CASOSAISLADOS

La operación financiera que Sa Nostra desplegó sobre los terrenos de Son Bordoy durante los años del anterior Govern del Pacte (2007-2011), y a consecuencia de la cual la caja de ahorros acabó perdiendo más de 80 millones de euros, fue diseñada por la antigua cúpula del banco de forma irregular. "Desoyeron continuamente los análisis internos de riesgo", "vulneraron los límites impuestos por la propia caja de ahorros y la Ley del Mercado Hipotecario", "no se comprobó el destino de los fondos" y se hizo un plan "a la carta" de préstamos "desproporcionados" al promotor Martín Gual.

Así lo refleja un informe entregado a la Audiencia Nacional por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la unidad que apoya a la Fiscalía Anticorrupción y que ha desgranado las irregularidades de aquella ingeniería financiera gestada entre los años 2008 y 2011.

Este periódico desvela el contenido del informe, poco después de que el proyecto fallido de Son Bordoy haya vuelto a ser el centro del debate político.

Gracias a la financiación de Sa Nostra, que asumió todo el riesgo, el promotor afincado en Urugay, que en el pasado ya había tenido relaciones con la caja, compró esos terrenos en El Molinar para desarrollar un proyecto de 850 viviendas que iba a ser propiciado por el Govern con el gancho de desarrollar viviendas sociales. Finalmente nunca se hizo.

A lo largo de todo su análisis, la UCO documenta cómo se fueron inyectando fondos en favor de las sociedades del Grupo Martín Gual para financiar la compra y la futura urbanización. Un proyecto que se convirtió en una losa para las cuentas de Sa Nostra y contribuyó, junto a otras operaciones, a provocar la quiebra de la caja balear tras 132 años de historia.

Todo ello se hizo "evidenciando una completa falta de control" y depositando en Sa Nostra todo el riesgo de la operación, eludiendo el promotor favorecido "cualquier riesgo" en caso de que saliera mal, según reseñan los investigadores de la Guardia Civil.

La Fiscalía denunció en 2016 por presuntos delitos de corrupción económica algunas de las operaciones de la caja, entre ellas esas relaciones con el Grupo Martín Gual que pivotaban en torno a las fincas de Son Bordoy y las colindantes Son Morlà y Son Morlanet. Su denuncia está siendo instruida en la Audiencia Nacional (AN) y ha provocado la imputación de la antigua cúpula, entre ellos los ex directores Pere Batle y Pau Dols, así como otros directivos de la entidad y una veintena de consejeros. La AN impuso por ello una fianza de 135 millones de euros.

El informe de la Guardia Civil refleja cómo las operaciones diseñadas en favor de Gual, a través de Haras Gestión de Suelo SL y Promociones Nueva Palmira SL, fueron aprobadas "desatendiendo los informes de riesgo" y las alertas internas del banco. Llegando a triplicar los límites máximos de endeudamiento para la adquisición de suelo previstos en sus políticas internas y en la Ley del Mercado Hipotecario. Si el umbral máximo estaba en un 60%, en la operación de Son Bordoy "la media total de financiación" alcanzó un 160% sobre el valor de tasación. Unas tasaciones que, además, estaban desfasadas y eran "totalmente excedidas". En alguno de esos casos, el precio real de los terrenos era doce veces menor.

La UCO concluye que se alteraron los préstamos en una operativa de la que los responsables de la caja eran "totalmente conscientes". E indica que prácticamente todas las financiaciones concedidas al Grupo Martín Gual y sus sucesivas novaciones ante su manifiesta incapacidad de atender a los vencimientos de pago "fueron aprobadas por la caja desoyendo los análisis de riesgo que ponían en duda la capacidad de pago, sin contar con estudios técnicos adecuados y vulnerando los límites impuestos tanto por la propia caja como por la Ley del Mercado Hipotecario". Asimismo, denuncian que "no consta que la caja realizase comprobaciones sobre el destino dado a los fondos ni que Gual documentase su uso". Eso "no fue óbice" para seguir inyectando dinero de Sa Nostra a sus negocios poniendo en riesgo sus propios intereses hasta generar un perjuicio de 80 millones de euros, según los datos que maneja la Guardia Civil y que, como ya avanzó este diario, deberá ahora ratificar el Banco de España.

Entre la abundante documentación analizada en la investigación de la Audiencia Nacional se hallan correos electrónicos de los antiguos directivos de la caja de ahorros balear. Al analizar Son Bordoy y sus operaciones vinculadas, la Guardia Civil ha entregado al juez algunas de esas comunicaciones al considerarlas interesantes para poder esclarecer cómo se tomaban las decisiones en los más altos estamentos de Sa Nostra, y cuál era la relación entre la cúpula y determinados promotores beneficiados con préstamos muy ventajosos.

