CASOSAISLADOS

Fraude en subvenciones públicas, malversación de caudales públicos, falsedad documental y asociación ilícita. Estos cuatro delitos son los que se le imputan a Manuel Fernández Alcón, empresario gaditano y presidente de un equipo de fútbol, el modesto Atlético Sanluqueño, de Sanlúcar de Barrameda.

La Policía Nacional le detuvo en la manaña de hoy junto a diez personas más, entre los que se incluyen su mujer y un hermano -horas después todos quedaron en libertad con cargos-, en el marco de una investigación que arrancó en 2014 sobre una presunta malversación de caudales públicos en la provincia de Cádiz. El supuesto 'modus operandi' del principal detenido, y considerado el cabecilla de la trama, era la recepción de subvenciones provenientes de la Unión Europea y de la Junta de Andalucía destinados a la reindustrialización de una de las provincias españolas más castigada por el desempleo.

En total, más de 2,5 millones de euros que no se destinaron a la reindustrialización, sino a un entramado de empresas y sociedades personales y a adquirir, entre otros bienes, coches de alta gama. Para justificar los gastos realizados a cargos de esas subvenciones realizaban la estrategia ya común en estos casos: la emisión de facturas falsas.

Fue otro empresario perjudicado por la trama el que en 2014 procedió a denunciar las presuntas irregularidades. El ahora detenido, a través de una promotora constituida como sociedad en Sanlúcar de Barrameda le debía una importante cantidad de dinero por los trabajos de construcción realizados en una nave industrial en el Polígono Agroalimentario de Jerez de la Frontera. Los agentes de la Policía Nacional encargados de la investigación centraron desde el principio el foco de sus pesquisas sobre Manuel Fernández Alcón. Como principal investigado, había contactado en el año 2009 con un ingeniero técnico, regente de una sociedad de creación de proyectos técnicos en la ciudad de Sevilla, para la creación de una sociedad con la que pretendía montar una nueva empresa de elaboración de productos del mar, 'Sabor Sanlúcar'.

Para la ejecución de este proyecto y la comercialización de los productos solicitaron una ayuda al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, acogiéndose a un programa de reindustrialización subvencionado con fondos procedentes de la Unión Europea. Por todo ello les fue concedida en 2010 una ayuda que ascendía a 2.129.261 euros. Los agentes pronto descubrieron que una importante cantidad de la ayuda fue utilizada por la sociedad creada para financiar el proyecto industrial y así dotarlo de suficiente credibilidad para conseguir la ayuda del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

El principal autor de los hechos diseñó toda una trama de facturaciones falsas, con la connivencia de una sociedad de construcción industrial de Sevilla y empresas suministradoras de recursos de Mairena de Aljarafe, Dos Hermanas (Sevilla) y Madrid. Estas compañías emitían facturas, algunas de ellas por cantidades millonarias, que eran pagadas por la sociedad creada para justificar la inversión ante el Ministerio de Industria.

En realidad lo que se producía era una "recirculación del dinero", puesto que éste iba de la cuenta bancaria de la sociedad, una vez recibida la subvención, a las cuentas de las sociedades mercantiles implicadas. Posteriormente, estas empresas devolvían el importe, o una parte del mismo, en concepto de "servicios prestados", a otra empresa cuyo titular era el citado empresario y presidente del Atlético Sanluqueño. Las cantidades desviadas tenían como destino final reflotar sus propios negocios de hostelería y otros de su entorno familiar, llegando a poner en marcha una discoteca en la avenida Bajo de Guía de Sanlúcar de Barrameda, 'OXI Sanlúcar', ya cerrada. Además, también adquirió coches de alta gama, inscritos a nombre de su esposa, también detenida, la cual dirige otro de sus negocios hosteleros. Tanto la mujer como el hermano del empresario hostelero están imputados por falsa ampliación de capital de algunas empresas a nombre de la mujer. También ha sido detenido un ingeniero técnico como director de la obra de la nave, por falsificar la certificación de obra.

Un año antes de iniciarse la investigación, la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, a través de la Delegación Provincial de Cádiz, concedió una nueva subvención a la empresa 'Sabor Sanlúcar' dedicada a la comercialización de productos típicos del mar, en la que continuaba como administrador único el principal investigado. La subvención otorgada fue de 463.118 euros también destinados, en principio, a la construcción de la nave en Jerez de la Frontera. Continuando con el mismo modus operandi que en la subvención anterior procedente de los fondos europeos, los autores "prosiguieron presentando facturas falsas para justificar el empleo del dinero obtenido", según la Policía Nacional.

De los 2.591.379 euros concedidos por los organismos públicos para la creación de una nueva industria y nuevos puestos de trabajo en el marco de la Bahía de Cádiz, lo único que hizo el empresario fue construir esa nave en el Polígono Agroalimentario de Jerez de la Frontera, cuya ejecución se encuentra a medias y acumula varias deudas impagadas con las empresas subcontratadas para construirla.

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