Un nuevo escándalo de corrupción política le estalla al Partido Popular de la provincia de Valencia en pleno proceso de regeneración y con el congreso provincial en el horizonte.
Según apunta la información a la que ha tenido acceso EL MUNDO, la sección de Delitos Económicos de la Fiscalía de Valencia ha presentado una querella contra José Manuel Haro, ex alcalde de Chiva y uno de los hombres de Alfonso Rus en la Diputación, por tres presuntos delitos continuados de malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil y prevaricación tras esfumarse más de 130.000 euros de una empresa pública de Chiva.
Además, la querella también se dirige contra el ex concejal de Urbanismo de este municipio, Marcos Navarro Gil; y Pascual Navarro Giner, ex presidente de la empresa pública Suma Chiva SA. Según esta información, los hechos fueron descubiertos por el grupo municipal de Esquerra Unida (EUPV) y presentó una denuncia en Fiscalía en julio de 2016. Haro sigue siendo el portavoz del grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Chiva e intentó retener su plaza de diputado provincial pero el partido prescindió de él.
Tras seis meses de diligencias prejudiciales, en diciembre de 2016, la Fiscalía presentó la querella contra Haro y los otros dos cargos y un juzgado de Requena la admitió a trámite. Los tres figuran como imputados en la causa. Por el momento, la Fiscalía ha acreditado la presunta malversación de más de 130.000 euros, pero la cantidad final podría ser superior, pues dicha sociedad pública facturó al Ayuntamiento cerca de 400.000 euros pese a que el departamento de Urbanismo nunca encargó a Suma Chiva SA ningún trabajo o estudio.
La sociedad Suma Chiva fue constituida por el Ayuntamiento en enero del año 2008 con un capital social de 69.000 euros, siendo presidente del consejo de administración Haro y vicepresidente su concejal de Urbanismo. La sede estaba en el mismo Ayuntamiento y como objeto social figuraba «estudios urbanísticos, redacción de instrumentos de ordenación, planes urbanísticos, gestión o proyección de toda clase de inmuebles».
Según consta en la querella, en marzo de 2008 Haro nombró como gerente a Pascual Navarro y el consejo de administración le dio plenas facultades, con el límite de 30.000 euros, para aprobar cuentas, cobrar, firmar cartas de pago, realizar cualquier acto relativo al tráfico mercantil u operar con cajas de ahorro.
Según ha concluido la Fiscalía tras analizar la denuncia de EUPV, «todos ellos puestos previamente de acuerdo y con ánimo de lucro», crearon una estructura para distraer fondos públicos entre 2008 y 2012, el periodo que abarca los hechos presuntamente delictivos.
El ministerio fiscal considera que Haro y su concejal de Urbanismo «abusando ambos de sus facultades por el control que tenían en dicho Ayuntamiento por los cargos que poseían, abonaron facturas a Suma Chiva SA, con cargo a los fondos del Ayuntamiento de Chiva». Unas facturas que, a juicio de la Fiscalía, «no obedecían a los servicios que se hacían constar en las mismas y que eran presentadas al cobro» por el gerente querellado.
El hombre de Alfonso Rus en el PP de Chiva dictó las correspondientes órdenes de pago que en teoría deberían haber acabado en las cuentas de la empresa pública. En cambio, según consta en la querella, «pagadas las facturas en la cuenta corriente de Suma Chiva, los importes eran traspasados sucesivamente a otra cuenta cuyo titular se desconoce». El capital social, 69.000 euros en total, también se esfumó de la cuenta.
Al parecer, «los tres querellados eran plenamente conscientes que estos pagos realizados con fondos públicos no se efectuaban en contraprestación de los servicios prestados por Suma Chiva».
Pese a que la instrucción judicial se encuentra en una fase muy incipiente, los investigadores ya han realizado un primer balance del dinero presuntamente desaparecido. En 2008 se habrían esfumado 52.254 euros; en 2009 59.856 euros; en 2010 19.810 euros; en 2011 17.710 euros y en 2012 11.210 euros.
Los conceptos que aparecen en las facturas son muy ambiguos. Por ejemplo, la empresa pública facturó al Ayuntamiento 5.900 euros «por el seguimiento de tramitación del proyecto Ronda Norte»; otros 5.310 euros por «asistencia en el seguimiento de obras de Vista Alegre»; o 1.856 euros por una «gestión» para elevar a exposición pública un convenio urbanístico.
No es la primera vez que Haro tiene problemas con la justicia pero ninguna de las querellas a las que se ha enfrentado estaba tan fundamentada como esta. Fue diputado provincial de Modernización y asumió el área de Economía y Hacienda de forma transitoria cuando dimitió el ex diputado Máximo Caturla, uno de los presuntos recaudadores del PP y ex gerente de Ciegsa, la empresa pública que construía colegios.
- Partido/Org: PP
- Lugar: Comunidad Valenciana
- Coste aprox.: 130000 €
- Total implicados: 0
- Año de los hechos: 2008
- Estado judicial: Abierto
