgerente de Atención Primaria, Alejandro Rojo Gutiérrez. También ha declarado el asesor externo Alvaro Sáenz de Viteri Bello, contratado por los anteriores.
   Los cuatro fueron citados a declarar como investigados a finales de diciembre por la titular del Juzgado de Instrucción nº 5 de Santander, después de que la Fiscalía apreciara posibles delitos de prevaricación administrativa, de fraude y/o de malversación de caudales públicos, en la investigación que abrió tras recibir sendas denuncias de IU y el PP.
   Fiscalía vio indicios de delito por fraccionamiento indebido en la adjudicación de los contratos menores para el pintado de centros de salud y las obras de ampliación del hospital virtual de Valdecilla; así como en la compra de 22 ecógrafos; y las asistencias técnicas del consultor externo Alvaro Sáez de Viteri.
   Julián Pérez Gil y Francisco Javier Gónzález Gómez dimitieron en mayo, mientras que Rojo lo hizo el pasado mes de diciembre. En los cuatro hechos en los que ve indicios de delito, la Fiscalía señala como presunto autor al exdirector de Gestión Económica.
   Señala también al exgerente del SCS, junto a González, en el caso de los contratos menores adjudicados a las empresas Serincopsa, Gardenor e Iralia para las obras de ampliación del Hospital Virtual Valdecilla, en el que el Ministerio Público ve "una clara finalidad de eludir el sistema de contratación y el acceso en condiciones de igualdad".
Por otro lado, la Fiscalía señala al exdirector de Gestión Económica y al exgerente de Atención Primaria como presuntos responsables de la adjudicación a estas tres mismas empresas del pintado de tres centros de salud, pese a que esta función estaba incluida en el contrato integral de mantenimiento de centros, "generando un gasto innecesario al erario público".
   En el caso de la compra de 22 ecógrafos a las empresas Sakura y Esaote, la Fiscalía ve como único responsable a González, no sólo por el fraccionamiento de la compra en 22 contratos menores de aparatos "idénticos, sin urgencia e impidiendo el libre concurso de terceros en la contratación". Además, el fiscal señala que el exdirector de Gestión Económica era "manifiestamente incompetente" para realizar esta adquisición.
Por otro lado, la Fiscalía señala al exdirector de Gestión Económica y al exgerente de Atención Primaria como presuntos responsables de la adjudicación a estas tres mismas empresas del pintado de tres centros de salud, pese a que esta función estaba incluida en el contrato integral de mantenimiento de centros, "generando un gasto innecesario al erario público".
   En el caso de la compra de 22 ecógrafos a las empresas Sakura y Esaote, la Fiscalía ve como único responsable a González, no sólo por el fraccionamiento de la compra en 22 contratos menores de aparatos "idénticos, sin urgencia e impidiendo el libre concurso de terceros en la contratación". Además, el fiscal señala que el exdirector de Gestión Económica era "manifiestamente incompetente" para realizar esta adquisición.
   Y en cuarto lugar, denuncia a González y a Alvaro Saénz de Viteri por los contratos menores de asistencia técnica adjudicados a este consultor externo para redacción de pliegos y valoración de ofertas técnicas, "sin motivar mínimamente la necesidad de las citadas asesorías" y no constando que se "hubieran realizado los trabajos".
Además, la Fiscalía señala que en dos contratos de asesoramiento a nombre de Amaia Saénz de Viteri, "la firma corresponde, presuntamente, a Alvaro Saenz de Viteri, lo que sugiere la existencia de una falsedad y opacidad que debe ser investigada por cuanto que la citada Amaya parece no tener participación ni en la firma ni en la realización de los hipotéticos trabajos posteriores".

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