Uno de esos mails, reenviado poco después de que el Govern balear pusiera en manos de Martín Gual el plan para urbanizar Son Bordoy como reserva de VPO, alude directamente a reuniones a tres bandas entre el promotor financiado por la caja de ahorros, el Govern balear y los máximos directivos del banco. Era julio de 2009 y Sa Nostra acababa de ejecutar un acuerdo pactado con Gual por el que le compraban su parte en dos sociedades coparticipadas por el banco. El día 31 de ese mes, inmediatamente después de firmarse ese acuerdo, el promotor escribía al entonces director de la caja, Pau Dols, para valorar la situación, que derivaba de un compromiso anterior, durante la etapa de Pere Batle como director. "Sé que de haber sido tú el director general no se habría hecho así (...) has querido cumplir con los compromisos de Pedro y has tenido muy en cuenta mi trayectoria, mis valores y mi conocimiento en temas inmobiliarios", le decía. Le explicaba además que acababa de reunirse con "el conseller". En aquel entonces, el socialista Jaume Carbonero era el conseller de Obras Públicas y Vivienda. "Estuve anteayer varias horas con el conseller y tiene muy claro el dibujo que le he expuesto de cuál tiene que ser urbanísticamente la solución de los temas que tenemos". A continuación, le comunicaba que sabía que iba a haber un encuentro entre el político y el banquero: "Me dijo que almuerza contigo el 4 [de agosto]".

Dos días antes de aquella reunión entre el promotor y el "conseller", y aunque no habían pasado a exposición pública, se habían registrado dos hitos administrativos muy importantes para el desarrollo del proyecto de 846 viviendas en Son Bordoy. El 27 de julio el Consell (entonces presidido por Francina Armengol) había emitido informe favorable. Y un día después, el 28 de julio, había hecho lo propio el Ayuntamiento de Palma. El proyecto había sido seleccionado en marzo. El día 31 Sa Nostra selló el acuerdo interno que sus directivos se habían comprometido a cumplir con Gual. "Te adelanto que no te has equivocado, ni moral ni económicamente; mi padre decía que el tiempo será el mejor juez; nosotros no te abandonaremos nunca, ni a ti ni a la entidad", le decía Gual a Dols en esta comunicación incorporada a los informes judiciales del caso Sa Nostra.

Los investigados -antiguos responsables del banco y promotores- han negado cualquier responsabilidad delictiva en aquellas operaciones y atribuyen al deterioro de la economía y del sector inmobiliario el deterioro de aquellas operaciones de financiación. Achacan las pérdidas a los riesgos inherentes a los negocios que financiaron. También niegan que se desviaran fondos a usos diferentes a los previstos, algo que sí ha denunciado el Banco de España.

Se vendió que era una operación para construir viviendas sociales pero desde el principio Son Bordoy se vio rodeado de incógnitas y extrañas coincidencias. Era un terreno rústico que en 2005 se adapta al Plan General y se convierte en urbanizable. El propietario tenía previsto construir 225 viviendas. Llega 2007. Gobierna el Pacte bajo la presidencia de Francesc Antich. La propiedad de los terrenos de Son Bordoy cambia de manos en plena tramitación de la Ley Carbonero, la que permitía el pelotazo. Era la ley de actuaciones urgentes destinada a obtener suelo para viviendas sociales. Se vendió como la ley que permitiría construir las 5.000 viviendas sociales que había prometido el PSIB durante la campaña electoral. La primera noticia sobre la ley aparece en prensa en otoño de 2007 pero el texto no se aprobó en el Parlament hasta mayo del año siguiente. Son Bordoy había cambiado de manos y ahora era propiedad de Fbex. En abril de 2007 el Grupo Garbal, en manos del que era vicepresidente del Mallorca José Miguel García, adquiere los terrenos a Fbex. Curiosamente, poco después los vuelve a vender a Fbex. Tres meses antes de aprobarse la Ley Carbonero, Fbex vende los terrenos a su actual propietario: Haras Gestión de Suelo, controlada por Martín Gual. García y Gual están vinculados al PSIB.

Gual reaparece así en la escena urbanística mallorquina después de algunos años apartado de los grandes negocios. Su época dorada fue la década de los 90 en el Calvià de Margarita Nájera, donde consiguió pelotazos urbanísticos millonarios. Vendió los terrenos de Casas de Bendinat y se le relaciona con el escándalo de los pisos de Son Caliu. Además, el autor intelectual de la Ley Carbonero, que permitía cuadruplicar las 225 viviendas inicialmente previstas en Son Bordoy hasta un total de 846, era uno de los hombres de confianza de Nájera, Joseba Doñobeitia. Era entonces el director general de Vivienda, cargo que abandonó para irse con Nájera al Consorcio Playa de Palma. De las 846 viviendas, algo menos de la mitad, 380 están previstas para pisos de precio libre y las 466 restantes, de precio tasado. Se crearía un nuevo barrio junto al Molinar con edificios de seis pisos para un total de 2.500 vecinos. Todo esto sucedió cuando la recesión comenzaba a aparecer. Gual contó con la colaboración de Sa Nostra, que no sólo financiaba la operación sino que además formaba parte del entramado de sociedades del grupo Martín Gual. Dos de los primeros administradores de Haras Gestión del Suelo eran trabajadores de Sa Nostra.

Las coincidencias no terminan aquí. Son Bordoy era el solar inicialmente elegido por el Govern para el recinto ferial. Sin embargo, en octubre de 2009 y por sorpresa hubo un cambio de planes:el recinto ferial se haría en el solar del antiguo campo del Mallorca, el Luis Sitjar. Hubiera sido una operación muy beneficiosa para los propietarios del Mallorca, cuyo vicepresidente era José Miguel García. Nueve años después, no existen las viviendas sociales de Son Bordoy ni el prometido recinto ferial.

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