CASOSAISLADOS

La Fiscalía Anticorrupción acusa a la vieja guardia de UM, determinante en el tablero político de la década pasada pero hoy encarcelada y sometida a un bombardeo de causas judiciales pendientes, de haber usado el Consell de Mallorca no sólo para exigir presuntas comisiones en forma de parcelas que iban a recalificar sino para multiplicar luego el negocio millonario de Son Oms y el valor de ese presunto botín mediante un retoque posterior de la normativa.

Atribuye a la ex presidenta Maria Antònia Munar y su entonces conseller de Territorio, Bartomeu Vicens, la ejecución de un cambio en las reglas de juego urbanísticas en Palma con el fin de incrementar sobre la marcha en «más de 5 millones de euros» el valor de los presuntos negocios ocultos derivados del citado polígono industrial, junto al aeropuerto de Palma.

La Fiscalía considera acreditado que los máximos dirigentes de la formación uemita se concertaron para exigir comisiones que percibieron bien en dinero en efectivo o bien mediante compraventas ficticias de tierras equivalentes al 15% de cada solar recalificado en las tierras de Son Oms. Comisiones canalizadas a través de una sociedad pantalla creada por un abogado ya fallecido y con la que «se enmascaró» la identidad de los socios del pelotazo, gestado a finales de los 90 y cobrado durante la década siguiente. También implica a otro ex de UM, Maximiliano Morales.

En la reconstrucción de los hechos, plasmada en un informe firmado el 18 de enero, el fiscal también ha incluido la modificación de las posibilidades edificatorias en las llamadas zonas M de Palma:una denominación técnica empleada para definir zonas de uso mixto en áreas de desarrollo industrial.

Según el fiscal, esa modificación fue impuesta desde el Consell para «aumentar exponencialmente las posibilidades urbanísticas» de los terrenos cobrados como mordida. «En atención a sus intereses económicos y los de sus socios ocultos, Vicens intervino como presidente de la Comisión Insular de Ordenación del Territorio el 21 de mayo de 2004 para que se aprobase una modificación relativa a las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Palma», relata. Esa modificación suponía «eliminar el coeficiente de edificabilidad máxima de las zonas M» posibilitando por tanto un «desmesurado incremento de las posibilidades edificatorias de los polígonos indfustriales». En la práctica, suponía que «la edificabilidad de Son Oms pasara de 380.306 metros cuadrados a 797.190 metros». Es decir, más del doble. Además, se permitía que los solares tuvieran usos diferentes del industrial, pudiendo albergar oficinas y servicios comerciales. En términos económicos, la investigación cuantifica en una cifra «superior a los 5 millones de euros» el incremento del valor de los terrenos que se había quedado la tapadera de las comisiones para los socios ocultos de UM. Anticorrupción detalla que esa propuesta vulneraba frontalmente la legalidad y enumera hasta ocho preceptos urbanísticos por los que debía velar el Consell y que fueron incumplidos. Ha aportado al sumario un informe de un técnico del Ayuntamiento de Palma que en marzo de 2003 había advertido de la ilegalidad e incorrección de esas modificaciones y de su falta de utilidad pública.

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